*El concepto conservador de la libertad
*Se abre el debate en Naciones Unidas
Ahora que los Estados Unidos han decidido bajar los aportes a Colombia en la lucha contra el narcotráfico podría decirse que el país se encuentra o debería encontrarse en una nueva ruta sobre la materia. Sin duda alguna, la Nación ha sabido honrar su palabra ante el mundo de atacar la oferta, llegando hasta la semilla de los cultivos ilícitos, lo que indudablemente ha permitido durante el actual Gobierno reducir espectacularmente las áreas ilícitas cultivadas, tal y como lo demuestran todos los registros nacionales e internacionales de los últimos años.
Al mismo tiempo, desde luego, los pundonorosos esfuerzos colombianos, que han puesto a la Nación por debajo de Perú y Bolivia en hectáreas sembradas de hoja de coca, se han reflejado negativamente en estos dos países al incrementarse allí la producción. Era, precisamente, lo que se presumía una vez los colombianos lograran sus exitosos resultados. Y no puede, por tanto, reclamarse el triunfo completo en la materia, dejándole el problema a los países hermanos. No es dable, pues, reclamar una victoria sobre el fracaso de los otros.
Frente a ello, siempre pidió el doctor Álvaro Gómez Hurtado que Colombia debía buscar un escenario internacional en el que pudiera denunciarse que el país era víctima de la guerra contra las drogas, tanto en cuanto ni tenía los recursos para enfrentar la exorbitante liquidez que generaba y genera el prohibicionismo, ni la estruendosa corrupción que dejaba y deja la estela del negocio, cuyas contingencias servían y sirven para corroer el aparato estatal colombiano. La comprensión de los problemas contemporáneos desde el punto de vista conservador exigía frente al fenómeno de la droga ilícita, como bien lo sostuvo el doctor Gómez hasta que fue vil e impunemente asesinado, en entender bien la libertad. Para los conservadores, precisamente, la libertad viene dada por la conciencia individual y resulta de aplicación particular, acorde con la educación y el civismo, especialmente recibidos desde la familia y la sana convivencia social. No tiene allí porqué entremeterse el Estado, ni mucho menos cláusulas prohibicionistas colectivas, supliendo las falencias de la instrucción familiar, la pedagogía escolar y la cultura adquirida. Visualizar, entonces, el problema de la droga como un simple tema de oferta y demanda era errar en la interpretación del problema, pues más allá de ello de lo que se trataba y trata era del tipo de Estado y sociedad que se quería. De hecho, aun a pesar de todos los esfuerzos, bajo estos criterios, la demanda se mantiene incólume en los Estados Unidos y el precio de un kilogramo de cocaína continúa siendo asequible sin variaciones determinantes como para cambiar el mercado. Inclusive, hace unas décadas la secretaria de Estado del gobierno Clinton, Madeleine Albright, sostuvo en la hoy reabierta revista Newsweek que el propósito real de la lucha antidroga era mantener el consumo norteamericano en índices potables que no fueran a elevarse desde los niveles de donde venían fluctuando. Esto se ha mantenido, desde el punto de vista de la cocaína, más o menos así, pero se ha venido presentando un incremento considerable en las drogas sintéticas, como se muestra en los índices presentados por el Gobierno de los Estados Unidos. Ciertamente, desde que Richard Nixon planteó en su país la guerra contra las drogas, lo mismo que otros presidentes sucesivos, no se les ha podido enseñar a los norteamericanos a no consumir cocaína, ni por las buenas ni por las malas. Así comenzó a pasar después de la segunda Guerra Mundial, luego se incrementó con la guerra de Vietnam y continuó vigente hasta hoy. Todo ello a costa de miles de campesinos aislados en Colombia, de la combustión de la droga como elemento esencial de la hecatombe fratricida colombiana en los últimos 50 años y de haberse aposentado la cultura mafiosa que hoy se puede avizorar tanto en los inefables dramatizados de las series televisivas como en el materialismo rampante del dinero fácil.
El conservatismo, por lo tanto, se siente cabalmente interpretado con el hecho de que el Gobierno del presidente Santos haya llevado ayer a las sesiones de la Comisión de Estupefacientes, en Viena, la necesidad de seguir abriendo el debate sobre la despenalización de las drogas, con miras a la gran cumbre en la materia que se realizará a comienzos de 2016 en Nueva York. Desde luego no habrá declinación alguna en el combate contra las drogas, pero paulatinamente se ha venido desbrozando el camino que, fundamentado en la óptica de salud pública y derechos humanos, ha señalado el presidente Santos con el valor y la autoridad civil del sufrido pueblo colombiano.