* La desidia e ineficacia del Estado
* Intereses particulares se imponen
En los últimos días la Procuraduría General de la Nación denunció el alarmante hallazgo de partículas de plomo en las aguas del Lago de Tota -una de las más valiosas joyas ambientales de Colombia- en cantidades “que superan 95 veces los límites de tolerancia… colocando en riesgo la salud humana” por factores de toxicidad. El Ministerio Público suspendió por ello el flujo de agua para consumo humano desde el lago a siete municipios de Boyacá, que lo tienen como fuente principal de suministro.
Lamentablemente se necesitan hechos apocalípticos como este para que las autoridades ambientales rompan su censurable actitud de silencio, complicidad y complacencia con un grupo de agricultores, piscicultores y empresarios que se apoderaron desde hace décadas de ese recurso hídrico irremplazable y lo han degradado gravemente, con total impunidad.
Las aguas del lago de Tota registran en los últimos 40 años exceso de fósforo y nitrógeno producto de cultivos irregulares de cebolla en monocultivo y de la cría de truchas. El primero se realiza con el uso desmedido de agroquímicos, algunos incluso prohibidos, y en particular con el constante e intensivo empleo de gallinaza cruda, materiales altamente contaminantes. Y la segunda aporta su cuota de destrucción a través de los vertimientos desde las jaulas con las que adelantan su actividad, muchas de las cuales no cuentan con colectores. Pese a que existe una clara reglamentación en la materia, no se ha logrado hacer cumplir el obligatorio tratamiento de aguas, el manejo de residuos y, menos aún, detener la instalación ilegal de más jaulones.
La tercera fuente de contaminación son los hoteles, restaurantes, balnearios, plantas de sacrificio industrial de trucha y establecimientos comerciales instalados alrededor del lago, muchos de los cuales no tienen licencias ni permisos de vertimientos. El Estado es el principal responsable de este abuso por no hacer cumplir las normas y también porque el municipio de Aquitania es el gran contaminante pues vierte en el lago todas sus aguas negras. Sus administraciones han sido negligentes e ineficaces para activar la infraestructura necesaria para el tratamiento de estas.
Todos -cebolleros, piscicultores, comercio, turismo e industria- adelantan una constante actividad de intervenciones ilegales para robar terrenos al Lago, en flagrante e impune violación de la resolución 1787 de 2012 de Corpoboyacá sobre la aplicación de la cota máxima de inundación establecida en 3,015.65, más la ronda de protección de 30 metros. Por el contrario, es constante y evidente la destrucción de ecosistemas de juncal en estas áreas con el fin de abrir espacio a desarrollos de cultivos de cebolla o para levantar construcciones ilegales, en especial hoteles y zonas de recreación.
Es por todo ello que el Lago de Tota, que por su enorme valor e incomparable belleza debería ser objeto de máximo respeto y cuidado, se convierte día a día en un muladar. La irresponsabilidad y la ambición se apoderaron de sus espacios y riquezas. Los innumerables y graves abusos han sido y continúan siendo denunciados por activistas y organizaciones comprometidas con la defensa del ambiente, pero no logran resultados ya que quienes dominan la zona cuentan con un gran escudo de protección política, del cual forman parte congresistas, autoridades locales e incluso ambientales.
No hay alcaldías, gobernación ni corporación autónoma regional que a lo largo del tiempo hayan logrado hacer cumplir las normas que protegen el lago de Tota. Tampoco prosperan las acciones legales que interponen ciudadanos y ONG porque las redes de poder regional han extendido sus tentáculos en todos los ámbitos.
Este aterrador panorama sirve para entender la trascendencia de la alerta por la alta concentración de plomo en las aguas del lago. Es más, tras el campanazo de la Procuraduría, de inmediato se produjeron visitas a la zona de delegados del Ministerio de Ambiente, Ideam, CAR Cundinamarca y Corpoboyacá.
La Procuraduría regional advirtió que la crisis de Tota “viene del excesivo e irregular uso de la gallinaza que se utiliza como abono en los cultivos, especialmente de cebolla; del mal manejo de los excrementos humanos; del cultivo de truchas y del incontrolable uso de pesticidas y agroquímicos”. Lo más grave es que este no es ningún descubrimiento. Es un tema diagnosticado, conocido y denunciado por voces autorizadas desde hace más de 30 años.
Que la crisis haya alcanzado tan inquietantes proporciones tendría que ser motivo suficiente para que el Gobierno nacional se active en este problema y cumpla su responsabilidad de hacer respetar la ley. Se requiere asumir en serio el rescate del Lago de Tota y presionar a la Gobernación de Boyacá, a los municipios situados en el área de influencia del cuerpo de agua así como a las autoridades ambientales para que hagan lo propio. Lo que se registra allí es un pulso entre intereses particulares y el interés general en torno de una pieza fundamental del patrimonio natural de los colombianos. Un pulso que hasta ahora han ganado siempre los cebolleros, los piscicultores y los empresarios que se apoderaron del lago. Tenemos nuevas alertas tempranas y una reacción coyuntural, pero no hay nada que, desafortunadamente, permita pensar que esta vez será diferente y se tomarán medidas correctivas de fondo. Ojalá estemos equivocados.