* El campanazo del Banco de la República
* Modernizar medición del mercado laboral
En medio del optimismo por los pronósticos que coinciden en que la economía colombiana habría crecido el año pasado alrededor del 10% y de las proyecciones en torno a que en 2022 lo haría en cerca del 5%, rubros que confirman el alto ritmo de recuperación económica pese a la crisis pandémica, resulta claro que la inflación y el desempleo son los principales lastres en este flanco.
En cuanto a la primera, es evidente que el preocupante aumento en el costo de vida, sobre todo en lo referente a alimentos y víveres de primera necesidad, se deriva de un fenómeno de alcance global, en el que el incremento inusitado de la demanda mundial, así como la crisis en materia de transporte marítimo, tienen un peso superlativo. A nivel interno, las causas se refieren más a circunstancias como un incremento en el consumo de hogares, el efecto colateral del aumento salarial del 10% y la demora de algunos sectores en volver a sus normales promedios de producción.
Una realidad distinta es la del desempleo. Si bien el último reporte del DANE señaló que 2021 cerró con una tasa de desocupación del 11% y 2,7 millones personas sin trabajo, el promedio para todo el año fue de 13,7%. Se confirma así que no se ha podido superar el desfase entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y la generación o reactivación de plazas laborales. El panorama se torna más complicado por el alto número de mujeres y jóvenes sin trabajo así como el crecimiento sostenido del subempleo (más conocido como ‘rebusque’).
Pese a que una de las metas del saliente gobierno es que el desempleo vuelva a cifras de un solo dígito, esa posibilidad es cada día más lejana. De hecho, el propio Banco de la República advirtió la semana pasada que a finales de 2021 el mercado laboral mostró signos de una recuperación lenta y a un ritmo notablemente inferior que el de la actividad económica. Como consecuencia, no solo el número de ocupados se mantiene en cerca de un millón de empleos por debajo de los niveles de prepandemia, sino que este año la tasa de desocupación no sería inferior al 10% y, por el contrario, se ubicaría con un promedio de 13,7%.
Para enfrentar ese fenómeno hay dos flancos de acción. De un lado, el Gobierno no solo mantiene los subsidios a la nómina y los incentivos a las empresas para contratar a menores de 28 años, sino que impulsa distintas estrategias para seguir recuperando la economía real y que esta reactive o cree más plazas de trabajo en el corto plazo. Y, por otra parte, está en marcha una reforma a la medición cualitativa y cuantitativa de la realidad del mercado laboral.
Es innegable que la pandemia generó una reconfiguración de la oferta y demanda de empleo en Colombia, que va más allá del impulso al trabajo en casa y el teletrabajo. Lo más determinante es que se aceleró la funcionalidad de las herramientas digitales y tecnológicas en muchos rubros de productos, bienes y servicios, revolucionando en parte la tipología y exigencia de perfiles laborales, niveles de experticia y capacitación. Ese es un fenómeno que no se ha diagnosticado y medido en su justa dimensión.
En este campo, precisamente, el DANE anunció el viernes pasado una reforma a la “Gran Encuesta Integrada de Hogares”, base de la información sobre empleo y desempleo en el país. No solo se incluirá a San Andrés en el grupo de núcleos urbanos principales, sino que se evoluciona del concepto clásico de “Población Económicamente Activa” al de “Fuerza de trabajo”. En ese marco, no se hablará ahora de personas “inactivas” dentro del mercado laboral, sino de “población por fuera de la fuerza de trabajo”. Igual se harán variantes metodológicas que llevan a desaparecer el término “desocupado” para ser reemplazado por el de “no ocupado”. Asimismo, se indagará con más precisión sobre la categoría de “fuerza de trabajo potencial”, en referencia a quienes buscan empleo. Incluso se harán ajustes para tener una estadística más certera del trabajo juvenil así como de las personas en situación de discapacidad, diversidad de género o migrantes.
Todos estos cambios, derivados no solo de convenios con la Organización Internacional del Trabajo, sino de las recientes recomendaciones al Gobierno por parte de la Misión de Empleo, deben llevar a una medición más acertada, en las esferas estructural y coyuntural, del mercado laboral, acorde con la evolución demográfica y la distribución geoespacial de Colombia. Ello permitirá focalizar mejor las políticas de empleo. Eso es clave.
Lo importante, en todo caso, es entender que la lucha contra el desempleo tiene múltiples frentes y que mientras no se den pasos más audaces será muy complicado superar su lesivo impacto económico y social.