*Estatutaria de Salud aún no rige

*Embrollo jurídico procedimental

Es  apenas comprensible el inconformismo entre la opinión pública por el hecho de que una norma que fue aprobada por el Congreso en junio de 2013 aún no haya entrado en vigencia. Más aún si la legislación en cuestión tiene que ver con el sistema de atención en salud, sin duda una de las problemáticas que más impactan a la ciudadanía. Y la situación se torna más complicada si el proyecto que no ha podido ser sancionado por la Presidencia de la República es nada menos que la Ley Estatutaria de Salud, que fue impulsada en su momento como el comienzo del fin de las falencias de este servicio, por lo que generó muchas esperanzas sobre los resultados positivos que tendría una vez empezara a aplicarse.

No hay que olvidar que la norma en ciernes sentó las bases de la nueva arquitectura del sistema, a tal punto que redefinió a la salud en su naturaleza de derecho fundamental de carácter social y económico, garantizando la prestación de su servicio en los cánones de calidad, oportunidad, continuidad y equidad. Entre varios de sus más importantes mandatos están mecanismos para prohibir la denegación del servicio a los usuarios, un estricto control de precios de los medicamentos, la eliminación de autorizaciones previas para acceder a servicios y tecnologías en salud, así como una mayor autonomía del profesional de la medicina para ordenar tratamientos y procedimientos. Todo ello unido a nuevos conceptos en materia de universalidad y cobertura, modelo financiero así como criterios para que los servicios de salud se presten de manera completa, independiente del origen de la enfermedad o condición de salud.

Es más, en su momento dicha Ley Estatutaria era vista como la plataforma sobre la cual se proyectaría una nueva reforma a la salud, esta vez vía proyecto de ley ordinaria, que alcanzó a ser debatida por el Congreso pero se hundió al final del primer semestre del año pasado. Tras ello se decidió que muchos de los puntos que contenía la fallida iniciativa se adoptarían por la vía reglamentaria, tal como ha venido sucediendo en los últimos meses.

¿Qué pasó con la Ley Estatutaria? Pues bien, el trámite legislativo terminó con la respectiva aprobación en junio de 2013. Dado su carácter estatutario, al reglar sobre un derecho fundamental, fue enviada a control previo de la Corte Constitucional, examen que culminó en mayo de 2014, en un fallo que determinó la existencia de inconstitucionalidades parciales en el proyecto, pero sólo en octubre del mismo año se conoció el texto completo de la sentencia. Luego se generó un problema procedimental alrededor del texto de la sentencia, su remisión al Congreso y el posterior envío del proyecto a la Presidencia de la República. De acuerdo con el Ministerio de Salud, un aparte de dicho articulado incorporaba una disposición que no fue la aprobada en el trámite legislativo, la cual excluía de ser financiadas con los recursos del Sistema todas las tecnologías en salud que se presten en el exterior. Ante esa falencia, entonces la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República devolvió la iniciativa en diciembre pasado al Congreso. La Corte, un día después de este paso, reconoció la existencia de unos errores en su sentencia, adelantando las correcciones y rectificaciones pertinentes. Y ahora, por citación del Senado, el ministro del ramo deberá asistir en marzo próximo al Parlamento para que exponga sus criterios frente al ajuste al texto y que se proceda a las modificaciones respectivas al articulado para que pase, por fin, a sanción presidencial.

Como era apenas obvio, todo este berenjenal jurídico dio origen a múltiples controversias y especulaciones, en medio de las cuales le ha tocado al Gobierno salir a recalcar que fue el Ejecutivo el impulsor de la iniciativa, el que la defendió a capa y espada ante la Corte Constitucional y, por ende, el más interesado en que entre en vigencia lo más pronto posible, además porque, como se dijo, sus mandatos son claves para otros ajustes al sistema de aseguramiento y atención en salud que están pendientes.

Por el momento, sólo queda que el Congreso atienda los argumentos del Ministerio, proceda a los ajustes respectivos derivados de la sentencia de la Corte y su posterior corrección, para que antes de medio año la Ley Estatutaria de Salud comience a regir y dar los resultados contemplados, sobre todo en un país en donde a diario se escucha a los usuarios del sistema quejándose de graves fallas en atención primaria y especializada, suministro de medicamentos y oportunidad de los servicios.