- Acelerar ritmo de estrategia antidroga
- El gran factor geopolítico nacional
EL TEMA superlativo en la reunión entre los presidentes Donald Trump e Iván Duque, en el interregno de la sesión inaugural de las Naciones Unidas, tiene tanto de largo como de ancho.
Por un lado, se afianzó la alianza entre Estados Unidos y Colombia, luego de que Trump llegara a pensar en descertificar a nuestro país, en la lucha contra los cultivos ilícitos, al término del gobierno anterior. Poco faltó para que ello se hiciese realidad, dejando a la Nación colombiana otra vez expósita ante los ojos del mundo.
La cosa no era para menos. El país, como se sabe, tuvo un crecimiento inusitado de cultivos ilícitos, a causa del cambio de estrategia del presidente Juan Manuel Santos. A raíz de ello, es decir, de modificar la gran mayoría de los elementos propios del Plan Colombia y adecuarlos en dirección al proceso de paz, el país llegó a la cifra histórica y jamás vista de casi 210 mil hectáreas sembradas en hoja de coca. Una cifra muy superior a los cultivos colombianos de papa y fríjol y similar a la de la caña de azúcar. De esa dimensión es el problema con el agravante, por supuesto, de que todo en cuanto a la coca es abiertamente ilegal, incluida la siembra, pese a que algunos traten de hacer diferencias entre el término de cultivos ilícitos y cultivos de uso ilícito.
De tal modo, el mercado de clorhidrato de cocaína colombiana se ha llegado a calcular en 920 toneladas métricas, por parte de los Estados Unidos, y en 1.379 en el último informe de las Naciones Unidas. O sea, que la oferta ha llegado al apogeo, fruto del cambio de estrategia, cuando por el contrario la propia administración Santos había logrado una reducción a un promedio de solo 45 mil hectáreas, en los años 2012 y 2013. De haberse mantenido esa ruta, en vez del viraje intempestivo, muy posiblemente hoy el país podría haber reducido el fenómeno a montos totalmente manejables.
Frente a ello, el gobierno de Estados Unidos prefirió esperar al cambio de administración, en Colombia, y por eso en la reunión de ayer, en Nueva York, el presidente norteamericano felicitó al primer mandatario colombiano de manera efusiva y le dejó en claro, al mismo tiempo de los aplausos, que sería evaluado por su capacidad de luchar contra la droga, dejando entender, reiterativamente, que Colombia es una aliada sustancial, tanto en ello como contra la dictadura venezolana.
Hasta ahí todo muy bien y desde luego es plausible el afianzamiento de las relaciones colombo-americanas, en todos los aspectos, y sin que ello suponga una “re-narcotización” de la vieja alianza.
De otra parte, sin embargo, vale la pena también ser precisos. En efecto, es verdad que, en general, una producción de cultivos ilícitos como la colombiana representa unos 6 mil millones de dólares anuales, es decir, unos $18 billones. Descontando las incautaciones y la eliminación de laboratorios, el negocio, en todo caso, continúa siendo gigantesco.
Si la política pública consiste, como lo ha reiterado el presidente Duque, en recuperar el norte correcto y producir una reducción considerable de los cultivos ilícitos, se necesita, no solo voluntad política, sino recursos para ello. Efectivamente, la política pública puede acelerarse o entrabarse de acuerdo con la cantidad de financiación disponible y aplicación efectiva de la estrategia.
Diseñada la política y confirmada la alianza, no se entiende, no obstante, por qué no llegar al fondo del problema y plantearse un cronograma mucho más audaz, en dirección a reducir el tema a lo máximo que se pueda y no simplemente retrotraerse a las cifras que se habían logrado en 2012 y 2013. Colombia, por sí misma, debería fijarse una meta drástica hacia 2022. Si existe la voluntad política del presidente Duque, como es de todo el país conocido y que se reafirmará hoy en el discurso ante las Naciones Unidas, lo importante ahora está en lograr la máxima cantidad de recursos posible para acelerar la proscripción del fenómeno, tanto con su ataque directo como con desarrollo alternativo.
Seguimos creyendo que el país requiere, en esa dirección, un Plan Colombia repotenciado, a efectos de poder proclamar, en el 2022, a la Nación colombiana libre de cultivos ilícitos. Mientras el régimen de Nicolás Maduro consigue multibillonarios recursos, en China y Rusia, que trascienden con creces a los actuales del Plan Colombia, el gobierno nacional mantiene una financiación comparativamente exigua con su mejor aliado, Estados Unidos. Nos contentamos, pues con que no nos hubieran descertificado, pero se pudo y se puede llegar más lejos en las relaciones colombo-americanas, mucho más siendo el país un enclave geoestratégico fundamental en América meridional.