*Más congestión para la Justicia

*Quitar los Tribunales: mayor ineficiencia

La  congestión de la justicia, en Colombia, es endémica. En la actualidad la situación se ha tornado más gravosa en cuanto a que existen alrededor de 20 mil leyes vigentes, pero no hay una aplicación concreta de muchas de las mismas. Es decir, que de un lado hay congestión judicial y de otro lado,  inflación legislativa.

Esa situación genera una desnaturalización por lo cual suele aducirse que Colombia es un país legal, pero no de ley. Si a ello se suman los decretos presidenciales y las resoluciones departamentales y municipales, se entenderá el sinnúmero de actuaciones normativas en las que el ciudadano y la misma justicia suelen perderse. Ello, por supuesto, determina que por la carga excesiva de normas  se pierda  el objeto propio de la justicia. 

Frente a ello, a la vez, la demanda por la Administración de Justicia ha subido de modo vertiginoso, en la medida en que el país ha venido creciendo económicamente y las operaciones comerciales y civiles han aumentado a índices nunca vistos. De hecho, la gran carga represada está en este tipo de operaciones, donde se da una buena dosis de fracaso. Los temas crediticios y de cobranzas, generalmente asociados a las cuotas de vivienda y los arrendamientos, es donde se da una mayor cantidad de litigios.

Ante estas circunstancias resulta evidente que es sano recurrir a conciliaciones y arbitramentos, de manera que el Estado pueda descargarse y dedicarse a los temas fundamentales. Dentro de esos instrumentos están, precisamente, los tribunales  de arbitramento que se han demostrado como un mecanismo idóneo  para resolver pleitos, sin poner en marcha el aparato tradicional de la justicia.

Pero eso que se ha demostrado positivo ahora se pretende amputar, quitando los tribunales de arbitramento en los litigios entre los particulares y el Estado. Se aduce que se va a impedir ese instrumento expeditivo, por cuanto el Estado suele perder en los tribunales antedichos. No sería, desde luego, ningún argumento plausible, porque lo que se demuestra, por el contrario, es que el Estado está mal representado en ellos. No es, pues, que los tribunales de arbitramento sean nocivos para los intereses estatales, sino que la preparación de los agentes públicos  no es la más  idónea  o, muy seguramente, que  el Estado no ha hecho las cosas bien, por lo cual suele perder.

De manera que la calentura no  está en las sabanas y, derogando los tribunales de arbitramento se generará, por el contrario, mayor congestión en la justicia. Y eso, sin duda, es un retroceso, cuyo único objetivo es dejar de resolver los temas en el laberinto y la maraña, y las diferentes instancias, de los vericuetos  procesales.

Se dice que la Nación pierde alrededor del 70% de los casos en los tribunales de arbitramento, en los que se resuelven las  grandes querellas contractuales. ¿Y acaso el Estado va a ganar porque los litigios se resuelvan en la jurisdicción ordinaria? Un argumento de esa índole lo que demuestra es que el Estado intentaría poner su peso a favor de sí mismo en vez de aceptar el principio de igualdad con los ciudadanos.

Proteger los intereses de la Nación debe ser norma previa a los litigios. En la mayoría de las ocasiones, como es demostrable en muchos tribunales de arbitramento, la Nación suele ser condenada por negligencia, cambio de reglas  en la mitad de los contratos o falta de agilidad en sus propios trámites. En muchas ocasiones los estudios de prefactibilidad para las megaobras resultan mal diseñados  y eso pretende solucionarse en mitad de las operaciones. Igualmente, la engorrosa compra de predios, la reiteración de consultas étnicas o la falta de rigor en el licenciamiento ambiental, son muchas veces problemas del Estado y no de los particulares.

Es cierto que unos 4 billones de pesos, no están en riesgo para el Estado, sino que están en litigio en los tribunales de arbitramento. No es vendiendo el sofá, como se dice en el argot popular, como se va a resolver el tema y precaver los intereses estatales. Es mejorando la capacidad de defensa del Estado, en los tribunales de arbitramento, como se logra y no quitándolos para que los pleitos vivan el sueño de los mortales.