* Urgente respuesta a alerta de la Procuraduría

* Inadmisibles demoras en elección de titulares

 

La vigilancia en tiempo real, con enfoque preventivo, utilizando todos los recursos humanos, los nuevos mecanismos de inteligencia artificial y la capacidad coordinada e interinstitucional de los entes de control constituye la base de la estrategia contra la corrupción, el desgreño administrativo y la ineficiencia estatal.

Por lo mismo, cualquier señal de alerta sobre dificultades en la implementación de esa hoja de ruta exige tomar medidas de fondo y correctivas urgentes.

En ese orden de ideas, prende las alarmas el llamado que hiciera la Procuraduría General a los municipios y departamentos que aún no terminan el proceso de elección de contralores territoriales para el periodo 2022-2025.

Como se sabe, tras muchos años en que la escogencia de estos funcionarios estuvo atada a la politiquería y la malsana connivencia entre vigilantes y vigilados, dando origen en no pocas ocasiones a aberrantes casos de corrupción, cartelización de contratistas, ‘elefantes blancos’, ineficiencia oficial y malgasto de recursos y bienes públicos, en 2019 se aplicó una reforma de fondo.

Mediante el acto legislativo 04, que estableció el nuevo Régimen de Control Fiscal, se determinó que los contralores territoriales se eligen ahora de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en una convocatoria pública. Este ajuste disminuyó la discrecionalidad que existía antes para que asambleas y concejos direccionaran la convocatoria pública y maniobraran con los términos de las mismas, muchas veces con fines non sanctos.

De igual manera se establecieron otros controles relacionados con los exámenes de conocimiento y probidad que se aplican a los candidatos, la asignación de puntajes a la entrevista y la ponderación de la experiencia, entre otros.

Otro cambio clave es que los contralores regionales y locales tendrán un periodo de cuatro años, que no podrá coincidir con el del correspondiente gobernador y alcalde, rompiendo así los vasos comunicantes entre las administraciones de turno y los titulares de los entes de control fiscal. Precisamente por ello es que la escogencia se está realizando este año, ya que los actuales titulares de gobiernos regionales y locales cumplieron en enero pasado la primera mitad de sus mandatos.

De acuerdo a lo advertido esta semana por el Ministerio Público pasados seis meses de la fecha en la que las 65 corporaciones debían elegir contralor, solo 58 municipios han seleccionado al funcionario y siete entidades territoriales (los departamentos de departamentos de Caldas, Tolima, Amazonas, San Andrés y Vichada, así como los municipios de Cartagena y Barrancabermeja) aún están adelantando ese proceso. Se trata, de acuerdo a la Procuraduría, de una situación preocupante dadas las implicaciones para los municipios al no contar con el órgano de vigilancia en pleno en sus territorios. Incluso, la demora está afectando ya la vigencia del periodo cuatrienal de los contralores.

La entidad de control disciplinario viene adelantando un monitoreo permanente a todo el proceso, a tal punto que en octubre pasado requirió información de las siete universidades en las que se concentraron la mayoría de los procesos de selección. Con base en lo encontrado, se determinó abrir 57 actuaciones preventivas y 18 procesos por posibles conflictos de interés, incumplimiento de las normas del concurso, irregularidades en la aplicación de las pruebas, yerros en los requisitos habilitantes por parte de los aspirantes y presuntas inhabilidades.

Es imperativo que se acelere, dentro de los términos del debido proceso, la escogencia de los contralores territoriales y municipales que faltan. Es muy riesgoso el vacío o la interinidad en los entes fiscalizadores, más aún en época electoral. Por igual, deben mantenerse todos los ojos abiertos para evitar que diputados y concejales incurran en alguna irregularidad en el proceso de elección. No hay que olvidar que la Procuraduría y la Fiscalía han adelantado no pocos procesos disciplinarios y penales a los legislativos regionales y locales por este concepto.

Por lo pronto, resulta urgente que se dé una respuesta al llamado que hizo el Ministerio Público, estableciendo de paso las responsabilidades individuales, ya sea por acción u omisión. No se puede permitir que este tipo de anomalías se extienda y que la vigilancia a la cosa pública en los territorios quede en el limbo y la interinidad.

A pocas semanas de que el nuevo Congreso arranque su periodo cuatrienal, teniendo como tarea inicial la elección del Contralor General (para lo cual ya hay una lista de 10 elegibles derivada de un concurso de méritos), es mala señal lo que está ocurriendo en distintos departamentos y municipios con los entes de control respectivos.