La  ratificación esta semana de que a los congresistas les toca pagar de su propio bolsillo la gasolina de las camionetas que se les asignan para su seguridad así como el teléfono celular, dio lugar a algunos comentarios entre la opinión pública en torno de que se trata de cuestiones menores y sin mayor impacto en materia de austeridad y transparencia en el manejo de lo público, más aún tratándose de un país en donde la corrupción desfalca billones al año y cuando se está hablando de una institución que, como el Parlamento, es una de las más desprestigiadas.

Sin embargo, más allá de cuánto pueda costar financiar el combustible de los vehículos y teléfonos celulares que utilizan los senadores y representantes, no se puede ocultar que pagar del presupuesto público rubros como éstos causa una gran indignación en la opinión pública y hunde más la imagen del Legislativo. No se puede perder de vista lo que ha pasado con polémicas recurrentes como las referidas a los privilegios pensionales de los senadores y representantes, su monto de salario, los porcentajes de reajuste del mismo, los pasajes aéreos que se les otorgan, la financiación de sus viajes y otros gastos…

Ese marco circunstancial no se puede ignorar cuando se aborde el debate a un proyecto que ha llamado mucho la atención de los colombianos y que pretende ampliar el período de sesiones del Congreso, de forma tal que el tramo de legislatura del primer semestre no arranque a mediados de marzo sino que se anticipe a la tercera semana de enero.

Aunque los congresistas siempre han insistido que esa pausa entre mediados de diciembre y marzo no son “vacaciones”, sino que dedican el tiempo a labores de contacto con sus comunidades y atención de problemáticas regionales, lo cierto es que la percepción pública nunca ha digerido ese argumento y tacha la larga pausa de inmerecido descanso. El proyecto a debatir resucitará esta polémica y el Congreso deberá actuar con inteligencia y tacto para abordarla sin ‘quemarse’ en el trámite.