* Las causales institucionales
* Vacío permanente de una reforma política
Como se refleja de las encuestas publicadas en los últimos días en el país, el primer resultado es que existe confusión electoral, a partir de sus discrepancias. Y esto puede deberse, ciertamente, al hecho de que Colombia está cada vez más lejos de un sistema para los comicios que permita saber exactamente a qué atenerse. Por ejemplo, las circunstancias de promover las consultas interpartidistas para la selección de los candidatos presidenciales, pero al mismo tiempo, atarlas a las elecciones parlamentarias, no le permite a la democracia un flujo ordenado.
Como bien lo dijo el profesor Fernando Cepeda Ulloa, en una entrevista a este Diario, estos nuevos mecanismos están produciendo, de alguna manera, un escenario “electoral ficticio”.
Ya estaba claro, por anticipado, que las justas parlamentarias se vieron erosionadas por cuenta de autorizar el voto preferente, frente a lo que se suponía la presentación de una lista única por cada partido. De tal modo, se mantuvieron las ‘microempresas electorales’ en cabeza de cada aspirante, privilegiando a su vez la relación directa con el elector en lugar de las adhesiones a las ideas y los programas.
De suyo, en la actualidad, son muy pocos o casi ninguno los partidos que, primero, presentan su plataforma ideológica y, luego, los candidatos que la llevarán a cabo. Por el contrario, el interés primordial es cuál lugar se ocupa en la lista y el número en el tarjetón, mientras que se deja de lado la carta programática. Bajo esa perspectiva, quienes llegan al Congreso y supuestamente deben actuar en bancada, acorde al ideario que se planteó en la campaña, votan de manera diferente, dependiendo o no de la cercanía con el gobierno de turno y las cuotas que se tengan en este.
A ello se suma la estridencia de haber adoptado la circunscripción nacional para el Senado de la República. Hoy es claro que ese instrumento, utilizado en otras latitudes exclusivamente para la elección de algunas minorías, ha incidido negativamente en la representatividad de la democracia colombiana, dejando sin vocería a un sinnúmero de departamentos en la corporación. También elevó los costos de las campañas a cifras colosales, puesto que cada aspirante tiene que realizar una ‘minicampaña presidencial’ para lograr la curul. Y si es por voto preferente, aún más. Ello da lugar, en algunos casos, a situaciones como las que actualmente investiga la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en el proceso de Aída Merlano, pero que también hace parte de las denuncias de fraude electoral que, por lo general, quedan expósitas.
De tal modo la corrupción es patrocinada a partir de las instituciones, por medio de mecanismos como la circunscripción nacional o el voto preferente, debido, en no poca medida, a que se requiere hacer proselitismo en varios departamentos y municipios, con el agravante de que muchos de estos son olvidados por el dirigente una vez electo.
De la misma manera, la posibilidad de conseguir un aval por un partido o por un movimiento significativo de ciudadanos genera una distorsión inmediata. En ese sentido, incluso quienes están avalados por firmas no tienen responsabilidad alguna frente a quienes los respaldan con sus rúbricas, de suerte tal que entonces pueden actuar posteriormente con plena libertad e inclusive a contracorriente. Es práctica común, además, que se pague por la recolección de esas firmas, como si fuera la promoción de un evento comercial.
Ahora, como puede deducirse de las encuestas, el tema de las consultas interpartidistas de las coaliciones presidenciales ha derivado en una especie de circo de varias pistas. Efectivamente, la ciudadanía no sabe muy bien, al ser consultada, si está contestando sobre unas elecciones hacia la primera vuelta o si lo hace dentro de una consulta, para lo cual hay que tomar tiempo en la explicación. Ello evidencia que no hay ninguna pedagogía y que el Consejo Electoral o la Registraduría no han hecho algo al respecto.
Parecido a lo que ocurre en las listas parlamentarias, en el caso de las consultas interpartidistas tampoco hay un decálogo programático previo, tal y como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido con los llamados “manifiestos”, y como aquí sucede con el voto programático para gobernadores y alcaldes.
Todo lo anterior se presta, evidentemente, a que haya confusión electoral, cuando, por el contrario, eventos de este tipo deberían ser de acceso fácil al potencial votante. Es posible que ello se vaya decantando en la medida en que transcurre la campaña. Pero en todo caso, es claro que se requiere una reforma política que permita una democracia más ágil y representativa, que el Congreso no suele tocar en sus puntos esenciales.