La advertencia de la Contraloría General en torno a los graves problemas de financiación de las universidades públicas no puede quedar en el aire. De hecho, no solo requiere una respuesta directa y precisa del Ministerio de Educación, sino que el Congreso, los gobiernos territoriales, así como el Sistema Universitario Estatal, del cual hacen parte las 34 instituciones oficiales de educación superior del país y que es presidido por el titular de la cartera del ramo, deben terciar de manera sustancial en este debate.

No es menor el campanazo dado por el ente de control fiscal en torno a la asignación de recursos a las universidades públicas, así como por las variaciones significativas en los pasivos pensionales de estos claustros y las demoras en el giro desde los gobiernos nacional y regionales de los dineros para responder por las mesadas.

En un país en el que sus últimos tres gobiernos (Santos, Duque y Petro) han resaltado en su respectivo momento que la educación pasó a ser el rubro presupuestal de mayor destinación de presupuesto año tras año, incluso por encima de los gastos e inversiones en materia de defensa, resulta por demás paradójico y preocupante que se prendan alarmas por problemas de financiación a la instrucción superior pública.

Si bien el titular de la Contraloría admite que las universidades oficiales vienen creciendo desde los años 90 con los mismos recursos, “en lo que se ha denominado la universalización de la educación superior”, también subraya que es necesario resolver estos problemas estructurales de financiación, ya que esos pasivos se han solventado con déficit de deuda y disminución las condiciones de calidad.

Esto último resulta muy grave, no solo porque, se supone, que el aumento de la destinación presupuestal va dirigido a un incremento de la cobertura y la calidad de la enseñanza en las instituciones oficiales en todos sus niveles, sino porque el desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas internacionales estandarizadas (como las PISA que adelanta la OCDE) ha venido decayendo sustancialmente en los últimos años, incluso antes de la pandemia.

En momentos en que el Gobierno anuncia que no volverá a presentar el proyecto que convertía a la educación en derecho fundamental (que se hundió en último debate en la plenaria del Senado en junio pasado) y que optará por una reforma puntual a la Ley 30 de 1992, de Educación Superior, esta advertencia de la Contraloría debería ser tenida en cuenta en la redacción del articulado que se llevará al Congreso.