* Escalada de persecución a opositores en Venezuela
* Régimen no teme a condenas ni sanciones externas
Una vez más la dictadura venezolana dejó en claro que no le tiene miedo a las condenas internacionales y tampoco a la amenaza de reinstalar o agravar sanciones políticas, económicas, diplomáticas y de otra índole. Por el contrario, la satrapía chavista aumenta su actitud desafiante ante los entes multilaterales y los gobiernos que le exigen no solo dar pasos concretos en apertura democrática y convocatoria de elecciones libres y transparentes, sino cesar la persecución a los sectores de oposición.
Semanas atrás esa postura intransigente del régimen de Nicolás Maduro quedó patentada en el todavía impune incumplimiento de los acuerdos de Barbados, en donde se comprometió a gestionar ante el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia la anulación de las espurias sanciones de inhabilitación política impuestas por la -también polémica- Contraloría General a varios líderes de los partidos de oposición, en especial la candidata presidencial única de ese bloque, María Corina Machado.
Como se sabe, el citado Tribunal ratificó la mayoría de las sanciones, lo que implica que Machado no podría competir en los comicios presidenciales que el régimen quiere citar en el segundo semestre de este año. Es obvio que el chavismo quiere sacar de carrera a una dirigente que no solo evidenció en octubre pasado -en las primarias de la oposición- sino en sus posteriores correrías por todo el país que tiene el suficiente apoyo popular para imponerse a Maduro en unos comicios transparentes y con vigilancia externa.
Como en su momento lo advertimos fue claro que el régimen chavista le tendió una trampa a Estados Unidos y otros países que no solo impulsaron los diálogos de Barbados entre Maduro y la oposición, sino que a partir de los compromisos asumidos allí por la dictadura decidieron flexibilizarle anticipadamente las sanciones económicas a finales del año pasado, especialmente en lo relativo a levantar parcialmente el embargo a las exportaciones de petróleo, gas y oro venezolanos. Incluso, la Casa Blanca, en una decisión fuertemente criticada por el partido republicano, accedió a un intercambio de prisioneros en donde excarceló y envió a Caracas al señalado testaferro de la cúpula chavista, Alex Saab.
Aunque Washington advirtió semanas atrás que, ante el bloqueo a la aspiración de Machado, podría reimplantar las sanciones, esto no ha ocurrido. Lo que sí pasó es que el régimen volvió a lanzar una escalada de hostigamientos políticos y judiciales a sus contradictores, no solo de los partidos antichavistas sino en la prensa, organizaciones no gubernamentales, instancias de defensa de los derechos humanos y otros ámbitos. En esa agresión sistemática una de las capturas que más eco internacional ha tenido es la de la activista Rocío San Miguel, detenida el viernes pasado en el aeropuerto de Caracas cuando se disponía a viajar al exterior. Incluso sus familiares también fueron arrestados temporalmente en un evidente caso de abuso de poder y justicia politizada.
Tras esta racha de detenciones arbitrarias, las Naciones Unidas, OEA, Estados Unidos y muchos otros gobiernos (aunque una vez más prima el silencio cómplice de la administración Petro con la dictadura) han condenado este nuevo caso de violaciones a los derechos humanos. Hay un clamor internacional por la liberación de San Miguel y los demás presos políticos, la mayoría de los cuales están siendo acusados de supuestas intentonas de complot contra el régimen y de traición a la patria, señalamientos que no tienen veracidad alguna. Incluso en Caracas hubo marchas reclamando que cese la persecución a los opositores y críticos, y que sean sacados de la cárcel. Ante ese coro internacional, la satrapía respondió ayer con otro hecho grave y más desafiante: suspendió las actividades de la oficina en Venezuela del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y les dio 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país.
Es imperativo que la comunidad internacional reinstale las sanciones a la dictadura. Está claro que el régimen se aprovechó de la buena fe (¿o insólita ingenuidad?) de la Casa Blanca y ha logrado un respiro económico en los últimos meses por cuenta de las divisas de las exportaciones. Recursos que está utilizando para reforzar su aparato de represión militar, policial y judicial, así como para ‘alimentar’ a sus bases políticas radicales en muchos territorios de esa atribulada nación. La propia Machado ha denunciado que algunas de sus sedes de campaña, tanto en Caracas como en otros estados, son blanco constante de hostigamientos.
Visto todo lo anterior, hay que ratificar lo que dijimos meses atrás: dar aire a la dictadura lo único que conllevaría es a que se aferrará más al poder y redoblará la represión a los opositores con miras, como lo confirmó el propio Maduro hace algunos días sin vergüenza ni recato alguno, a ganar las presidenciales “por las buenas o por las malas”.