* Ojo al único salvavidas real para inversión social
* Advertencias sobre la política minero-energética
El diagnóstico que hiciera esta semana el contralor general de la República en torno al presupuesto e inversión de las regalías debe llevar a que se abra un debate de fondo sobre estos recursos billonarios que, en medio de la aguda crisis fiscal que arrastra el actual Gobierno, terminan siendo prácticamente el único salvavidas para la inversión social en departamentos y municipios.
Los campanazos dados por el jefe del ente de control fiscal exigen un análisis muy puntual. No hay que olvidar que el presupuesto bianual de las regalías que se está ejecutando para 2023-2024 es de 29,9 billones de pesos para inversión y casi 900 mil millones adicionales para gastos de administración.
Según el alto funcionario, para que este presupuesto tenga un uso más efectivo es imperativo reforzar los controles desde el punto de vista técnico y fiscal sobre los proyectos financiados con estos recursos. Esa cualificación de la vigilancia debe ser integral, es decir tanto desde la etapa de formulación de las iniciativas hasta su ejecución.
Para nadie es un secreto que, lamentablemente, pese a la cantidad de reformas aplicadas al Sistema Nacional de Regalías, continúan los casos de corrupción, ‘carteles de contratación’, desgreño administrativo y ‘elefantes blancos’ con dineros y proyectos financiados con las compensaciones derivadas de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
Este no es un tema menor, como se concluye de las cifras presentadas por la Contraloría en torno a que solo en el primer semestre de este año las auditorías realizadas a la asignación y ejecución de estos dineros arrojaron 199 hallazgos con incidencia fiscal por un monto superior a los 600.000 millones de pesos. Y eso en apenas seis meses.
Otro de los campanazos del contralor se refiere al impacto de las políticas gubernamentales minero-energéticas en el monto y generación de las regalías.
Como se sabe, desde que el actual Ejecutivo de izquierda indicó que la columna vertebral de su política de transición energética estaba enfocada en frenar la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo, gas y carbón, han estado sobre la mesa dos interrogantes principales: ¿Cómo se reemplazarán los ingresos billonarios que, por impuestos, divisas, regalías y otros conceptos recibe anualmente la Nación? ¿Tiene lógica insistir en esta política en momentos en que la economía sigue en descolgada y el hueco fiscal no para de crecer?
Aunque desde el Gobierno se ha querido vender la idea de que el turismo debería ser esa fuente sustituta, lo cierto es que basta con un cálculo fiscal y productivo simple para entender que esa pretensión no solo es utópica y populista, sino que marchitar el sector de los hidrocarburos está llevando, por ejemplo, a que hoy el país se esté enfrentando al riesgo de una escasez de gas natural para el próximo año, lo que seguramente obligará a un incremento de las importaciones y un encarecimiento de los precios que pagan millones de familias en el país. Esta semana también se reveló que la reducción de la exploración minero-energética ya cobró 27.000 empleos, en tanto que la caída en la inversión es sustancial.
Sobre el efecto de la política gubernamental, el contralor fue claro en advertir que la gestión minero-energética actual en el país está contando con que la transición energética es un hecho inminente y de mediano plazo. De allí que no se están firmando nuevos contratos de exploración, tampoco se permite la modalidad del fracking y no se tienen planes concretos de transformación para la industria petrolera y minera, de forma que estas actividades poco a poco cedan paso a las fuentes alternas de energía. A esta alerta hay que agregar que algunos estudios locales e internacionales advierten que muchos proyectos de esta última categoría están presentando graves retrasos en el país y su parque de generación todavía es muy bajo frente al consumo nacional.
Para el contralor es vital tener en cuenta que si la demanda de estos combustibles estuviera disminuyendo “estas iniciativas tendrían sentido, pero en la realidad son cuentas demasiado optimistas, pues los indicadores no muestran una desaceleración en los consumos de energéticos fósiles y, por lo tanto, se está arriesgando la seguridad energética que se tiene hoy frente a escenarios inciertos mañana”.
Como se ve, estas dos alertas tempranas que dio la Contraloría requieren un análisis muy profundo que derive, de una vez por todas, en medidas concretas, funcionales e incluso un ajuste a la política minero-energética. Los propios gobernadores y alcaldes señalan que, en medio de una estrechez fiscal a nivel regional y local, consecuencia directa del enfriamiento crítico de la economía nacional, los dineros de las regalías son el único salvavidas de inversión con que cuentan. Sin embargo, este recurso también apunta a enrutarse, en el corto y mediano plazo, a números rojos, siendo la población más pobre y vulnerable la principal afectada.