* Constitucionalidad del fuero militar

** Gabinete de paz

La vox populi se refiere al reajustado gabinete del presidente Juan Manuel Santos, como el de la paz. Y el pueblo no se equivoca en esa percepción. Es evidente que el gobernante le da un fuerte giro a su gobierno de cara a reducir la acción de la subversión en nuestro ensangrentado país. No se trata de una claudicación, ni una capitulación como aducen unos, ni mucho menos de entregarles a cuentagotas el territorio nacional. Se trata de avanzar una vez más por el túnel de la negociación plagado de sorpresas. Las negociaciones pueden resultar exitosas o fracasar, lo que no quiere decir que por eso quede clausurada la posibilidad de intentar el dialogo. Es normal que en una negociación unos y otros se presenten con radicales puntos de vista, que se van matizando en el curso de las mismas. Y es comprensible que algunos políticos y expertos exijan el desarme de los alzados en armas o un alto el fuego para poder hablar, como que se tema por la beligerancia eventual que pueda significar esto para la contraparte del gobierno. Así como se preocupan que mientras se negocia con las Farc, las Fuerzas Armadas carezcan de Fuero Militar, pese a que el presidente Santos, deja claro que en una mano lleva el olivo de la paz y con la otra señala el cañón que simboliza la última ratio.

Es casi inevitable que en un país azotado por más de medio siglo de violencia, de degradación de la conciencia colectiva, de desafío constante de los violentos enriquecidos por los negocios ilícitos, en el que cada cierto tiempo los distintos gobiernos han proclamado la derrota de los enemigos del sistema, la opinión tienda a dividirse entre escépticos, menos escépticos, optimistas y delirantes por la paz. Por las declaraciones del Jefe de Estado deducimos que no pertenece a uno ni otro bando, está cumpliendo con el mandato constitucional de buscar la paz. La paz no es un bien que se compra ni se vende, ni es susceptible de consagrarla por decreto, ni con discursos más o menos elocuentes; la paz depende más de la cultura y el grado de civilización alcanzado por la sociedad, como de la alta política. Aspecto en el cual una porción de nuestra población y nuestros dirigentes parecen estar en el primer día de la creación. Y, desde luego, depende de la voluntad colectiva de defender las conquistas del derecho. El derecho, como dice el autor alemán, sin la defensa de los ciudadanos constante y valiente, perece. Nada sacamos con consagrar la paz en la Carta de 1991 como un valor social y una conquista de la inteligencia, si en la práctica damos el triste espectáculo de matarnos de manera inmisericorde en los campos y ciudades, en algunos raros casos por ideologías decimonónicas probadas y fracasadas en el mundo.

La clase dirigente colombiana está en deuda con la Nación en cuanto a la conquista de la paz. Es grato constatar que grandes sectores de la población conservan la capacidad de reflexión y los reflejos para anhelar la paz y no dejarse llevar por el odio visceral de eliminar al otro. La barbarie condena a los pueblos a la degradación y la violencia, el atraso y la miseria. Para superar esa condición es preciso fortalecer las Fuerzas Armadas y devolverles el Fuero Militar. La Carta de 1991 lo consagró para los militares colombianos que arriesgan sus vidas por mantener el orden, por la decisión inconstitucional de un ministro de Defensa y del Fiscal General, por un acuerdo administrativo se abolió el mandato constitucional y los militares pasaron a la justicia civil. Algo absurdo e impensable en un país con un conflicto armado. El caso jurídico se encuentra en el galimatías de las demandas, contrademandas e instancias judiciales a que tan aficionados somos los colombianos y que todo lo enrarecen y dilatan. Lo más sencillo y elemental sería que el actual ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, acordaran respetar la Constitución y acatar el mandato de respaldar el Fuero Militar, en la seguridad de que las Cortes avalarían la decisión y por sustracción de materia desaparecería el conflicto jurídico. Con esa armadura legal y el debido respeto a los derechos humanos las Fuerzas Armadas podrían cumplir mejor su misión, en momentos en los cuales la diplomacia busca establecer sutiles puntos de contacto con la subversión. Y sería más fácil que el gabinete de la paz, reforzado por un equipo de brillantes políticos y técnicos, pueda cumplir sus grandes objetivos de desarrollo y buen gobierno.