* Causas estructurales y coyunturales
* Más allá del refuerzo policial

El debate por la inseguridad urbana está prendido en todo el país. Los índices de delitos de alto impacto están creciendo en varias ciudades y municipios, sobre todo en cuando a robos e incluso homicidios. Cómo es apenas obvio, en el centro de la polémica están los alcaldes, ya que ellos actúan, por mandato legal, cómo jefes de policía y encargados de garantizar la convivencia ciudadana.

¿Qué está pasando? Hay varias razones que podrían explicar el deterioro. Para algunos expertos resulta evidente que los porcentajes de incidencia criminal este año sean mayores a los del año pasado, toda vez que entre marzo y julio de 2020 estuvieron vigentes los tramos de cuarentena más drásticos por cuenta de la pandemia, lo que disminuyó de manera ostensible la cantidad de personas en espacios públicos y, por ende, el riesgo de ser víctimas de los facinerosos.

Pero, claro está, hay otras causas. Por ejemplo, es evidente que hay un peligroso reciclaje de la violencia a nivel local y regional, producto no solo de los graves vacíos en la desmovilización de las Farc, sino por la forma en que facciones disidentes y reincidentes, junto al Eln y otras bandas criminales entraron a competir a sangre y fuego por los corredores del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos derivados.

Tampoco puede esconderse que el impacto social y económico de la pandemia llevó a centenares de miles de personas a la pobreza y el desempleo. Lamentablemente, una ínfima parte de éstas desembocaron en el crimen.
Algunos alcaldes y gobernadores también sostienen que un problema de amplia magnitud es el relacionado con la reincidencia delincuencial. Es decir, la gran cantidad de personas que son capturadas, procesadas e incluso condenadas, pero que al poco tiempo están de nuevo en las calles cometiendo fechorías.

En el pasado, desde Asocapitales, se había urgido al gobierno anterior una reforma al Código Penal con el fin de restringir las excarcelaciones de sindicados y condenados. Es más, varios mandatarios locales y seccionales se han quejado del efecto que ha tenido el decreto dictado el año pasado con el fin de disminuir la población carcelaria para evitar el riesgo de contagio y muerte por el covid-19.

Obviamente no faltan los expertos que consideran que los picos de seguridad urbana tienen relación directa con un bajo porcentaje de integrantes de la fuerza pública por cada 100 mil habitantes. De hecho, Bogotá, con más de 9 millones de personas, es una de las ciudades con más bajo indicador en la materia. Si bien en las redes sociales y en la misma opinión pública hay un fuerte debate por la incidencia delictiva de los migrantes venezolanos, lo cierto es que las estadísticas del Inpec respecto a la población carcelaria extranjera evidencian que es muy bajo el número de no nacionales que está tras las rejas.

Cómo se ve, es un fenómeno bastante complejo y no hay una única solución. De entrada, tal como se anunció la semana pasada en Bogotá, es necesario aumentar el pie de fuerza policial en muchas ciudades y municipios, e incluso contemplar la posibilidad del acompañamiento o asistencia militar cuando sea el caso de graves perturbaciones del orden público y la convivencia ciudadana. Pero hay que ir más a fondo. Se requiere estudiar una reforma penal para atacar fenómenos como el de la reincidencia criminal. De nada sirve que la policía y la fiscalía capturen y procesen a una gran cantidad de sospechosos si estos a los pocos días ya están de nuevo libres y violando la ley, en un eterno y peligroso ciclo de impunidad.

De igual manera es imperativo que se refuerce el componente tecnológico de las autoridades. Es decir, más cámaras de vigilancia, vehículos, motocicletas, vigilancia electrónica y, sobre todo, una mayor capacidad de inteligencia para desarticular las organizaciones criminales en todos sus eslabones. Y, ante todo, es urgente una coordinación mucho más efectiva entre gobernadores, alcaldes y Ejecutivo nacional para acabar con los cortocircuitos que se han evidenciado recientemente en torno a cómo combatir fenómenos como el vandalismo, el desborde violento de la protesta social, el hurto y hasta el aumento de homicidios.

Cómo se ve, devolver la tranquilidad a la ciudadanía es una tarea titánica que requiere una solución integral en la que deben alinearse medidas de tipo coyuntural y estructural. Lograr ese consenso es urgente, más aún si se tiene en cuenta el peligroso aumento de casos en dónde las víctimas de delitos o la ciudadanía de forma espontánea trata de tomar 'la ley en sus manos'.