* Necesidad de un diálogo eficaz
* La advertencia del Fiscal General
El presidente Duque convocó ayer a un diálogo con todos los sectores para buscar soluciones en medio de la crítica situación que vive el país. Está bien que así sea, siempre y cuando ese ejercicio llegue a conclusiones claras y vinculantes, porque el resto sería incurrir en un dialogismo sin resultado efectivo.
Desde luego, se trata de desterrar la violencia como mecanismo de vocería política y en ese sentido el Jefe de Estado ha dicho que solo convocará a los sectores pacíficos. Como siempre el vandalismo es ciertamente una variante del terror y su interés no es llegar a soluciones, sino crear zozobra y desasosiego.
Y a esos efectos, cuando no hay disposición al diálogo, sino a la anarquía y la desestabilización, los mecanismos constitucionales exigen salidas de otra índole claramente establecidas en la ley.
Hay sectores del Centro Democrático que, inclusive, vienen pidiendo la declaratoria del Estado de Conmoción Interior. Por lo pronto, el Primer Mandatario ha aducido la posibilidad de la “asistencia militar”, proveniente del Código de Policía y soportada en las providencias de las altas cortes colombianas, como mecanismo de acción institucional en procura de hacer prevalecer la autoridad y el orden, dentro de los cánones de los derechos humanos en que se respaldaron esas normativas.
Asimismo, las autoridades emitieron ayer un resultado de las jornadas de los últimos días. El Ministerio de Defensa reportó que 579 policías han resultado lesionados, varias estaciones atacadas y muchos vehículos y motocicletas vandalizadas, aparte de los innumerables daños en la infraestructura pública y privada. Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró que se ha producido alrededor de una veintena de personas muertas y 87 se encuentran desaparecidas. La Procuraduría anunció, igualmente, que investigará todas las denuncias de presuntas actuaciones irregulares de la Fuerza Pública.
De otro lado, la situación colombiana llegó a instancias internacionales. El Departamento de Estado norteamericano hizo ayer un llamado al gobierno Duque tanto para instaurar el diálogo político como para que la Fuerza Pública actúe con la máxima moderación en el control de las protestas. En el último sentido también se pronunciaron la Unión Europea y las Naciones Unidas.
Uno de los lugares más afectados, como se sabe, es la ciudad de Cali. Allí el Fiscal General advirtió que se logró determinar que los desórdenes y hechos vandálicos ocurridos en los últimos días tendrían una relación con estructuras del narcotráfico, el Eln y disidencias de las Farc que operan en el Cauca. El jefe del ente acusador agregó, asimismo, que se están investigando tanto los hechos violentos protagonizados por algunos participantes en las movilizaciones como las denuncias contra el accionar de la Fuerza Pública en todo el país.
En medio de este preocupante panorama hoy se llevará a cabo otra jornada de protesta citada por las centrales obreras, que genera alerta no solo por el caldeado clima de orden público sino porque el país sigue atravesando el tercer pico de la pandemia y la tasa de contagios y muertes por el coronavirus escasamente cede.
Como se dijo al comienzo, lo importante es que el dialogo convocado por el Gobierno sea productivo y tenga un norte claro. De entrada el Jefe de Estado señaló cuatro elementos básicos: rechazar todas las formas de violencia, acelerar el Plan Nacional de Vacunación, repotenciar la reactivación económica y - como tanto hemos insistido - asegurar la financiación de los programas sociales para los millones de familias más golpeadas por la emergencia sanitaria.
Es, como se ve, una agenda muy amplia, sobre la cual se espera que todos los sectores aporten ideas concretas para cumplir los objetivos. Hay que actuar con realismo, sindéresis y ponderación. No se trata, en modo alguno, de que estos espacios se conviertan en una torre de babel, tampoco en escenarios de pulsos ideológicos ni políticos, y mucho menos que desemboquen en un interminable río de propuestas de reformas y cambios institucionales, legales y constitucionales.
Sin embargo, como lo reiteramos en el editorial de ayer, la búsqueda de consensos y salidas a los distintos flancos de la actual crisis solo avanzará en un escenario que sea respetuoso del principio de la ley y autoridad. En modo alguno se puede dar pie a que los violentos crean que por la vía de profundizar el vandalismo y el caos pueden presionar la toma de decisiones. El Estado Social de Derecho, como garante de las garantías fundamentales de todos los colombianos, debe prevalecer sin lesión alguna. Esa es la base de la legitimidad institucional.