* Efecto dominó del desfinanciamiento del sistema
* Medidas urgentes, más allá del proyecto de reforma
En materia de servicios de salud, por obvias razones, lo urgente termina siendo más imperativo que lo importante. Bajo esa premisa, la prioridad en estos momentos no es lo que vaya a pasar con el accidentado proyecto de reforma a la salud en el Congreso, que una vez más se encuentra en el ojo del huracán por la negativa del Gobierno a ajustar de fondo el articulado, sino asegurar que el sistema de atención médica no entre en crisis a corto plazo por un agudo desfinanciamiento que tiene a varias EPS al borde de la iliquidez, así como a muchos hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, con el riesgo de suspender actividades.
La denuncia que hicieran las cinco cámaras de la salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que representan a toda la cadena del sistema en el país, debería llevar a la toma de decisiones, aquí y ahora, por parte del Ministerio del ramo. De acuerdo con ese gremio, hay un insuficiente flujo de recursos que está afectando las capacidades de todos los eslabones del esquema de aseguramiento y atención. De hecho, se alerta sobre cierres temporales de servicios y de camas hospitalarias, tal y como un ciclo de terminación de contratos entre hospitales y EPS. Es decir, que los afiliados corren el peligro de no ser atendidos.
Este es un asunto de extrema gravedad que no puede solventarse ni se resuelve con el contrapunteo de cifras en torno a cuánto dinero ha girado la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las EPS, qué porcentaje del mismo estas se los pagaron a las clínicas y hospitales, y qué tanto dichas entidades prestacionales pudieron cancelar a proveedores y personal con el fin de mantenerse operativos.
Lo advertido por la ANDI y la réplica inmediata de la Adres (que depende del Ministerio de Salud) debería ser objeto de una mesa técnica en la que, frente a frente, la red de aseguradoras o EPS, las instituciones prestadoras del servicio, la industria farmacéutica, los sindicatos del sector, el Gobierno, los departamentos y municipios (que cofinancian la red pública) puedan poner sobre la mesa sus cifras y, de esta forma, se establezca en dónde están las fallas coyunturales y estructurales.
Las primeras deben ser objeto de medidas inmediatas y efectivas, en tanto que las segundas se tienen que referir a lo que pasa con el polémico proyecto de reforma que continúa empantanado en la plenaria de la Cámara. Como se sabe, el informe esta semana de la subcomisión sobre las modificaciones a la iniciativa ratificó que las minorías parlamentarias gobiernistas siguen empeñadas en sus propuestas radicales de derruir el actual sistema y dar un peligroso e incierto salto a un esquema estatizado, disfuncional, introduciendo incluso un controvertido filtro politiquero a nivel local y regional.
Se entiende que hay asuntos de fondo y muy complejos. Los déficits billonarios acumulados del sistema son anteriores a la pandemia y se exacerbaron con esta. Los rezagos en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son resultado de la formación misma de este indicador clave del sistema, pero también de los porcentajes atípicos de ajuste anual sobre su valor. Igual ocurre con otros elementos financieros, de compensación, pago de incapacidades y licencias, ritmo de los giros y clarificación de cuentas. Tampoco se puede negar que hay indicadores de ineficiencia y sobrecarga de afiliados y usuarios en EPS e IPS que llevan años sin solucionarse... Todos son asuntos de primer nivel que, es claro, no se van a resolver en cuestión de días o semanas. De hecho, deberían ser la columna vertebral de una reforma enfocada a solucionar las fallas estructurales de un sistema que en tres décadas ha demostrado ser funcional. Sin embargo, como se dijo, el proyecto en el Congreso apunta a otra dirección y de allí que no avance.
Así las cosas, lo urgente es qué hacer en estos momentos. Los riesgos de EPS ilíquidas y cesando operaciones han pasado de alertas tempranas meses atrás a alarmas inminentes. Los campanazos de decenas de clínicas y hospitales restringiendo servicios ya se están traduciendo en riesgos a corto plazo. Proveedores desconfiados de seguir ofertando productos, bienes y servicios a estas instituciones se multiplican… Todo ello redunda en que la salud de los pacientes está poniéndose en peligro, en el aquí y en el ahora. El Gobierno debe dejar la pasividad y el rifirrafe político, y activar medidas de choque eficientes y tangibles. Más demoras podrían costar vidas.