* Alertas de las agencias alimentarias
* Urge voz del Gobierno al respecto
De acuerdo con el reporte la semana pasada del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) podría darse una situación de inseguridad alimentaria aguda, “que se agravará de febrero a mayo” de 2022 en tres países de América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Haití.
Específicamente el informe, “Focos de Hambre”, advierte que este flagelo ganaría terreno en nuestro país, incluyendo particularmente a los migrantes venezolanos, pero sin dejar de lado el impacto general de la pandemia, el desplazamiento interno e incluso la inestabilidad política.
Al respecto dice el documento que 7,3 millones de habitantes “precisarán asistencia alimentaria” este año, en tanto recalca que hasta julio de 2021 había algo más de un millón de venezolanos en Colombia en situación de inseguridad alimentaria, aunque en este flanco “se ha mejorado ligeramente”. Indica, asimismo, que el acceso de la asistencia humanitaria “es muy restringido y proyecta que empeore en las zonas afectadas por el conflicto”.
El tono y los datos del citado informe sorprenden, por lo cual es necesaria una respuesta categórica y clara del Gobierno, más allá de frases efímeras.
En primer lugar, porque en medio de la crisis sanitaria y sus secuelas se ha dicho con insistencia que la producción de alimentos y víveres en nuestro país ha superado esa dura prueba de fuego, inclusive a pesar del desabastecimiento causado en su momento por los paros, el bloqueo de las vías y el estruendoso vandalismo de hace unos meses.
En efecto, varios registros del Ministerio de Agricultura apuntan a que la seguridad y soberanía alimentarias de Colombia son sólidas. De otra parte, también es sabido que el Ejecutivo mantuvo, como parte fundamental de los recursos logrados en la reforma tributaria, una red de subsidios y programas de asistencia directa a los sectores más vulnerables y golpeados por la emergencia sanitaria. Una inversión billonaria que ha servido para amortiguar, en una proporción considerable, el drástico coletazo, limitando en lo posible el aumento de los niveles de pobreza, el desempleo, la caída del ingreso y sufragando el número de comidas al día por familia, morigerando en no poca medida el informe que Planeación Nacional había emitido hace un tiempo.
Por otra parte, si bien es innegable que la población migrante sufre necesidades, Colombia es ejemplo mundial en cuanto a la acogida de los venezolanos expulsados por el régimen chavista, como lo evidencia el Estatuto de Regularización decretado el año pasado, elogiado a nivel global.
En ese sentido, no sobraría también traer a colación los avances de Colombia en la última década en la lucha contra el hambre y la desnutrición. Tanto en los ya superados Objetivos del Milenio y ahora en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro país tiene índices y metas de cobertura superiores al promedio de muchas naciones. Incluso las agencias gubernamentales han dado por seguro que a 2030 se cumplirá con el compromiso de “hambre cero”.
De hecho, las últimas encuestas del DANE y otras mediciones reflejan una lenta pero gradual recuperación en esos flancos. Ahora, pues, se presenta la oportunidad de que el Gobierno, al más alto nivel posible, dé curso a una rendición de cuentas que permita acotar la información y la opinión pública pueda tener la certeza de cómo se han invertido los fondos. Porque el tema es de la mayor urgencia.
En la misma perspectiva, hay un conjunto de estrategias nacionales que merecen compendiarse y analizar sus resultados: Gran Alianza por la Nutrición, Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Innovación para la Nutrición (iniciativa transversal a América Latina y el Caribe), Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria, Plan de Alimentación Escolar, Reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional, Ley sobre Entornos Alimentarios Saludables, Ley de Compras Públicas Locales, Política Nacional para la Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos… Todo ello unido a los planes de subsidios directos e indirectos a las familias más vulnerables, así como a las políticas en materia de seguridad y soberanía alimentarias en un marco de sostenibilidad ambiental, rentabilidad agropecuaria, generación de valor agregado y garantía de acceso poblacional.
Si, como lo dice el citado informe del PMA y la FAO, “la inseguridad alimentaria se agudizará en Colombia”, el país necesita saber con exactitud si ello tiene asidero, pues se trata de advertencias de los máximos organismos mundiales en la materia. No es entonces, para nada, un tema menor. Por el contrario, pocas veces, como esta, se necesita escuchar la voz del Gobierno, ya que se está hablando de alimentos ¡Y de hambre!