Los informes alrededor del deterioro de la cuenca amazónica son cada día más preocupantes. Unos advierten que si continúa el ritmo de depredación del principal nodo ecosistémico del planeta se podría llegar a un punto de no retorno en menos de una década, más aún en medio de la sequía y ola de incendios forestales del último año, un coletazo más del cambio climático. Otros alertan que la deforestación en la Amazonía llevó a que entre 1985 y 2023 se perdiera el 12,5% de la cobertura vegetal. Esto implica, entonces, que en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa se destruyeron en ese lapso no menos de 88 millones de hectáreas.

El actual Gobierno en nuestro país ha dicho que la conservación del bioma amazónico es una de sus prioridades. De hecho, en julio pasado el Ministerio de Ambiente celebraba con bombos y platillos que la deforestación en la Amazonía nacional había sido la más baja de los últimos 23 años: de 71.185 hectáreas destruidas en 2022 se pasó el año pasado a 44.274 hectáreas, una reducción del 38%.

La cartera ministerial también destacó que entre el 2021 y 2023 se identificó una reducción del 61% en la deforestación para esta región. Es más, el Ejecutivo resaltó la disminución contundente de este flagelo en los cuatro departamentos que conforman el Arco Amazónico de la Deforestación (Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare). Esa menor destrucción de bosques también se extendió a Parques Nacionales Naturales ubicados en la Amazonia, como los de Sierra de La Macarena, Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Cordillera de los Picachos.

Sin embargo, todo ese panorama optimista de julio pasado contrasta con el preocupante panorama descrito días atrás por la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, según el cual este año hay un alarmante aumento del 223,52% en la deforestación de la Amazonía, comparado con el mismo periodo de 2023, según cifras del Ideam.

La jefa del Ministerio Público sostuvo que este panorama crítico está siendo agravado por la expansión de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería criminal y el acaparamiento de tierras, flagelos impulsados por grupos armados en la región. De hecho, la extensión de cultivos ilícitos creció en 3.680 hectáreas entre 2022 y 2023 en Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.

Lo más grave es que para el ente de control disciplinario resulta claro que desde el 2001, con excepción del 2023, se han reportado pérdidas de bosque por encima de las 110.000 hectáreas anuales en la Amazonía y todo hace indicar que en este 2024 se superará de nuevo ese récord de destrucción de bosques.

Pero el problema no está concentrado solo en las economías ilegales y las facciones criminales que se lucran de las mismas. La Procuraduría alertó la creciente problemática derivada de la extensión de la ganadería en Parques Nacionales amazónicos. Puntualmente se denunció que cerca de 1.200.000 cabezas de ganado “han invadido” áreas protegidas del Chiribiquete y la Reserva Nukak.

Y como si lo anterior fuera poco, el Ministerio Público prendió alarmas en torno al grave impacto ambiental por la construcción de las vías ilegales en áreas de protección natural. De hecho, habló de no menos de 27.000 kilómetros de este tipo de carreteras, muchas de ellas dentro de Parques Nacionales en el país.

A todo lo anterior, hay que sumar otras problemáticas relacionadas con fenómenos de vieja data en la cuenca amazónica colombiana, como la expansión desaforada de la frontera agrícola, la titulación irregular de predios y el acaparamiento de tierras.

Frente a esa grave denuncia de la Procuraduría sorprende el mutismo gubernamental. No hay pronunciamiento alguno de la ministra de Ambiente frente a un hecho de semejante dimensión: el aumento en un 223,52% en la deforestación de la Amazonía.

Si bien es válido ponderar resultados de la justicia y la Fuerza Pública contra los grupos delincuenciales que afectan la cuenca o los gaseosos resultados de la COP16 sobre Biodiversidad, así como los impactos de programas oficiales con las comunidades indígenas de la zona e incluso de iniciativas como “Conservar paga”, “Escuela Selva” o Concesiones Forestales Campesinas, el interrogante principal es uno solo: ¿por qué se disparó de nuevo la deforestación? Es urgente conocer la respuesta gubernamental al respecto y el plan de choque respectivo.

En el entre tanto, habrá que esperar los resultados de la acción popular que impulsa la Procuraduría para exigir medidas cautelares dentro de la acción de tutela que reconoció la Amazonía como sujeto de derechos. Solo así el “pulmón del mundo”, al menos del lado colombiano, tendrá alguna esperanza de frenar la depredación de su riqueza natural y la dramática pérdida de biodiversidad.