* 131 municipios declararon calamidad pública

* No hay excusa para gobernaciones y alcaldías

La inminencia del inicio de la segunda temporada invernal del año, que se proyecta muy drástica, tiene las alarmas prendidas en todo el país, al punto que no se descarta, incluso, acudir a un estado de emergencia económica para hacerle frente a sus imprevisibles consecuencias.

Los pronósticos sobre el aumento en el volumen de lluvias -en porcentajes superiores hasta el 30% de los promedios históricos- obligan al gobierno Nacional así como a las gobernaciones y alcaldías a precaver desde ya todo lo necesario para hacer frente a un cúmulo de contingencias por inundaciones, deslizamientos y afectación de infraestructura de distinta índole. A ello se suma la alerta por la temporada de huracanas en el mar Caribe, que ya en noviembre de 2020, con el duro azote de Iota a San Andrés y Providencia, evidenció el peligro que presenta para nuestra nación esta clase de fenómenos.

Es imperativo, entonces, que el personal humano, el componente logístico y la provisión presupuestal estén listos para un cierre de año muy complicado en materia de climática. El Ejecutivo ha recalcado por todos los medios que el país debe prepararse para un reto de altas exigencias en múltiples frentes. Incluso la Procuraduría señaló, semanas atrás, que no puede haber demora en los planes de atención y prevención de emergencias, más aún cuando toda esta situación ha sido tempranera y suficientemente advertida.

De hecho, el invierno ya está golpeando fuerte. Esta semana, por ejemplo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que hay 10 departamentos y 131 municipios que han declarado el estado de calamidad pública por afectaciones asociadas a las intensas lluvias. Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda y Valle del Cauca son los departamentos afectados.

Como se sabe, la declaratoria de calamidad permite a las respectivas autoridades implementar acciones inmediatas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante los daños y pérdidas de bienes, infraestructura, medios de subsistencia, prestación de servicios y otros.

Lo más grave es que aparte de esos 131 municipios, hay otro gran número que se encuentra en las zonas de alerta roja. Es decir, que las poblaciones en riesgo crítico podrían triplicarse en el corto tiempo.

La preocupación es mayor en la medida en que la persistencia del fenómeno climático de La Niña lleva a que los expertos recalquen que esta segunda temporada invernal del año puede ser más intensa que la primera, cuando se registraron casi 900 eventos en 418 municipios de 28 departamentos, que dejaron alrededor de 35 mil familias afectadas y más de 80 personas fallecidas. Como si fuera poco, 16 mil viviendas sufrieron daños, otras 400 se destruyeron, en tanto que más de 730 puntos viales, 72 puentes vehiculares, 37 puentes peatonales, 90 acueductos, 37 alcantarillados, 108 instituciones educativas y 7 centros de salud registraron afectaciones.

No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que en distintas tragedias por derrumbes e inundaciones, lamentablemente con alto saldo fatal, la situación de alto riesgo había sido advertida reiteradamente pero las autoridades no actuaron con la suficiente diligencia para proceder a la reubicación de la población en alto peligro. Esa es una responsabilidad primaria de los alcaldes, pero debe ser acompañada y respaldada por gobernadores, corporaciones autónomas regionales, ministerios y demás entidades. Es decir, un conjunto institucional sólido y actuante que permita convencer a las comunidades de desalojar estos sitios de alta pendiente o zonas bajas.

Como se ve, el país debe prepararse para una drástica temporada invernal. Los sistemas de atención y prevención de emergencias deben estar listos ya, así como los planes de contingencia en salud, asistencia a damnificados, sitios de reubicación, alternativas viales, opciones para no interrumpir el proceso educativo… El campanazo está dado y cualquier falla, por acción u omisión, podría estar traduciéndose en pérdidas de vidas y grave perjuicio para todo el país.