* La defenestración de Lugo
* Jugada maestra de Itamaraty
La crisis que llevó a la defenestración del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, venía de atrás por la división de sus seguidores en el Congreso, la radicalización de la oposición y el desprestigio creciente del gobernante acorralado por su controvertida gestión, como por las continuas denuncias de supuestos abusos sexuales en el pasado, en algunos casos con menores de edad, relaciones a las que le atribuían varios hijos, con las consiguientes demandas de paternidad.
El obispo católico renunció a su condición para volver al estado laico y asumir la Presidencia, mas como las denuncias sobre sus actividades sexuales se remontan a los tiempos en los que vistió la sotana, sus relaciones con la Iglesia Católica eran pésimas. Las diversas acusaciones de las que ha sido objeto Lugo, algunas reales y otras infundadas, junto con una penosa enfermedad que lo agobió, como a la debilidad de rodearse de aduladores incompetentes, minaron su desempeño. Se le acusaba de gastar más tiempo defendiéndose que en los quehaceres del Gobierno y de incumplir sus promesas electorales. Un sangriento episodio de represión oficial contra gentes del común que dejó varios muertos y heridos, se convirtió en el detonante que llevó al Congreso a destituirlo. Decisión político-constitucional que se hizo dentro de la normativa institucional vigente allí.
La Constitución de Paraguay de 1992 es contraria a la acumulación de poder del Jefe de Estado y adversa a todo intento de perpetuarse, para evitar que el país vuelva a caer en dictaduras. El artículo 225 de la misma establece el proceder del Legislativo para enjuiciar al “Presidente, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”. Y agrega que la “acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”. Como se ve la determinación de los representantes del pueblo atañe a lo político y la conciencia moral para determinar si el funcionario debe ser destituido e ir a juicio. Mientras que le corresponde a la Justicia investigar y juzgar los delitos en los que éste haya incurrido. Desde el punto de vista de la legalidad paraguaya el Congreso ejerció sus funciones según la Constitución. Así en otros países se proceda de otra manera y los juicios políticos sean más demorados.
La situación es tan clara y dentro del orden constitucional que al ser destituido, el exobispo y expresidente Fernando Lugo acepta públicamente la determinación del Congreso. Hasta que a las pocas horas reaccionan sus colegas de Unasur y Mercosur, en particular Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela, quienes instan a rechazar el juicio político del Congreso. Lugo, un tanto tímidamente, hace unas declaraciones en ese sentido sin conseguir apoyo popular, ni político, interno. En medio del escándalo y las presiones, con cierta dignidad rechaza la idea de convertirse en otro Zelaya, como el malogrado exgobernante de Honduras. En vista de la determinación del vicepresidente Federico Franco de asumir el Gobierno, a sabiendas de que el Congreso de Paraguay era adverso al ingreso de Venezuela al Mercosur, se incuba en Itamaraty, con eco en otras cancillerías, la jugada de sancionar a Paraguay de manera temporal. Lo que significa que su voto para impedir que pueda seguir vetando el ingreso de Venezuela al Mercosur se invalida. La jugada política es de efecto inmediato y Venezuela ingresa al Mercosur, al mismo tiempo que suspende el envío de petróleo a ese país.
La política internacional en el seno del Mercosur se mueve con suma habilidad, mientras que la OEA se mantuvo expectante, Estados Unidos no dijo nada y el resto de países se allanó a los hechos. En tanto Paraguay acusa al canciller Maduro de Venezuela de propiciar un golpe de Estado en su país y muestra un video en donde aparece reunido con los altos mandos militares paraguayos. Reunión en Asunción sobre la cual la cancillera María Ángela Holguín se apresura a reconocer que estuvo allí, pero que ella no supo nada de la conspiración. En tanto se mueve la geopolítica y el ingreso de Venezuela al Mercosur modifica sustancialmente las relaciones de poder.