Una de las mayores falencias en Colombia tiene que ver con la deficiente evaluación a largo plazo de las principales políticas públicas. Se invierten cuantiosas sumas del presupuesto oficial en programas, proyectos y estrategias, pero la evaluación de sus resultados tiende a ser muy coyuntural, sin la suficiente perspectiva sobre efectos macro y micro y, sobre todo, con una limitada capacidad para analizar si esas iniciativas deben seguirse implementando o es necesario apostar por otros enfoques.
Hay estudios de entes de control que sí apuestan por esa profundidad. Por ejemplo, la Contraloría General acaba de publicar las conclusiones de una investigación que debería abrir un debate de alto espectro en nuestro país: la inseguridad aumentó a pesar de haber invertido más de $ 220 billones entre 2018 y 2022 para combatirla.
Según el ente de control, el estudio, que aborda tres objetivos relacionados con la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, definida en el Plan Nacional de Desarrollo del cuatrienio Duque, analizó la congruencia y relevancia de los mecanismos establecidos para la formulación y aplicación de dicha política, así como su ejecución presupuestal y su impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana en Colombia.
Se encontró que el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, especialmente en el rubro de inversión, de casi el 40% entre 2018 y 2022, “no parece” haber generado una reducción significativa en las conductas delictivas, ni en el cumplimiento de los objetivos de la política durante el periodo analizado. Por lo tanto, se hizo necesario analizar en detalle el proceso de planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en el componente policial, con el fin de identificar posibles deficiencias que puedan estar obstaculizando la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos asignados. Además, se detectó que el comportamiento de los indicadores de seguridad varió significativamente durante la pandemia y el periodo posterior a ella.
¿Qué pasó? Esa es la respuesta que debe ahondarse. Resulta claro que, dado el pico criminal de los últimos quince meses en muchas regiones, en donde hay un reciclaje de la violencia y un aumento de los delitos de alto impacto, la opción de disminuir el presupuesto para recuperar la seguridad y el orden público no es viable. Por el contrario, lo que procede es analizar qué falló de la anterior estrategia y cuáles deben ser los correctivos para que se consiga una mayor eficacia y operatividad de la Fuerza Pública, que no solo justifique la billonaria inversión en seguridad, sino que, prioritariamente, disminuya la victimización de la población civil por la delincuencia común y organizada.