*Los 100 días de gobernadores y alcaldes

*La inseguridad, el tema más preocupante

 

Las jornadas de rendición de cuentas de los mandatarios departamentales y municipales, al cumplir sus primeros 100 días de gestión, han permitido sacar algunas conclusiones sobre las problemáticas regionales y locales de mayor impacto. 

 

De un lado no son pocos los gobernadores y alcaldes que se han quejado del estrecho margen de acción que han tenido para empezar a implementar sus respectivos programas de gobierno, debido a que sus antecesores les dejaron comprometida gran parte del presupuesto para este año. Por igual se advierte en varias de las rendiciones de cuentas que la figura de las vigencias presupuestales futuras se ha terminado por convertir en una práctica gubernativa de la que se abusa peligrosamente. No menos reiterada ha sido la denuncia sobre la gran cantidad de contratos de prestación de servicios que se firmaron entre noviembre y diciembre, una vez se levantó la restricción derivada de la Ley de Garantías Electorales.

 

Varios mandatarios indicaron que no solo se incurrió en un abierto clientelismo político de las administraciones salientes, sino que se generó un problema de orden jurídico mayor, pues terminar unilateralmente muchos de esos contratos, pese a ser abiertamente innecesarios o sus funciones cumplidas por personal de planta, puede dar lugar a demandas onerosas para el erario.

 

En segundo lugar se hace evidente que dos problemáticas urbanas muy reiteradas pero que antes tenían móviles y actores distintos, como la invasión al espacio público por parte de los ‘ejércitos’ de vendedores ambulantes y el crecimiento de las bandas criminales emergentes, ahora se entremezclan peligrosamente. En muchas ciudades capitales e intermedias así como municipios más pequeños, las llamadas ‘Bacrim’ se han apoderado de amplios sectores, en donde dominan a punta de violencia e intimidación cuadras, barrios y comunas, controlando desde actividades típicamente delincuenciales como la extorsión, el microtráfico, la prostitución, préstamos ‘gota a gota’, robo de celulares, hurto de automotores y otros, hasta actividades informales como las ventas ambulantes, el comercio del gas en cilindros, el mototaxismo y otras modalidades de transporte público… Estas mafias prácticamente se creen las dueñas de las calles y andenes, exigiendo el pago de ‘vacunas’ a todo vendedor ambulante, so pena de prohibirle ejercer su trabajo. Hay casos críticos como el de Medellín, en donde el Alcalde ha recibido amenazas de muerte por cuenta de los operativos que ordenó para combatir el accionar de las bandas criminales en algunos sectores del centro de la ciudad.

 

Otra de las conclusiones de los cortes de cuenta hechos por los nuevos gobernadores y alcaldes sobre lo hecho y diagnosticado en sus primeros 100 días de gestión tiene que ver con las dificultades que en muchos departamentos y municipios han tenido las asambleas y concejos para elegir a los personeros y contralores. Pese a las múltiples advertencias que se habían hecho desde el año pasado sobre la zona gris que existía en torno a los mecanismos de escogencia de los jefes de entes de control, no se actuó a tiempo y las consecuencias de esa imprevisión han sido verdaderamente desinstitucionalizadoras.

 

También se han escuchado muchas quejas en torno a que las fuentes de recursos de los departamentos y municipios son cada día más exiguas, por lo que urge una reingeniería en materia tributaria y de volumen de traslados presupuestales del Sistema General de Participación.

 

Otros temas de coyuntura también salieron a relucir en las rendiciones de cuentas, evidenciando la urgencia de resolver las problemáticas que les dan origen. Por ejemplo, no pocos mandatarios seccionales y locales conminaron al Gobierno nacional a definir de una vez por todas qué hacer con el flagelo del mototaxismo. Igual ocurrió con las polémicas alrededor de las fotomultas, los escándalos con los contratos de alimentación escolar, el paro de las madres comunitarias, los colados en el Sisben, la reforma al esquema de tributación de licores, mecanismos para agilizar la aprobación de proyectos y flujo de recursos de las regalías, la delimitación de los páramos, el impacto en la seguridad ciudadana de sentencias como la que prácticamente anuló el tope para la dosis personal de estupefacientes y una reforma judicial que impida que los delincuentes capturados en flagrancia prácticamente retornan a las calles en cuestión de horas…

 

Corresponde ahora a la Casa de Nariño y a los ministerios tomar nota del diagnóstico hecho por los gobiernos seccionales y locales, con el fin de responder a sus reclamos de acciones y medidas. Queda claro, que si bien el tema de la paz y el posconflicto es muy importante, en los departamentos y municipios hay otras urgencias tanto o más trascendentales.