La guerra: el drama principal

El Atlas y las realidades colombianas

La  clave del Ambiente colombiano consiste en aceptar que es un sistema complejo, diferente prácticamente a todos los que existen en los demás países. De hecho, ello se da por la humedad de la alta montaña, divergente en lo que ocurre con otras naciones similares como Venezuela, Bolivia o Perú. Por ello su estructura climática y geológica, además de su biodiversidad, que se compone del intercambio de especies entre el norte y el sur de América justo en el territorio colombiano, hacen de la nación una particularidad universal.

Entendida, pues, Colombia como una complejidad ambiental singular por su geomorfología y riqueza ecosistémica, que paralelamente debe producir un pensamiento interdisciplinario para la ordenación del territorio, resulta interesante revisar el Primer Atlas Global de Justicia Ambiental, un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Barcelona, con otras instituciones de la Unión Europea, en el que se consignan 72 conflictos socio-ambientales en el país, la cifra más alta en América Latina.

Sin embargo, para poder adentrarse en ello es imperativo comprender que el país ha vivido un conflicto armado interno de más de 50 años, para no irnos hasta la época de la Independencia, e incluso la colonial o la prehispánica, que en el fondo ha sido una lucha continúa por la ordenación y apropiación del territorio y las consecuencias sobre la degradación ambiental. En los últimos tiempos, por ejemplo, no es solo la ganadería extensiva, sino el narcotráfico y la subversión con sus cultivos ilícitos y el contrabando de madera, que se han convertido en los principales causantes de la deforestación, una de las peores máculas para mantener un ambiente sano y la protección del recurso hídrico. En resumen, un país en una guerra prolongada, como la colombiana, tiene en ello su principal conflicto socioambiental, mutando aceleradamente hacia la minería criminal.

Por eso, si bien el Atlas  resulta un primer esfuerzo laudable, no obstante la cifra de 72 conflictos puntuales se queda bastante corta. De manera que mientras es bueno resaltar los estudios de expertos y académicos sobre la materia, en especial los de la Universidad del Valle, que participaron en el Atlas, también es fundamental englobar las circunstancias generales en un país cuya motivación principal, precisamente por lo dicho, debe ser la paz.

También hay que decir, que algunos conflictos de los que se traen a cuento en el Atlas han sido paulatinamente resueltos por el país desde sus instancias ambientales, desde la sociedad civil o desde las nuevas aproximaciones de los tribunales competentes o la intervención de organismos de control. Aunque pueda ser ello un esfuerzo disperso y amorfo, en la búsqueda de una política ambiental de Estado, lo cierto es que la nación ha venido intentando acciones en torno de la depredación ambiental y la mejora en el concepto de lo que ello significa. Desde luego, la creación de conciencia ambiental todavía requiere de muchísima especificación, pero también hay que poner de relieve las conductas que se van asumiendo.

Trae a cuento dicho Atlas, por ejemplo, el caso Chiquita Brand, ya finiquitado, un pleito doloroso para Colombia en el que incluso anunció que iba a pedir la extradición al país de los implicados en Estados Unidos.

Igualmente, aunque el Atlas refiere el caso de San Andrés y los hidrocarburos, vale señalar que el Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, prohibió toda explotación petrolera en las grandes áreas de reserva coralina y que desgraciadamente, con posterioridad, fueron divididas por el reciente fallo de La Haya, donde Nicaragua ha anunciado, a diferencia del Gobierno colombiano, la virtual iniciación de la sísmica y, todavía peor, la construcción de un canal interoceánico por la zona, lo que sería la peor catástrofe ambiental de la región.

De la misma manera el Atlas clasifica entre los conflictos el caso del turismo en el Parque Tayrona, en donde ciertamente hace poco más de un año el país congeló cualquier construcción que signifique acabar el bosque seco tropical y expidió una rígida política ecoturística en Áreas Protegidas.

También se habla en el Atlas del cambio de curso del río Ranchería, en La Guajira, situación que fue desestimada hace un año por todos los actores, no solo por el Gobierno que puso en duda la licencia ambiental a los efectos, sino por la misma empresa del Cerrejón que clausuró esa posibilidad. 

Trae a cuento el Atlas, con razón, la desordenada expedición de títulos mineros en los mandatos de Álvaro Uribe, pero también hay que decir que actualmente la Agencia Nacional Minera anuló más del 50 por ciento de ellos. De otro lado, al abrirse la nueva ronda minera, el Ministerio de Ambiente creó, por primera vez en la historia, una Reserva Temporal de Recursos Naturales Renovables de 10 millones 500 mil hectáreas, para eximirla de minería y convertirla en Áreas Protegidas de máximo nivel, como ocurrió con el Parque de Chiribiquete en la Amazonia.

Lo mismo hay que decir de la puesta en cintura a la compañía carbonera Drummond, a la que el Atlas hace referencia sin los acontecimientos del último año, y a la que en ese lapso no solo se le suspendió en su momento el cargue en barcazas y se le impuso la más alta multa posible en la legislación colombiana por el manejo del mineral en el mar, sino que se le obligó al cargue directo en los tiempos señalados por la ley.

De otro lado, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han intervenido en casos fundamentales, bien la primera en el Parque Puinawai y sus alrededores para evitar, entre otros, la minería subversiva del coltán, como en el río Bogotá, donde el segundo generó un fallo histórico para invertir seis billones de pesos en su descontaminación, evitando los conflictos socio-ambientales que se venían presentando, entendido también que el Gobierno en el último año y medio destinó ya un billón y medio de pesos a los efectos.

Los anteriores y muchos ejemplos más de resolución pueden darse. Pero cierto también que hay varios de los conflictos del Atlas y muchísimos más por resolver. Eso sí, sin nunca perder de vista que el principal conflicto socioambiental que hay en Colombia es la guerra, la máxima depredadora socioambiental de que se tenga noticia.

Es la guerra la máxima depredadora ambiental de que se tenga noticia