La opinión pública es zarandeada por la polémica que se ha desatado en un vaso de agua por cuenta de la defensa de Colombia, que el Gobierno, como era su deber hacerlo, para que no nos condenaran en ausencia, le encargó al prestigioso profesional Rafael Nieto Loaiza. Los enemigos a ultranza del Estado colombiano y de los defensores del orden, por lo tanto de las Fuerzas Armadas, sostienen la tesis francamente inconducente y errada, de que el Estado no debiera defenderse. Ellos preferirían que nuestros litigantes llegaran con los calzones abajo y se rasgaran las vestiduras y entraran en hipócritas sollozos como en la antigüedad bíblica, para declararse culpables y pedir que condenaran al Estado colombiano. Eso provocaría los aplausos de la izquierda contestataria y, entonces, dirían que Nieto Loaiza, no solamente es un brillante jurista, sino un héroe, un ser excepcional al que le queda grande este país, con las frases de cajón que se acostumbran emplear entre nosotros para exaltar a los que sirven de idiotas útiles a los enemigos de la sociedad. Puesto que, en torno de los hechos criminales y luctuosos del Palacio de Justicia, se ha querido montar el mito de que el Estado es culpable desde el momento que intentó repeler el feroz ataque armado, cuando es evidente que aun desde el aspecto del derecho natural, como de las distintas escuelas filosóficas y jurídicas, del derecho sagrado a la defensa de la vida de los hombres y las sociedades ese es un pilar del orden civilizado. Lo contrario sería condenar los Estados a la impotencia y el suicidio a manos de los comandos extremistas que pretenden descalabrar la sociedad por medio de la violencia.
Es falso que el defensor de Colombia Rafael Nieto Loaiza desconozca fallos anteriores de la justicia colombiana, puesto que no existe un fallo concluyente en ese sentido. Lo que se observa en las intrincadas investigaciones que se han efectuado para intentar esclarecer los hechos, es que en los procesos e instancias judiciales se presentan numerosas contradicciones, confusiones y dislates. Resulta inequívoco que: ”en ninguna de las sentencias hay un fallo final”. Los testigos dicen una cosa en los estrados judiciales y lo contrario en otros, se dan casos en los que aparecen en un lugar y se comprueba que estaban en otra parte, por lo que es evidente que se trata de maniobras en las cuales se intenta desviar la investigación. Es comprensible que las familias de las víctimas de todos los bandos, puesto que todos son colombianos, bajo el efecto lacerante del dolor y desconsuelo de perder a sus seres queridos clamen por la justicia, lo que no quiere decir que por eso se debe declarar contra sana lógica al Estado culpable de la operación subversiva. Eso significaría sentar la doctrina disolvente que tanto les agrada a los que promueven la destrucción de los valores civilizados, que los que asaltan el Estado son inocentes per se, mientras que los defensores son culpables sin atenuantes, que sería como consagrar la desintegración del Estado mismo.
Como lo plantea el defensor de Colombia en su oficio de 42 páginas del sábado 24 de noviembre de 2012, que presentó a la Corte Interamericana de Justicia, en cuanto a las sentencias penales conocidas hasta hoy en el caso del Palacio de Justicia, son distintas, no son coincidentes, muestran diferencias sustanciales y no pueden ser consideradas como infalibles. En unos casos, como lo declara en su escrito se dice que los desaparecidos fueron 11 y en otros que 2. Lo cual indica que lo que se encuentra en estos fallos son diferencias abismales, que no pueden producir los mismos resultados y que obligan a que persistan las dudas sobre el sesgo con el cual se ha procedido. Resulta incontrovertible que en algunos casos lo que se procura es condenar al Estado y como tal a la sociedad, con la finalidad de absolver a los asaltantes del Palacio de Justicia. Una cosa es que los subversivos se beneficien de las concesiones que hizo el Gobierno para llegar a un acuerdo de desmovilización y desarme con el M-19, otra muy distinta desconocer que al atacar el templo de la justicia se hicieron responsables de las reacciones que por cuenta de la sociedad convulsionada y la fuerza pública se produjesen. Se trataba de salvar la vida de los magistrados, los funcionarios judiciales, los abogados y el público en general, atrapado en el cruce de disparos.
Rafael Nieto, con valor civil capitanea la defensa del Estado. Sería aberrante claudicar en un Tribunal Internacional; ningún soldado de Colombia asumiría la protección de la sociedad, si por defender el templo de la magistratura se le condena. Es evidente que con sofismas se quiere confundir a la sociedad y al Gobierno. Se busca que el Estado se declare culpable para, indirectamente, absolver a los insurgentes.