Casi sin darnos cuenta Colombia se convirtió en un país minero, que depende para sus ingresos en gran medida de lo que se extrae de la madre tierra. El petróleo y el gas producen los mayores ingresos al Estado, que recibe y administra una gran parte de esos multimillonarios recursos para mantener el tren burocrático y los proyectos de desarrollo y asistenciales. Esa cuantiosa riqueza mineral que se extrae de nuestro suelo no es renovable, numerosos pozos de relativa importancia se extinguieron en el pasado. En realidad los más productivos han sido los del Casanare, en los que se destacan Caño Limón, Cusiana - Cupiagua, de los que salieron enormes cantidades de crudo a precios bajos. En la misma zona geográfica de Casanare, por los lados de Puerto Gaitán, Pacific Rubiales Energy y Ecopetrol, explotan ricos pozos que más o menos corresponden al 50% de la producción nacional. Según datos de Ecopetrol en el país se explotan 150 pozos petroleros, la mayoría de los que se denominan residuales, que dejaron de ser explotados en el pasado y que con nueva tecnología se consigue que produzcan por un tiempo limitado más crudo. La meta de producir un millón de barriles diarios se cumplió. Las reservas petroleras de Colombia se estiman entre 45.000 y 50.000 millones de barriles, pero pueden ser mayores. La sísmica el año pasado disminuyó y está entrabada por el papeleo y las condiciones que se exigen para operar en las regiones. Fallos contradictorios en algunos tribunales pretenden que las comunidades indígenas deben ser consultadas antes de conceder las licencias. Por esa vía se pone en peligro el desarrollo, y más inconvenientes para la explotación minera. El país no cuenta con una verdadera política de hidrocarburos. Desde cuando en el gobierno de Laureano Gómez se funda Ecopetrol con la finalidad de explotar nuestra riqueza y proceder a darle valor agregado, ha pasado mucha agua bajo los puentes y las regalías no se han invertido con la sabiduría que demanda el progreso. Las regalías se reparten en las distintas regiones y no se aprovecha un plan nacional de desarrollo para concentrar una gran parte de esos billonarios recursos. El salomónico reparto entre los Departamentos, se supone que estará ligado a planes concretos de obras e inversión, supervigilados por el Gobierno. Se trata de una cifra que se calcula en más de 17 billones. La historia de contrataciones amañadas y desafortunadas no termina y los expertos tienen grandes dudas sobre la forma como se invertirá ese dinero, en especial en tiempos de elecciones.
El atraso en infraestructura es angustioso, y tiene que ver en buena parte con la violencia en las zonas irredentas de la periferia. Colombia no explota sino el 10 % de su territorio en lo que se refiere a minería y el historial de mala contratación del Estado es abrumador. Así como fallamos en el campo diplomático y pactamos tratados que nos dejan en desventaja, lo mismo que es común que se negocie la riqueza aurífera con desventaja leonina para nosotros. El historial con la Drummond es deplorable, el negocio que hizo Carbocol en esa época, como lo denunció El Nuevo Siglo, fue pésimo. La renovación del contrato minero con la Drummond es de la misma índole. Otro gol para los intereses de Colombia, los Departamentos del Cesar y Magdalena sufren la contaminación del medio ambiente y sus habitantes son víctimas pasivas de las enfermedades que deja el polvillo del carbón, que no se explota ni transporta con las precauciones debidas. La Drummond produce, según sus informes, más de 28.000 millones de toneladas de carbón y es la segunda del país. Las ventajas son todas para la empresa, que no paga impuestos de regalías según la explotación en la mina, sino por lo que embarca. Algo insólito e inexplicable. Factores presuntivos se tienen en cuenta para el pago de impuestos y los precios los calcula la propia compañía, según los vaivenes del mercado internacional. Sin que la extensión del contrato de La Loma hasta el 2019 invirtiera la situación. Los colombianos nos estamos volviendo perdedores en la negociación desigual. La Drummond saltó a las primeras planas de los diarios por el derrame de 2.957 toneladas de carbón en el mar, cerca de Santa Marta. La empresa no informó a las autoridades del accidente, y fue multada por el Ministerio de Ambiente. No es la primera vez que eso ocurre y la contaminación afecta toda la región, en constante degradación del medio ambiente. Esa misma empresa en un laudo arbitral en París, por unos líos con Ferrovias, demandó al Estado colombiano ante la Cámara de Comercio Internacional de París, el pleito lo perdió Colombia, que en diciembre del año pasado desembolso 60.000 millones a la Drummond.