Más que desafortunadas las afirmaciones polémicas días atrás del presidente Gustavo Petro en torno a las empresas hidroeléctricas del país y la problemática de las tarifas de este servicio público en todo el país.

El jefe de Estado advirtió que en este sector “… ligaron la tarifa de la generación eléctrica por agua, en los embalses, al gas. Entonces, las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía eléctrica con base al gas, cuando sus costos de producción son bajísimos con respecto al gas. Un negocio así es muy chévere. Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio…”.

La comparación hecha por el mandatario está claramente fuera de cualquier contexto real, resulta altamente ofensiva y, de paso, pone en peligro a los empresarios del sector, ya que la insinuación presidencial pareciera querer significar que este negocio legal y regulado por el Estado, como lo es el mercado de la producción, generación y distribución de energía, tiene ganancias superiores a la de una actividad abiertamente criminal, como lo es el narcotráfico.

Es más que válido que el presidente de la República, tal cual lo han hecho algunos sectores y analistas, considere que la estructura tarifaria y el mercado de la energía requiere ajustes. Como jefe de Estado tiene todas las facultades que le confiere la Constitución y la ley para ordenar los correctivos del caso, tanto desde el punto de vista administrativo como mediante proyectos de ley o solicitando a las superintendencias, agentes reguladores y entes de control que adelanten las investigaciones del caso para establecer si se ha incurrido en anomalías que afecten el bolsillo de los colombianos.

Sin embargo, hay mucho trecho entre expresar una postura crítica el esquema tarifario del servicio eléctrico, que para nadie es un secreto que arrastra vacíos, a insinuar que hay componendas que llevan a que las ganancias para dichas empresas sean superiores a las del narcotráfico. La sola afirmación es un descache grave y se suma a otras tantas acusaciones y señalamientos infundados que ha realizado este Gobierno contra el sector privado y el empresariado en general.

Así las cosas, le asiste toda la razón al Consejo Gremial Nacional en el comunicado que expidió rechazando las declaraciones presidenciales. Para el vocero de los 32 principales nichos productivos del país resulta innegable que las empresas generadoras de energía eléctrica vienen desempeñando un arduo trabajo durante décadas, que ha permitido extender la cobertura de energía eléctrica a gran parte del territorio nacional (93%). De igual manera, han garantizado la autonomía y sostenibilidad del sistema, incluso en eventos climáticos extremos como el Fenómeno de El Niño”.

La cúpula del sector productivo también recalcó la importancia del sector energético en materia de empleo, inversión y construcción de país. Dicho lo anterior, se invitó al Gobierno a dar debates con argumentos técnicos y datos reales, sin necesidad de acudir a desprestigiar o estigmatizar al sector privado.

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) también le salió al paso a las desafortunadas afirmaciones presidenciales, dejando en claro que no se podía calificar de semejante manera a un sector que tanto le ha aportado al país.