Uno de los avances más importantes de la Constitución de 1991 fue, sin duda, el nuevo ámbito de los mecanismos de participación popular. En el artículo 103 de la Carta se señala que la ciudadanía “en ejercicio de su soberanía” puede acudir al voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Mucho ha ocurrido desde entonces y varios de los mecanismos pudieron ser reformados y ajustados en busca de facilitar su aplicación, sin que por ello ese objetivo se haya concretado.

Aunque todos los tratadistas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional recalcan que la democracia directa y participativa está por encima de la indirecta y representativa, lo cierto es que en los últimos meses el panorama para varios de los mecanismos de participación ciudadana ha sido, literalmente, negro.

Por ejemplo, en octubre pasado los colombianos fueron citados a un plebiscito que tenía como objetivo que la ciudadanía fijara su postura en torno al acuerdo final de paz firmado por el Gobierno y las Farc en La Habana. Ya de por sí la figura del plebiscito había sido reformada -deformada en palabras de los críticos del Ejecutivo- en su aspecto más importante: el umbral electoral. El mecanismo original establece que “el pueblo se decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral”, pero el Gobierno y el Congreso se idearon un “plebiscito especial” que rebajó el umbral de participación y aprobación al 13 por ciento. Y, como si fuera poco, según el fallo de la Corte Constitucional, sus resultados, pese a constituir un mandato del constituyente primario, sólo eran vinculantes para el Ejecutivo y no para el Legislativo ni la Rama Judicial. Vendría luego la cita en las urnas y el No se impuso apretadamente. Sin embargo, de inmediato los perdedores se inventaron la inédita y cuestionada tesis de que el Congreso también era una instancia de refrendación (pese a ser un órgano de democracia indirecta y representativa). Tras recibir un no menos polémico visto bueno constitucional, en cuestión de dos meses el pacto que había sido denegado por voto directo fue reversado en el Parlamento por la coalición gubernamental, que viabilizó el acuerdo de paz con algunos retoques.

Aunque desde muchos sectores jurídicos y políticos se advirtió que lo ocurrido constituía la más grave afrenta a la democracia participativa en los 26 años de la Carta, desde la otra orilla se replicó que por el “especialísimo” derecho a la paz era viable ser ‘audaces’ así ello implicara hacer tambalear las bases del sistema democrático.

Pero no ha sido ese el único caso en el que la fortaleza y preeminencia de los mecanismos de participación popular se ha afectado en los últimos meses. Por ejemplo, si bien es cierto que en el alud de campañas de revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores -que se registró a comienzos de este año- hay muchas iniciativas en donde es claro que se trata de intentos revanchistas de quienes perdieron en las urnas en octubre de 2015, hay alerta por recientes versiones periodísticas que advierten que el Consejo Nacional Electoral estaría pensando en imponer condiciones adicionales a estos ejercicios democráticos. Por más bienintencionados que esos nuevos requisitos puedan ser, es evidente que crearlos a mitad de camino constituye un cambio de reglas del juego cuestionable y coyuntural.

Esta semana, de otro lado, en la Comisión I de la Cámara de Representantes se hundió el proyecto que buscaba la convocatoria a un referendo para que los colombianos definieran en las urnas si la adopción de menores se limitaba única y exclusivamente a uniones conformadas por hombre y mujer. Tanto los impulsores de la iniciativa popular como varios parlamentarios, algunos de los cuales están en contra de prohibir las adopciones por parte de parejas homosexuales, indicaron que el Congreso no debería atravesársele a una solicitud de citación a las urnas respaldada por más de 2,3 millones de ciudadanos. Sin embargo, el proyecto fue derrotado.

Coincidencialmente también esta semana se destrabó, después de varios meses en el limbo, la citación de una consulta popular en Bogotá para que los capitalinos decidan si quieren o no corridas de toros en la ciudad. 

Si a todo lo anterior se suma que a cada tanto se habla de citar una constituyente para tramitar distintos temas o el hecho de que se quiera imponer el voto obligatorio o cambiar la edad para sufragar, queda claro que, lamentablemente, los mecanismos de participación popular en Colombia están atravesando arenas movedizas que amenazan con sofocarlos sin que el Gobierno y los partidos políticos mayoritarios estén dispuestos a salvaguardarlos, y, por el contrario, dan la impresión de querer acelerar su hundimiento.