Una de las normas más demandadas en los últimos años ha sido la reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado por el actual Congreso y que le permitirá a la Nación recibir no menos de 80 billones de pesos en el cuatrienio, constituyéndose como la carta de impuestos de mayor valor en la historia fiscal del país.

Sin embargo, tan pronto como esa ley fue sancionada, empezaron a interponerse ante la Corte Constitucional una serie de demandas alegando vicios de forma y de fondo en su aprobación. Al final, fueron 61 las causas elevadas ante el alto tribunal, de las cuales terminaron siendo admitidas 26.

Si se revisan los tiempos que tiene la Corte para emitir los respectivos fallos, se encuentra que ya hay algunas demandas que están entrando en la fase de fallo, e incluso tienen ponencias ya proyectadas que se espera que empiecen a ser sometidas al análisis del pleno de los magistrados en próximas semanas.

Hay mucha expectativa en instancias políticas y económicas por el sentido de las decisiones que se apresta a tomar el máximo tribunal, sobre todo porque algunas de las demandas apuntan contra artículos que, si llegaran a caerse en el examen de exequibilidad, significarían una disminución sustancial de recursos que ya están contemplados en las cuentas fiscales del Gobierno e incluso provisionados en el Presupuesto General de la Nación 2024, cuyo proyecto se encuentra en estudio en estos momentos en el Congreso. Como se sabe, ya la Procuraduría emitió conceptos en muchas demandas, dándoles la razón a los accionantes.

Lo importante es que los fallos empiecen a conocerse, ya que es necesario aterrizar las cuentas fiscales oficiales, sobre todo en momentos en que los déficits aumentan y la economía sigue en plena descolgada. De igual manera, hay muchos sectores productivos que requieren claridad en torno a cuál es el volumen de impuestos que deben pagar y su impacto dentro de la estructura de costos, balances y márgenes de rentabilidad.

En el Congreso, por ejemplo, no pocos senadores y representantes han advertido que si la Corte llega a tumbar artículos que sean vitales dentro de esta reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda debe estar presto a realizar recortes más drásticos en los gastos de funcionamiento e inversión, ya que los recursos destinados al servicio de la deuda son muy inflexibles. Otra opción sería recurrir a dineros que no se han gastado en muchas entidades que presentan niveles críticos de ejecución presupuestal.