* Baja interacción Petro-mandatarios electos
* Ejecutivo debe dejar atrás resaca electoral
A poco más de dos semanas para que se posesionen los gobernadores y alcaldes elegidos el pasado 29 de octubre, la interacción entre los mandatarios entrantes y el Gobierno nacional no ha sido la más fluida. Por un lado, porque la Casa de Nariño, en una maniobra poco clara, no solo trató de hacer una acomodaticia y caprichosa división entre mandatarios seccionales y locales cercanos o lejanos a sus tesis ideológicas, sino porque, en un hecho inédito, el Presidente de la República se reunió primero con aquellos titulares departamentales que considera afines y luego con los que ve en la otra orilla política.
Solo esta semana, en la clausura del seminario de inducción que la Escuela Superior de Administración Pública y su Escuela de Alto Gobierno dictaron en Cali para las nuevas autoridades territoriales, el presidente Petro tuvo un primer contacto formal, en un solo recinto, con los alcaldes y gobernadores electos. Entre las pocas excepciones a este tipo de escenarios colectivos, estuvo un encuentro directo con el burgomaestre electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en Dubái, en el marco de la COP 28, días atrás.
Tampoco ayuda en la intención de tender puentes con los nuevos gobiernos regionales y locales el que desde el gabinete resulte evidente que buscan marcar las distancias a las agremiaciones de gobernadores y alcaldes. De hecho, en otra circunstancia insólita, a la de los mandatarios seccionales pareciera que la Casa de Nariño la considerara de oposición.
Es claro que en los comicios regionales y locales las toldas oficialistas fueron las grandes derrotadas, ya que el mapa político giró de forma contundente a la centroderecha. También resulta innegable que los actuales alcaldes y gobernadores de centroizquierda dejan sus cargos con índices de favorabilidad muy bajos y gestiones altamente criticadas. En uno y otro escenario pesa mucho el ritmo accidentado, caótico y poco productivo que ha caracterizado al primer tercio de la administración Petro.
En ese orden de ideas, mal hace el presidente en querer prolongar las tensiones de la campaña electoral a lo que será su interacción con los gobernadores y alcaldes que comenzarán a despachar desde el próximo 1 de enero. Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, constitucional y legalmente es imperativa la coordinación del Gobierno Nacional Central con las administraciones departamentales y municipales. El primero no puede prescindir ni abstraerse de las segundas ni viceversa.
Esa coordinación institucional es obligatoria y no puede supeditarse a criterios subjetivos. Traigamos, por ejemplo, a colación un hecho de esta última semana: la controvertida decisión gubernamental en cuanto a derogar el decreto que permitía a las autoridades actuar contra quienes consumieran drogas en sitios públicos en donde haya presencia de menores de edad. La mayoría de los alcaldes de ciudades capitales, intermedias y municipios advirtieron la gravedad de dicha medida, ya que limita la operatividad policial para combatir el microtráfico y alejar a los jíbaros de los entornos escolares y de alta afluencia de niños y adolescentes. Se equivoca gravemente el Ejecutivo al tomar esta clase de determinaciones ‒claramente ideologizadas‒ sin consultar ni medir el efecto que en el día a día de los gobiernos locales tiene debilitar el accionar de las autoridades.
Pero no fue el único hecho que en los últimos días evidenció la necesidad de que el Gobierno corrija su interacción con los mandatarios territoriales: el asesinato y desmembramiento de la menor en Cali; la racha de casos de sicariato en distintas zonas; la oleada de masacres; las protestas de conductores por las alzas en combustibles; los problemas en algunos peajes; la siniestralidad vial en alza; las alertas crecientes sobre el impacto del fenómeno del Niño; la crisis en hospitales y clínicas de muchos municipios; las denuncias de corrupción y desgreño de recursos públicos… En las medidas para enfrentar estas y otra infinidad de situaciones diarias se requiere el concurso acompasado de directrices del orden nacional, departamental y municipal. No actuar en esa dirección, dejaría al país como un archipiélago sin comunicación mínima y eficaz entre sus islas, generando además cortocircuitos administrativos, choques jurisdiccionales, duplicidad de funciones y falencias en focalización presupuestal, entre otros yerros que, obvio, perjudican a la población en general.
¡Ojalá!, en estas dos semanas que restan para el relevo en el poder territorial, desde la Casa de Nariño y la nómina ministerial haya un cambio de actitud, en el que se deje de lado la resaca política y electoral, y se entienda que en departamentos y municipios urgen medidas de choque, las mismas que le corresponde al Ejecutivo nacional liderar, consensuar y direccionar, en concurso respetuoso y proactivo con gobernadores y alcaldes. Ya en la pandemia se vio como la falta de coordinación y jerarquización en la cosa pública demoró en algunas zonas el operativo sanitario y ello pudo haber costado vidas.