* Un mandato popular para corregir las reformas
* ¿Gobierno apuesta deliberadamente al fracaso?
Pasadas las elecciones regionales y locales que marcaron un nuevo mapa de poder territorial en el que los dos grandes derrotados fueron los partidos de izquierda y el gobierno Petro, el foco político se concentra de nuevo en el Congreso, en donde la agenda legislativa se encuentra trabada desde comienzos de año por cuenta del paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Para nadie es un secreto que la productividad parlamentaria ha sido muy baja en la primera y lo va corrido de esta segunda legislatura. De hecho, entre el 20 de julio y finales de octubre la prioridad de los senadores y representantes no estuvo en el trámite de proyectos como tampoco en los debates de control político. En realidad, gran parte del tiempo se dedicó a la campaña proselitista sabido que es en los departamentos y municipios en donde los congresistas tienen su principal base popular y en donde cada cuatro años se juegan su preeminencia electoral y todo lo que de ella se deriva en materia de cuotas de poder, representatividad burocrática y margen de acción frente a las instancias nacionales.
Finiquitada la campaña, tanto la Casa de Nariño como las principales bancadas saben que ahora deben apretar el acelerador en las comisiones y plenarias de Senado y Cámara de Representantes con el fin de evitar que muchas iniciativas de ley y acto legislativo terminen hundiéndose. Ya se habla, incluso, de un plan de choque en el que, calendario en mano, las directivas de ambas corporaciones quieren señalar la ruta crítica de los principales proyectos con el fin de que puedan ser aprobados o avanzar lo suficiente antes de la tercera semana de diciembre, cuando termina este primer tramo de la segunda legislatura, sin descartar que haya necesidad de citar a sesiones extraordinarias.
Todo ello está bien desde el punto de vista de la mecánica de los tiempos de los debates. Sin embargo, la realidad política no responde a urgencias formales del calendario legislativo. Por el contrario, es el elemento imperativo para determinar la viabilidad o no de tal o cual proyecto de ley o reforma constitucional. Y es allí, precisamente, como lo hemos reiterado en estas páginas, en donde el Gobierno debe entender, de un lado, que no tiene las mayorías en comisiones ni plenarias para forzar la aprobación de algún proyecto y, en consecuencia, solo si procede a una concertación real, efectiva y rápida de los articulados de las reformas laboral, de salud, pensiones y educación, estas podrán avanzar.
Si no procede en esa dirección, las iniciativas simplemente se hundirán, más ahora que el resultado electoral del 29 de octubre fue un plebiscito contundente contra la accidentada gestión de Petro y sus políticas. Mandato popular que, como es apenas obvio, las bancadas de los partidos deben reflejar en sus decisiones parlamentarias. Este es un elemento nuevo y determinante frente a lo que venía ocurriendo desde la radicación de los proyectos en febrero y marzo pasados e incluso tras la ruptura de la coalición parlamentaria mayoritaria, que llevó a que los partidos Conservador y de La U pasarán a la independencia y el Liberal le marcará muchas distancias al Ejecutivo, en tanto la oposición se fortaleció con el alineamiento allí de Cambio Radical junto al Centro Democrático. A ello deben sumarse las fisuras en la Alianza Verde, además del debilitamiento político del Pacto Histórico, coalición base oficialista.
Como se sabe, la Casa de Nariño se ha negado de manera sistemática a consensuar el contenido de sus polémicas reformas. Esto llevó al naufragio del primer texto de la laboral en junio pasado, radicando uno nuevo en agosto, en tanto que los proyectos: pensional y de salud, están casi que congelados en las plenarias de Senado y Cámara respectivamente. La última apuesta, referente a la reingeniería en educación (que está contemplada en dos iniciativas), no tiene todavía ponencia para primer debate.
Visto todo ello, la conclusión es inesquivable: solo la concertación salvará las reformas gubernamentales. Hay que disminuir su radicalidad ideológica, el anacrónico enfoque estatista y dar cabida a las voces de expertos para corregir las falencias de sistemas que han demostrado viabilidad, pero urgen ajustes objetivos. Por más que la Casa de Nariño y el Ministro del Interior acudan a maniobras burocráticas para tratar de ‘reclutar’ a uno que otro congresista, será muy difícil que consigan los votos suficientes en comisiones y plenarias para aprobar las reformas o cualquier otra iniciativa de ley o acto legislativo que impulse el Ejecutivo. La realpolitik así lo indica y tratar de desconocer esa circunstancia es, simple y llanamente, una apuesta consciente y deliberada al fracaso.