* Fracaso del Estado en toda la línea
* Los bandazos del actual Gobierno
Una vez más la situación de orden público en el Cauca se complica. En la última semana no solo se registró allí una masacre en la que fueron asesinadas cinco personas en Santander de Quilichao, sino que fue ultimado el alcalde de Guachené.
A ello deben sumarse otros hechos de violencia en distintos municipios en lo corrido de este mes. Por ejemplo, se presentaron homicidios en Toribío, Páez, Santander de Quilichao, Silvia, Piendamó, Caloto, Buenos Aires y otras localidades, tal y como el secuestro de un padre y su hija, entre otros delitos de alto impacto. Esta región, como si fuera poco, es una de las más peligrosas a nivel nacional para líderes sociales, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, así como para desmovilizados.
Como lo hemos advertido en estas páginas si hay un departamento que evidencia las falencias de la política de seguridad y orden público del gobierno Petro es, precisamente, Cauca. Allí confluyen distintos actores de violencia, empezando por el narcotráfico, la guerrilla del Eln, los grupos residuales de las Farc, bandas criminales de alto espectro e incluso carteles mexicanos y otras mafias alrededor de la minería ilícita o el contrabando.
A todo ello deben adicionarse las tensiones constantes entre organizaciones campesinas y los resguardos indígenas, así como el pleito recurrente por la invasión de tierras y las afectaciones graves a la agroindustria, especialmente por la toma hostil de predios de las empresas de caña de azúcar.
Evidentemente, toda esta problemática no nació con la actual administración. En las últimas décadas Cauca ha sido uno de los departamentos más complicados en materia de seguridad y orden público, tal y como en conflictividad social. El Estado, en su conjunto, ha fallado en contener los actores violentos y su continúa mutación en la que, sin embargo, hay un factor que se mantiene inamovible como principal combustible del conflicto, tanto de alta como de baja intensidad: el narcotráfico.
Cada uno de los gobiernos anteriores, en su momento, lanzó estrategias militares y sociales para recuperar el control institucional de Cauca, sin haber logrado un avance superlativo en esa dirección. El actual Ejecutivo también ha maniobrado en la región, pero sus resultados han sido muy regulares. La crisis en el estratégico corregimiento de El Plateado, en donde las disidencias atacaron a las tropas y luego presionaron a las comunidades para tratar de sacarlas del enclave del Cañón del Micay, es la prueba más reciente de los errores cometidos por el Gobierno y el Ministerio de Defensa, no solo desde el punto de vista militar, sino de la implementación de la accidentada política de “paz total”.
Tras la masacre y el asesinato del mencionado mandatario se produjo un alud de reclamos al alto Gobierno, exigiéndole que en lugar de seguir lamentando cada hecho de violencia y acudir a narrativas gaseosas sobre la necesidad de la movilización popular contra la delincuencia, se tomen decisiones de fondo para proteger de manera efectiva a la población civil y las autoridades locales. Hay que multiplicar la presencia de la Fuerza Pública y pasar a la ofensiva de alto calado.
Si el Ejecutivo dice tener sendos acuerdos de cese el fuego con el Eln y el llamado ‘Estado Mayor Central’ (disidencias de las Farc), dos de los principales actores violentos en el Cauca, no se entiende cómo es posible que las masacres, asesinatos y otros hostigamientos a la población no hayan reducido. Por el contrario, el índice de victimización de los habitantes crece de forma alarmante.
De hecho, en la masacre de Santander de Quilichao el propio Ministerio de Defensa señaló la posible autoría de las disidencias de las Farc, por ello, ¿dónde está el mecanismo de verificación que se creó para investigar posibles violaciones al cese el fuego?, ¿ya se dispuso alguna misión sobre el terreno para establecer quiénes pudieron perpetrar la matanza de indígenas?, ¿qué responde el grupo ilegal?, ¿cuáles son las hipótesis detrás de los móviles y autores materiales e intelectuales del homicidio del alcalde y los otros asesinatos de líderes sociales, campesinos, indígenas y desmovilizados…?
Son muchos los interrogantes que quedan sobre la mesa. El Cauca no puede convertirse en ‘tierra de nadie’. Hay un fracaso innegable de la estrategia para proteger a la población, flagelo que se ha profundizado en el último año. Urge ser claros: nada más peligroso para el Estado que las denuncias de muchos sectores en cuanto a que en esta zona la institucionalidad nacional, regional y local está en retroceso evidente y son los violentos los que se están imponiendo.