*La dignidad humana

*Prisiones de alta seguridad

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, recientemente cumplió un año en el ejercicio del cargo. Entre las instituciones creadas por los constituyentes de 1991 una de las más importantes ha sido ésta, cuya función principal es la de defender los derechos humanos de los colombianos. Paradójicamente algunos piensan, todavía, que éstos se defienden solos, algo increíble en un país en el que han sido conculcados y pisoteados los principios esenciales para proteger la dignidad humana, dando lugar a horribles genocidios, asesinatos, desplazamientos de población y abusos de toda índole, sin importar género, edad ni condición de las víctimas. Transcurrió un buen tiempo desde la aprobación de la Carta del 91 para que los legisladores entendieran la importancia de la Defensoría, que por años cumplió sus labores con un magro presupuesto que apenas le permitía ejercer una presencia casi simbólica cuando, en medio de la violencia, se daba cuenta de algún grave atentado o genocidio. Se limitaba a denunciar el hecho a otras autoridades y proclamar con vehemencia el rechazo al episodio delictivo. Una situación así era inconcebible, es como si se tuviera un cuerpo de bomberos que se moviera en bicicleta y sin manguera ni agua para apagar los incendios.

La intensa labor del Defensor Otálora, al recorrer el país e informarse in situ de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, le permitió presentar información exhaustiva al Gobierno, otras instituciones y al Congreso, para solicitar apoyo y presupuesto, sin los cuales su gestión se hundiría en el vacío de la denuncia y sin influir en el castigo a los culpables de esos delitos y en la prevención para que no se repitan. Esa petición de ayuda y recursos en el Congreso, por fin fue escuchada. Los legisladores dieron al Presidente de la República facultades para que por tres meses intervenga en la reestructuración de la Defensoría del Pueblo y la dote de los recursos necesarios y urgentes para cumplir su misión, que en una democracia a la que los violentos y el hampa intentan sitiar requiere, como lo reconoció el mismo Jefe de Estado, de una Defensoría con dientes y capacidad de actuar con prontitud en todo el territorio nacional. Y se trata, también, de que actúe con eficacia preventiva a los primeros síntomas de descomposición social y denuncias, como es el caso de los desplazamientos forzados, en los cuales las autoridades suelen intervenir cuando los labriegos y sus familias ya han sido desalojados de sus tierras y deambulan temblorosos y hambrientos por los caminos de Colombia, dando un espectáculo dantesco al que, por desgracia, nos hemos habituado y los vemos en los medios de comunicación como si se tratara de aberraciones sociales que ocurren en países lejanos.

Como se sabe la Defensoría ha señalado los lugares más neurálgicos y peligrosos en cuanto a violación de los derechos humanos. Las alertas tempranas advierten a los organismos del Estado para que se convoque la Fuerza Pública y se asuma la tarea de protección y sean sus integrantes los que -según Otálora- “evidencien mucha información que está subterránea, que no sale porque hay mucho miedo en las regiones. Hemos encontrado zonas muy complicadas como el nordeste antioqueño, el Chocó, el Valle, Casanare, Cauca y Nariño, por bandas criminales o grupos guerrilleros”.

Otras denuncias de la entidad han merecido la atención de organismos internacionales. Una de ellas, las del hacinamiento carcelario, relacionadas con la pavorosa situación de los internos,  algunos de ellos con enfermedades contagiosas y existiendo el peligro de un levantamiento en los penales que podría producir numerosas desgracias y muertes. La tarea del Defensor no es sólo la de ocuparse de la sociedad libre, le corresponde verificar que en los sitios de reclusión no se violen los derechos humanos y que las prisiones sirvan para resocializar a quienes deberán salir en algún momento a incorporarse en la sociedad y no volver a violar las leyes. La bomba de tiempo carcelaria que ha denunciado con la más viva preocupación el alto funcionario aún no se ha desactivado. La tendencia a aumentar las penas y mandar a la cárcel a cuantos violan los preceptos legales, en vez de descongestionar los reclusorios, los está convirtiendo en un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Es de esperar que el apoyo que ha recibido la Defensoría por parte del Gobierno y el Congreso permita neutralizar una crisis y no llegar a los extremos que se han producido en las cárceles de Brasil y Venezuela.

Es de anotar que Colombia ha logrado erigir cárceles de máxima seguridad en donde los delincuentes no pueden fugarse y deben purgar largas penas,  sustancialmente menores a las impuestas a varios de los presos extraditados a Estados Unidos. Hoy las mafias le temen más a una cárcel en Colombia que en Estados Unidos.