* Encuesta y Asofondos lanzan más alertas
^Congreso debe escuchar clamor ciudadano
Una de las consignas más reiteradas en las marchas multitudinarias del domingo pasado fue, precisamente, la oposición creciente a los alcances de la reforma pensional que está tramitando el Congreso. A las voces de gremios y expertos que han advertido durante un año la inconveniencia y riesgos que implican varias de las propuestas centrales de esa iniciativa que es discutida en la plenaria del Senado, hay que sumar la opinión expresada por esa marejada humana que participó en las movilizaciones de hace dos días urgiendo del Gobierno y el Congreso que escucharan sus reclamos y reservas sobre el ajuste al sistema de jubilación.
Ese sentir ciudadano mayoritario fue confirmado, además, por una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría a petición de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), cuyos resultados fueron dados a conocer, precisamente, ayer. La conclusión general es el estado de alerta entre la población por los cambios que contiene la polémica reforma.
Por ejemplo, frente al intento de estatización en el manejo de los recursos de las pensiones, el 72% de los consultados urgió que sus ahorros para la jubilación sean depositados en una cuenta administrada por expertos, en tanto que solo un minoritario 28% está de acuerdo con que sea el Gobierno el que maneje esos recursos.
Esta postura, afortunadamente, ya parece haber tenido una respuesta anticipada en el Parlamento, en donde se abrió paso, a contracorriente del Ejecutivo y su coalición, una alternativa para que sea el Banco de la República el que administre los dineros de las pensiones del sistema de prima media, mediante un fondo-cuenta autónomo, sin injerencia directa de los gobiernos de turno.
Frente a otros de los ejes del articulado de la reforma, el que establece que a Colpensiones deben ir obligatoriamente las cotizaciones de quienes devenguen hasta 2,3 salarios mínimos mensuales y solo de allí en adelante el trabajador tendrá la libertad de elegir si se queda en el régimen de prima media o deposita sus ahorros en los fondos privados, la citada encuesta señala que el 87% de los consultados está a favor de poder elegir a qué entidad del sistema público o privado autoriza el manejo de sus aportes para una mesada de jubilación.
Vista la intransigencia y radicalización gubernamental, el Congreso, que es un órgano de democracia representativa, es decir que los senadores y representantes a la Cámara deben encarnar el mandato popular, debería poner atención a otro de los resultados clave de la encuesta: si bien la mayoría de los consultados está de acuerdo con que, dentro del llamado “pilar solidario”, se otorgue una ayuda a las personas que por distintas circunstancias no alcanzaron el mínimo de semanas cotizadas para acceder a una pensión que los proteja en su vejez, también advierten que esos recursos tienen que salir de las arcas del Estado y no deben ser financiados con los recursos que cotizan los trabajadores.
Y como si faltara una opinión técnica más, que se sume a las expresadas de forma reiterada -pero poco escuchadas- en los últimos meses, ayer Asofondos volvió a recalcar que tal como avanza la aprobación del proyecto de reforma es claro que destruye el ahorro de los trabajadores y hace insostenible un sistema pensional a mediano y largo plazos.
En la misma línea de lo señalado por uno de los máximos voceros en entrevista dominical con este Diario, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia llamó al Congreso a corregir el articulado de forma tal que aborde de manera efectiva los desafíos estructurales del sistema y asegure la protección del ahorro de más de 19 millones de trabajadores. Recalcó que la actual iniciativa no toma en cuenta factores determinantes como el declive en la tasa de natalidad y el envejecimiento demográfico. Tampoco garantiza la sostenibilidad financiera y cobertura del esquema de jubilación, al punto que la propia Ministra del Trabajo habla de la necesidad de una nueva reforma en 15 años.
En cuanto a la reducción del umbral de cotizaciones exclusivo para Colpensiones (que inicialmente era de cuatro, luego tres y ahora se fijó en 2,3 salarios mínimos mensuales), Asofondos alerta que es una medida insuficiente y va a lesionar el ahorro de los trabajadores, que no solo se verán obligados a cotizar al fondo público sino que la mayoría de los afiliados, un 82%, perderá las rentabilidades de que hoy gozan con su ahorro en los fondos de cuenta individual.
¿Escuchará el Congreso el clamor ciudadano expresado el domingo en todo el país? ¿Atenderán senadores y representantes a las conclusiones de la encuesta de la ANDI? ¿Harán eco alguno al análisis técnico y especializado de Asofondos sobre los vacíos y riesgos del articulado en discusión? Esas son las tres preguntas que ayer se plantearon de cara a la plenaria del Senado que arrancó semana con la tarea de abordar los temas más gruesos del ajuste al sistema de jubilación que tiene en alerta a todos los colombianos.