Entre  los postulados doctrinarios que defendemos  como fundamentales para la convivencia pacífica de los pueblos en Hispanoamérica se destaca el respeto al principio consagrado por el Libertador Simón Bolívar del Uti possidetis juris, que  nos evitó caer  en pavorosas guerras. Esa doctrina respetada en nuestra región y cuyas bondades son incontrovertibles, la desconoció Nicaragua al acudir a demandarnos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y otro principio esencial en estos casos, que en el pasado citamos oportunamente en El Nuevo Siglo, es el que señala el expresidente Laureano Gómez: “La sombra siquiera de un compromiso internacional que obligue a Colombia a alterar o revisar sus límites por la decisión de un organismo internacional, así sea el más alto, respetable e imparcial, se debe rechazar en grado máximo porque ninguna Nación debe contraer compromisos que no le sea lícito o factible cumplir”. Siguiendo esos principios, en su momento, Alberto Abello, en El Nuevo Siglo, sostuvo que al Nicaragua desconocer el Tratado Esguerra-Bárcenas, Colombia debía ir a la Corte de La Haya a expresar su conformidad y por lo tanto decir que estaba de acuerdo, era nulo el Tratado;  en consecuencia al dejar éste de existir,  nos debían devolver nuestras costas, que habíamos regalado a cambio de nada o, en su defecto, no ir a La Haya. Tesis política que en su momento rechazaron varios internacionalistas de renombre y que tuvo alguna acogida en otros versados juristas. Lo cierto es que  Colombia acudió al Tribunal confiada en la imparcialidad de los jueces y la razón inconmovible de sus derechos y argumentos. Sobre eso no cabe la menor duda y esa ha sido una política de Estado respetable.

Mas es del caso recordar, que  uno de los fundamentos de la Corte Internacional de Justicia es el respeto por fronteras históricas de los países, anterior a su misma existencia. Existen fronteras milenarias que la Corte no puede entrar a discutir o modificar a menos que se pretenda descalabrar el orden internacional. La Corte se creó después de la II Guerra Mundial, por cuenta de la ONU para facilitar una salida negociada y jurídica a los problemas entre las naciones, evitar conflictos, la apelación a la fuerza por parte de los Estados y las atroces guerras. Se considera que uno de los grandes triunfos de la civilización ha sido la conformación de dicho Tribunal. Por supuesto, como todo organismo internacional su labor depende del respeto a las leyes, los tratados, las normas internacionales y la calidad de sus jueces. Se colige que Colombia aceptó la competencia del Tribunal de La Haya en la vieja disputa con Nicaragua, para honrar  la tradición de civilidad y respeto a las leyes, que siempre ha manifestado el país a lo largo de su historia, en la buena fe de los derechos históricos, los justos títulos, la posesión indiscutida,  y la voluntad inconmovible del país de defender a todo trance su unidad y soberanía. Por las mismas razones y en sentido inverso al ver cómo se cometen semejantes barbaridades contra el Derecho Internacional, el presidente Juan Manuel Santos determina la denuncia del Pacto de Bogotá, resolución patriótica en la que lo respaldan la gran mayoría de colombianos.

Lo que hoy se discute es; si un país debe considerar infalible un Tribunal que viola sus propios principios, que transgrede los términos de un fallo anterior suyo, que va más allá de sus atribuciones, incluso mas lejos de lo que reclamaba en su demanda  Nicaragua. Un Tribunal que desconoce los derechos de los colombianos que viven en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tribunal que en vez de defender las minorías deja en estado de precariedad económica a los isleños, al entregar los bancos de pesca a los de Nicaragua, lo mismo que la explotación económica de aguas que han sido por milenios de los isleños. La Corte de La Haya en vez de solucionar los problemas entre dos naciones crea nuevos motivos de discordia, incluso con Estados Unidos que tiene importantes acuerdos con Colombia para vigilar las zonas nuestras en el mar y Nicaragua, por donde pasa  el contrabando. No es la primera ves que esa Corte en sus fallos va mas lejos de su mandato. En cualquier caso corresponde a Colombia asumir la defensa del derecho dentro de su tradición jurídica. La Cancillería de San Carlos está en mora de reunir al cuerpo diplomático y explicarle la injusticia del trato ominoso que hemos recibido del Tribunal de Justicia, lo mismo que dar a conocer nuestra protesta en la OEA, la ONU y todas las instancias que corresponda. La defensa de nuestros derechos y soberanía no termina con un fallo injusto, de improviso, ahora comienza un nuevo camino que puede sentar un  precedente y doctrina en cuanto a la defensa de los principios y la unidad nacional.