Cada vez que se instala un nuevo Congreso el alud de proyectos de ley y de reforma constitucional es, sencillamente, tremendo. La mayoría de los senadores y representantes, sobre todo los debutantes, llega cargada de iniciativas que, más allá de su importancia normativa o relevancia política, en muchas ocasiones no pasa ni siquiera de primer debate, debido a la gran cantidad de trabajo que se acumula de entrada en las diferentes comisiones.

La legislatura que se instala el próximo 20 de julio parece que no será la excepción a esa costumbre política. Los distintos partidos han anunciado tal cúmulo de proyectos para ser presentados desde el día uno del período congresional, que desde ya se puede prever que la montaña de iniciativas superará los récord anteriores.

Aunque es de suyo natural que el parlamentario radique los proyectos que considere necesarios, pues esa es una de sus funciones más prioritarias -la legislativa- también se debe precaver que, como lo dice el refrán popular, no por mucho madrugar amanece más temprano…

En varias ocasiones hemos advertido desde estas páginas que una de las mayores falencias del trabajo legislativo en nuestro país es la gran cantidad de tiempo que se pierde en el trámite de proyectos que no tienen mayor trascendencia o que, en su defecto, proponen asuntos tan utópicos que desde el mismo momento en que son radicados se sabe que están destinados al rápido archivo, ya sea por la vía de la primera ponencia negativa y la votación cantada en la comisión correspondiente, o simplemente porque la iniciativa se queda en los anaqueles de las distintas células parlamentarias y termina hundiéndose por falta de tiempo. Y también se presenta la situación contraria, es decir, que proyectos que requieren discusiones de fondo y muy detalladas, son sometidos a procesos de aprobación atropellados, dando lugar a yerros normativos y, más grave aún, a la inclusión de los llamados ‘micos’, -artículos que favorecen intereses particulares- y no los generales.

Es allí en donde resultaría interesante que se aplicara en Colombia una norma de mecánica parlamentaria que existe en otros países y que obliga, de entrada, a que cualquier proyecto o proposición que presente determinado congresista debe estar previamente avalada por la bancada correspondiente. Con esa directriz lo que se pretende es que los partidos y movimientos políticos se hagan también corresponsables de la actividad legislativa de sus senadores y representantes. Esto último, porque en Colombia es muy constante ver cómo los integrantes de una bancada son los primeros en criticar o desautorizar las propuestas de leyes y reformas impulsadas por sus propios compañeros de colectividad.

Esa coordinación e instancia previa partidista o de bancada permitiría, además, que la agenda que cada una plantee se dosifique adecuadamente, pues está visto que muchos congresistas presentan todo su arsenal de proyectos en el primer período, generando trancones en el trabajo de comisiones y plenarias, pero ya en la segunda y tercera legislatura el volumen de iniciativas disminuye drásticamente.

Cada partido, desde los que pertenecen a las coaliciones gubernamentales de turno como aquellos independientes o los de oposición, debería definir cuáles proyectos presentan primero y aquellos que quedarán para más adelante, a medida que la agenda de Senado y Cámara se va evacuando.

Por ahora, lo único que se podría pedir a los partidos y los 268 parlamentarios es que prioricen su iniciativa legislativa y entiendan que mayor cantidad de leyes no significa necesariamente mayor calidad normativa.