- Mecanismo clave para reactivar economía
- Tecnología facilita participación ciudadana
Se estima que a la fecha existen 10.200 procesos de inversión paralizados por no haberse podido realizar las consultas previas ciudadanas que se requieren. Si se desea reactivar la economía, tan golpeada hoy por la pandemia (tanto en los proyectos de inversión pública como de los privados), es indispensable solucionar cuanto antes este cuello de botella.
Después de muchos titubeos por parte del Gobierno, que no ha logrado tramitar a la fecha una ley que reglamente el complejo asunto de las consultas previas, la semana pasada el Ministerio de Minas y Energía anunció que empezaría a hacer consultas previas virtuales para desentrabar un sinnúmero de proyectos energéticos paralizados por la falta de este requisito. Hay que saludar esta decisión de esa cartera y hacer votos para que pronto dicho procedimiento se extienda a otros sectores distintos del energético, en donde hay muchos proyectos de inversión trabados por la misma razón.
No existe ninguna razón válida para que las consultas previas no puedan surtirse por la vía virtual, exista o no pandemia. En épocas de normalidad, todos los ministerios y entidades públicas deben “colgar” en sus páginas web los proyectos de decretos y resoluciones que se dispongan a expedir, esto con el fin de informar a la ciudadanía de la legislación que está en camino y recibir sus comentarios. Igualmente, la mayoría de los organismos internacionales (por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que agrupa casi una centena de países) debe también anunciar por la vía electrónica cualquier reglamentación que se disponga a implementar, a fin de recibir observaciones previas de cualquier país miembro que lo considere pertinente. Con idéntica lógica las consultas previas, en Colombia, pueden y deben también tramitarse de manera virtual.
Si esto es así en momentos, como se dijo, de normalidad, mucho más urgente y funcional resulta este trámite por la vía virtual (como en buena hora lo anuncia el Ministerio de Minas y Energía) en circunstancias extraordinarias, como las de pandemia y de confinamiento que estamos viviendo. Si en medio de la emergencia se han virtualizado la educación, los trámites judiciales, las relaciones laborales y las conferencias, entre muchas otras actividades, con igual razón deben virtualizarse las consultas previas en esta difícil época de cuarentenas poblacionales. Es más, no debe olvidarse que Colombia es una de las naciones con mayor lapso de restricciones a la movilización ciudadana en todo el planeta.
Algunos sectores y activistas han aducido que no es viable tramitar consultas previas por la vía virtual pues en muchas regiones no existe infraestructura tecnológica y cobertura de internet adecuadas para llevarlas a cabo. Este argumento, sin embargo, no es sólido. Incluso si alguna dificultad técnica existiera, es fácilmente superable, ya que la red tecnológica de que dispone el país cubre una superficie cada vez mayor de la geografía nacional. Y cuando en algún lugar donde deba llevarse a cabo la consulta previa subsistieren problemas técnicos, los responsables del proyecto de inversión y el Estado están en la obligación de dotar la infraestructura técnica para facilitar que las comunidades respectivas puedan ejercer su derecho de manera plena y amplia. Siempre hay un casco urbano o un lugar comunitario cerca de donde se deba llevar a cabo la consulta y de allí se puede utilizar la infraestructura necesaria que permita poner en marcha la virtualidad efectiva y participativa.
Otro tanto puede decirse de los licenciamientos ambientales que, a la par de las consultas previas, tienen paralizados muchos proyectos de inversión en el país. Es apremiante acelerar sus procedimientos. De lo contrario, no será posible reactivar la economía nacional, sobre todo ahora cuando más se necesita.
La gran tarea que tiene Colombia por delante, consistente en recuperar el aparato productivo y el empleo de la postración en que va a dejarlos la pandemia, requiere no solo ingentes recursos económicos, que habrán de provenir tanto del sector público como del privado, tal como se ha señalado desde estas páginas editoriales, sino de cambios de mentalidad con relación a muchas actitudes tradicionales. Y una de ellas debe ser la manera en que se tramiten a futuro las consultas previas, de forma tal que, presenciales o virtuales, cumplan su propósito de que las comunidades interesadas en los proyectos de inversión puedan informarse y opinar sobre su viabilidad, impactos y mecanismos de amortiguación de posibles efectos colaterales. En modo alguno son procedimientos para trabar caprichosamente las obras y programas que se enmarcan objetiva y comprobadamente dentro de los criterios de desarrollo sostenible, cuidado ambiental y principio de precaución. Como se dijo, hay muchas obras paralizadas simplemente porque los prejuicios o los intereses creados (que no son pocos en relación con las consultas previas) no las dejan avanzar. Hay que superar ese cuello de botella de una vez por todas.