*Crece malestar e inoperancia
*Se requiere una Constituyente
El viaje de cinco días de recreo por el Caribe de la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, junto con varios magistrados, ha desatado una serie de interrogantes en los medios de comunicación y entre las gentes del común, sobre el desempeño de la magistratura y la eficacia de la justicia. Si fuera ese el único paseo de justo descanso no habría motivo de queja, lo que ocurre es que esos escapes fuera de sus despachos se han vuelto cada vez más frecuentes entre los altos funcionarios de la rama judicial, siendo una rareza cuando van al trabajo a firmar los expedientes. Puesto que se las han ingeniado en manejar la ley a su acomodo y anular las talanqueras para hacer lo que les place.
En tanto la congestión en los juzgados y en las Cortes es cada vez mayor, lo que para los expertos es una muestra de la creciente inoperancia de la justicia. Casos resonantes que figuran en las primeras planas de los diarios, con cargos por miles y miles de millones de las arcas públicas que han pasado a las alforjas de inescrupulosos funcionarios y contratistas, después del ruido y gruesos titulares de prensa, se van adormeciendo y apagando, hasta que prescriben o se libera a los acusados por falta de pruebas. La denegación de justicia es una constante. Los expedientes se demoran por años en los juzgados y las Cortes. Si bien no pocos de los funcionarios cumplen sus deberes a cabalidad y no participan de las intrigas de sus colegas.
Los fanáticos de la Carta del 91, que creyeron que los asuntos se solucionaban creando más Cortes, están desconcertados; nos deslizamos por un despeñadero inevitable. Las cosas no funcionan, en las Cortes se forman grupos de poder, que terminan en pugnas que afectan su desempeño. Son varios los casos de magistrados cuyas esposas litigan en los tribunales, a sabiendas de los colegas. No faltan los funcionarios que pasan más tiempo en los despachos de otras entidades oficiales que en las suyas, confiados en el trabajo de los magistrados auxiliares, que hacen prácticamente todo. Algún miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara que debe atender los casos de funcionarios con fuero, de improviso anuncia alguna investigación y después de un tiempo misteriosamente se silencia, nadie sabe qué pasó y se tejen sospechosas explicaciones. Lo cierto es que la alta magistratura no tiene en la práctica un juez natural, con capacidad de actuar y depurar el sistema.
La Corte Suprema, entre sus competencias está la de juzgar a los congresistas, que en la Cámara los investiga a ellos… Lo que determina que entre bomberos no se pisen la manguera. Cuando se creó el Consejo de Judicatura se estimaba que su principal misión sería la de depurar la justicia, pero la Corte Constitucional en una jugada magistral en un caso de tutela, que linda con el prevaricato, le quitó esas funcione con respecto a los magistrados. Así que los escándalos se suceden uno tras otro y no pasa nada, en cuanto gran parte del problema radica en el absurdo de haber creado tantas Cortes, en las que se diluye la responsabilidad y se presentan frecuentes casos de pugnas entre las mismas. Prestigiosos juristas como Hernando Yepes, conocido por su saber, agudeza, experiencia e integridad, develan una soterrada e implacable lucha por el poder real de un sector de la magistratura que va por la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría, desde donde tendría la tentación de maniatar al Gobierno. Y que extiende sus poderosos tentáculos por intermedio de sus agentes en los Departamentos al control local de las contralorías y otros cargos. Con una Corte Constitucional en un sistema presidencial tienen la posibilidad de mantener a raya al Congreso y al Ejecutivo, para que no pasen leyes que les son hostiles. El poder burocrático de las Cortes es inmenso y se extiende por todas las instituciones del país. La pugna entre los mismos magistrados es dura cuando se trata de elegir un colega o perseguir al que no se allana a su voluntad, por lo que en medio de intrigas y presiones tardan meses y meses los nombramientos, con consecuencias fatales. Y la corrupción aprovecha para rondar por los pasillos. Así existan por excepción algunos magistrados eminentes e incorruptibles, aferrados a la defensa a ultranza de la ley, que anteponen el bien común a los intereses mezquinos. Muchos juristas vuelven los ojos al pasado y consideran que el sistema de cooptación, aun con sus eventuales defectos e imperfecciones, era mejor.
El problema radica en cuanto una reforma a fondo de la justicia, no se hace en un Congreso como el actual, se requeriría de una Constituyente, con elementos nuevos, con fuerte apoyo del constituyente primario y un gran respaldo popular. La triste experiencia de la reforma de la Justicia que se hundió y que el presidente Juan Manuel Santos vetó, cuando no tenía facultades para obstaculizar un acto legislativo ni el mismo requería de su firma, provocó la renuncia del recién nombrado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en un escándalo que desgastó al Congreso y puso al descubierto la trama entre varios de los congresistas y la magistratura.
Entre tanto, el sistema se degrada de manera inevitable en las barbas de una Nación impotente. A lo que se suma la congestión en las cárceles, que amenaza estallar en cualquier momento. La experiencia del pasado gobierno que derivó en feroz pugna con la Corte Suprema, de alguna manera determina la cautela del proceder del Poder Ejecutivo actual con las Cortes.
Es evidente que después de 20 años de vigencia de la Carta de 1991, su legado trajo notables iniciativas positivas, que le han servido a la sociedad, en tanto que en cuanto a la inoperancia de la rama judicial, incluido el manejo de los cuantiosos fondos oficiales del sector, la experiencia es desastrosa.