* El Parlamento no avanza en autorreforma
* Salarios siguen intactos en un país en crisis
En la multiplicidad de encuestas que se hacen al año en Colombia uno de los resultados más recurrentes es, precisamente, la alta descalificación de la opinión pública sobre el Congreso. De lejos es la institución oficial con mayor desfavorabilidad y peor imagen. En este año tan crítico para el país, debido al duro impacto socioeconómico de la pandemia, esa percepción negativa no ha cambiado. Por el contrario, la ciudadanía ha elevado su tono crítico sobre el trabajo de los senadores y representantes a la Cámara, más aún porque la productividad legislativa ha sido muy baja, en gran parte porque en el primer semestre el tramo de la legislatura se demoró un mes en arrancar debido a las cuarentenas y otras restricciones a las que se acudió para frenar la curva epidemiológica del Covid-19. Solo a mediados de abril comenzaron las sesiones virtuales, con un ritmo de por sí muy accidentado y en las que los debates de proyectos y de control político brillaron por su ausencia, precisamente en momentos en que el país necesitaba un Parlamento actuante y diligente, no solo para cumplir su rol en el plan de contingencia implementado para enfrentar la más grave emergencia en las últimas décadas, sino para dar ejemplo de solidaridad con los sectores más vulnerables y golpeados por la crisis sanitaria.
Desde el comienzo de la pandemia, tanto desde el interior del Congreso como en muchos sectores nacionales empezaron a surgir voces interrogándose sobre cuál sería la cuota de sacrificio de los 280 senadores y representantes, que están entre los funcionarios con salarios más altos del Estado, con mesadas mensuales alrededor de los 33 millones de pesos. Hubo varias propuestas sobre la mesa, desde aceptar unilateralmente un rebaja automática de los salarios del 10, 20 o 30% y destinar esos recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME); concretar un acuerdo para que todos los parlamentarios recibieran sus mesadas completas pero destinaran, de inmediato, un porcentaje para financiar mercados, insumos médicos y otra clase de ayudas para las comunidades más pobres; tramitar de urgencia un proyecto de ley para rebajar o congelar los sueldos de los “padres de la patria”; o incluso descontar de los pagos a los congresistas rubros relacionados con gastos de representación y otros auxilios y beneficios económicos, más aún porque estaban trabajando desde sus respectivas casas… De hecho, hoy todavía lo continúan haciendo. Al final de cuentas, paradójicamente, ninguna de esas propuestas terminó por concretarse, pese a que tenían gran apoyo de la opinión pública.
También se recuerda que en abril el Gobierno expidió un decreto mediante el cual creó el llamado “Impuesto Solidario”, por medio del cual estableció que los servidores públicos que ganaran entre $10 millones y $12,5 millones deberían aportar el 15% de su salario al FOME, mientras que los funcionarios con salarios entre $12,5 millones y $15 millones tendrán que aportar el 16%. Esta norma, al tenor del artículo 123 de la Carta, incluía a los congresistas como miembros de una corporación pública. Sin embargo, a comienzos de agosto la Corte Constitucional tumbó ese decreto de emergencia, incluso con efecto retroactivo, señalando que los dineros descontados se abonarían al próximo impuesto de renta de cada uno de los altos funcionarios.
Así las cosas, mientras que muchas empresas y trabajadores en Colombia han tenido que apretarse el cinturón en medio de la emergencia, los congresistas siguen recibiendo sus altos salarios. Ello pese a que en muchos países la pandemia llevó a congelar o disminuir sueldos de presidentes, parlamentarios, ministros y altos cargos.
Ahora bien, si bien es cierto que al comienzo de esta legislatura se radicaron proyectos para volver a insistir en la rebaja de salarios, el aumento del tiempo de sesiones e incluso disminuir el número de curules en Senado y Cámara, no se ve voluntad política mayoritaria para aprobarlos. No hay que olvidar que en los últimos años la casi totalidad de iniciativas destinadas a que el Legislativo se auto-reformara terminaron hundiéndose indefectiblemente. Tampoco ha tenido mayor eco en el Congreso la reciente propuesta de referendo hecha por el expresidente Uribe, uno de cuyos artículos busca, precisamente, reducir la cantidad de parlamentarios en nuestro país. Italia, el pasado fin de semana, dio una lección al respecto, ya que votó un referendo en ese sentido, logrando un apoyo mayoritario en las urnas.
Como se ve, si bien hay algunas voces aisladas en el Senado y la Cámara que apuestan por la solidaridad, la austeridad y dar ejemplo de voluntad y sacrificio al país, las mayorías parlamentarias no van en la misma dirección. Parece que poco importara ser la institución más desprestigiada del Estado. Se escuchan muchos discursos y propuestas para corregir el rumbo pero, al final de cuentas, de aquello, nada…
El Parlamento no avanza en autoreforma
Salarios siguen intactos en un país en crisis
En la multiplicidad de encuestas que se hacen al año en Colombia uno de los resultados más recurrentes es, precisamente, la alta descalificación de la opinión pública sobre el Congreso. De lejos es la institución oficial con mayor desfavorabilidad y peor imagen. En este año tan crítico para el país, debido al duro impacto socioeconómico de la pandemia, esa percepción negativa no ha cambiado. Por el contrario, la ciudadanía ha elevado su tono crítico sobre el trabajo de los senadores y representantes a la Cámara, más aún porque la productividad legislativa ha sido muy baja, en gran parte porque en el primer semestre el tramo de la legislatura se demoró un mes en arrancar debido a las cuarentenas y otras restricciones a las que se acudió para frenar la curva epidemiológica del Covid-19. Solo a mediados de abril comenzaron las sesiones virtuales, con un ritmo de por sí muy accidentado y en las que los debates de proyectos y de control político brillaron por su ausencia, precisamente en momentos en que el país necesitaba un Parlamento actuante y diligente, no solo para cumplir su rol en el plan de contingencia implementado para enfrentar la más grave emergencia en las últimas décadas, sino para dar ejemplo de solidaridad con los sectores más vulnerables y golpeados por la crisis sanitaria.
Desde el comienzo de la pandemia, tanto desde el interior del Congreso como en muchos sectores nacionales empezaron a surgir voces interrogándose sobre cuál sería la cuota de sacrificio de los 280 senadores y representantes, que están entre los funcionarios con salarios más altos del Estado, con mesadas mensuales alrededor de los 33 millones de pesos. Hubo varias propuestas sobre la mesa, desde aceptar unilateralmente un rebaja automática de los salarios del 10, 20 o 30% y destinar esos recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME); concretar un acuerdo para que todos los parlamentarios recibieran sus mesadas completas pero destinaran, de inmediato, un porcentaje para financiar mercados, insumos médicos y otra clase de ayudas para las comunidades más pobres; tramitar de urgencia un proyecto de ley para rebajar o congelar los sueldos de los “padres de la patria”; o incluso descontar de los pagos a los congresistas rubros relacionados con gastos de representación y otros auxilios y beneficios económicos, más aún porque estaban trabajando desde sus respectivas casas… De hecho, hoy todavía lo continúan haciendo. Al final de cuentas, paradójicamente, ninguna de esas propuestas terminó por concretarse, pese a que tenían gran apoyo de la opinión pública.
También se recuerda que en abril el Gobierno expidió un decreto mediante el cual creó el llamado “Impuesto Solidario”, por medio del cual estableció que los servidores públicos que ganaran entre $10 millones y $12,5 millones deberían aportar el 15% de su salario al FOME, mientras que los funcionarios con salarios entre $12,5 millones y $15 millones tendrán que aportar el 16%. Esta norma, al tenor del artículo 123 de la Carta, incluía a los congresistas como miembros de una corporación pública. Sin embargo, a comienzos de agosto la Corte Constitucional tumbó ese decreto de emergencia, incluso con efecto retroactivo, señalando que los dineros descontados se abonarían al próximo impuesto de renta de cada uno de los altos funcionarios.
Así las cosas, mientras que muchas empresas y trabajadores en Colombia han tenido que apretarse el cinturón en medio de la emergencia, los congresistas siguen recibiendo sus altos salarios. Ello pese a que en muchos países la pandemia llevó a congelar o disminuir sueldos de presidentes, parlamentarios, ministros y altos cargos.
Ahora bien, si bien es cierto que al comienzo de esta legislatura se radicaron proyectos para volver a insistir en la rebaja de salarios, el aumento del tiempo de sesiones e incluso disminuir el número de curules en Senado y Cámara, no se ve voluntad política mayoritaria para aprobarlos. No hay que olvidar que en los últimos años la casi totalidad de iniciativas destinadas a que el Legislativo se auto-reformara terminaron hundiéndose indefectiblemente. Tampoco ha tenido mayor eco en el Congreso la reciente propuesta de referendo hecha por el expresidente Uribe, uno de cuyos artículos busca, precisamente, reducir la cantidad de parlamentarios en nuestro país. Italia, el pasado fin de semana, dio una lección al respecto, ya que votó un referendo en ese sentido, logrando un apoyo mayoritario en las urnas.
Como se ve, si bien hay algunas voces aisladas en el Senado y la Cámara que apuestan por la solidaridad, la austeridad y dar ejemplo de voluntad y sacrificio al país, las mayorías parlamentarias no van en la misma dirección. Parece que poco importara ser la institución más desprestigiada del Estado. Se escuchan muchos discursos y propuestas para corregir el rumbo pero, al final de cuentas, de aquello, nada…