Maduro le mide el aceite a Santos
Un mapa que cercena aguas de nuestro país
Definitivamente el Gobierno actual pasará, en parte, a la historia por tener las incidencias más graves desde el punto de vista territorial sobre la soberanía colombiana. El caso de Nicaragua, donde Colombia perdió al menos 80 mil kilómetros cuadrados de porción marítima, permanece congelado y a la expectativa de resolver una de las más dramáticas circunstancias que modificó sustancialmente el mapa geográfico al que estaban acostumbrados todos nuestros compatriotas. Todo aquello que, en su momento, se logró con grandes filigranas diplomáticas en los tratados con Honduras, Costa Rica y Panamá, hace décadas, se derribó de un plumazo con la sentencia de la Corte de La Haya en la que se desvertebró la integridad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reduciéndolo a un enclave rodeado por aguas extranjeras e internacionales. Desestimando, a su vez, el tratado firmado en 1928, entre Nicaragua y Colombia, en particular los protocolos anexos.
Todo comenzó, en ese caso de Nicaragua, precisamente con la publicación de un mapa oficial en el que, hace no mucho, se cercenaba parte importante de las aguas colombianas sobre el Caribe occidental. No fueron mayores las protestas colombianas. De allí se pasó a la demanda ante la Corte Internacional y luego se dio el fallo en el conocido pleito que perdimos en toda la línea y que todavía tiene elementos inciertos, especialmente en referencia a la exploración y explotación petrolera en áreas de protección ambiental que con tanto cuidado Colombia obtuvo salvaguardar.
Ahora el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, sorprende con un mapa de iguales características sobre las otras áreas del Caribe, en pleito con esa nación desde hace décadas. Dice Caracas, a los efectos y en el decreto correspondiente, que son áreas que están por delimitar pero que “requieren ser atendidas por el Estado venezolano hasta tanto se logre una demarcación definitiva”, sobre las aguas del Golfo de Coquibacoa. Ese golfo que para ellos no tiene tal nombre indígena, sino que se llama Golfo de Venezuela.
La situación, a nuestro juicio, es sumamente grave. Porque si bien el decreto reconoce que existe una delimitación pendiente, al mismo tiempo anuncia y ratifica que mantendrá los actos de soberanía propios de un ejercicio diplomático y militar que les permitirá, en poco tiempo, alegar la zona en entredicho como parte integral de su país.
Hacía años, ciertamente, esas turbulentas aguas no se movían. Todavía se recuerda el nefando episodio durante la administración de Virgilio Barco, cuando la corbeta Caldas tuvo que echar marcha atrás en aquella zona después del ultimátum del presidente venezolano Jaime Lusinchi. Colombia quedó con el rabo entre las piernas y desde entonces los venezolanos desestimaron militarmente la tesis de la línea media, que prolongaba la perpendicular desde la península de La Guajira, quitándonos de antemano buena parte de nuestros derechos sobre el golfo. De hecho, se comenzó a hablar de la “costa seca”, reversando la soberanía colombiana sobre la plataforma continental. Que es, precisamente, el resultado de lo que puede observarse en el mapa recién emitido por Maduro.
Dirán ahora, por supuesto, los analistas colombianos que en el fondo es una distracción del Gobierno venezolano de sus graves problemas internos. Esto estaba más que advertido y pareciera una perogrullada reiterarlo. De lo que se trata, igualmente, es de que Maduro le está midiendo el aceite al presidente Juan Manuel Santos. Más allá, inclusive, lo que se observa es el aprovechamiento de la debilidad colombiana demostrada en el caso de Nicaragua. No es secreta, por descontado, la cercanía entre Venezuela y Nicaragua que pareciera estar actuando en tenaza, frente a los intereses territoriales colombianos, cada cual en su tiempo, modo y lugar.
Ante la afectación sobre Colombia de las tesis que Venezuela adelanta frente a Guyana, era necesario, desde hace tiempo, que el Gobierno Santos pusiera el ojo avizor sobre la materia. En su momento el entonces candidato Luis Carlos Galán propuso que el diferendo colombo-venezolano se congelara por 70 años y se le diera prevalencia a la relación comercial. Esa relación produjo frutos de bendición durante un tiempo, pero hoy está en franco declive, incluso bajo la evidencia de que Venezuela ni siquiera paga los productos y servicios colombianos. Es sabido una y mil veces, desde que los venezolanos votaron negativamente el plebiscito en el que se puso a consulta popular la tesis de Caraballeda, en la que de algún modo se había llegado a un acuerdo razonable entre ambos gobiernos, en la década de los 70, que es el tema que suele unir allí las voluntades más dispersas.
Se da ahora vía libre en Venezuela a un mapa oficial totalmente adverso a los intereses vitales colombianos, con lo que se revive la grave discrepancia limítrofe y se espera del Gobierno Santos el temple necesario para lo que desde ya se avizora. En principio, por supuesto, la concentración absoluta de la Cancillería colombiana en la materia, por fuera, claro está, del proceso de paz, donde hoy se sienta la Canciller, distrayendo sus funciones elementales. El reto planteado, desde luego, no es cosa menor. La única exigencia posible es que el Gobierno venezolano retire el mapa, aquí y ahora. Lo contrario, más allá de protestas inútiles y los morosos canales diplomáticos, es aceptar la soberanía venezolana en territorio colombiano. Y eso, después de 46 años de no llegar a ningún acuerdo, sería un despropósito delesa patria.
La única exigencia posible es que el Gobierno venezolano retire el mapa, aquí y ahora. Lo contrario, más allá de protestas inútiles y los morosos canales diplomáticos, es aceptar la soberanía venezolana en territorio colombiano