*Consejos de Seguridad efectivos
* Drásticas exigencias ciudadanas
La inseguridad rural y urbana en todo el país tiene prendidas las alertas y arrinconados a los colombianos. Urge pues que la coordinación entre el Gobierno nacional con las gobernaciones y alcaldías sea aún más estrecha, acudiendo para ello a una mayor participación de la Fuerza Pública y a una pedagogía preventiva para la ciudadanía, puesto que los homicidios, robos con violencia y otros delitos de alto impacto no disminuyen con la velocidad a que obligan los postulados constitucionales.
En ese sentido, es evidente que las secuelas de la pandemia han causado una profunda desazón social, pero al mismo tiempo también es claro que, aun a pesar de las ayudas estatales, las mejoras del empleo y la reactivación económica, la delincuencia quiere mantener sus propósitos protervos como una forma de lucro permanente. Prueba de ello es el boom del microtráfico o de delitos como el robo de celulares y los atracos en restaurantes, que ya no son actividades delincuenciales aisladas y, por el contrario, tienen múltiples eslabones y estructuras de funcionamiento. Frente a ese fenómeno es apenas lógico que el Ejecutivo deba priorizar la estrategia, toda vez que la situación es de suma preocupación, como se desprende de las encuestas y las alarmantes noticias cotidianas.
De hecho, para el caso, la Procuraduría General de la Nación dio en los últimos días un fuerte campanazo. Urgió a las entidades encargadas a que trabajen armónicamente para organizar y aumentar la eficiencia de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Llamó a las autoridades a que revisen y evalúen esas estrategias, actualizándolas a las realidades de cada jurisdicción. Para el Ministerio Público son “muy buenos” los puestos de mando unificado, las reuniones y los consejos de seguridad, pero estos deben seguir la línea de esos planes integrales y coordinar el esfuerzo institucional para dar los resultados que la ciudadanía exige.
En ese orden de ideas, el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISC) de cada departamento y municipio debe responder a un diagnóstico concreto y serio de las amenazas delincuenciales en cada jurisdicción, señalando de paso las responsabilidades y obligaciones de las distintas instituciones para hacerles frente. Todo ello sometido a un monitoreo permanente que señale los flancos en donde debe redoblarse el esfuerzo según los fenómenos criminales de mayor incidencia.
Una queja constante de gobernadores y alcaldes ha sido, precisamente, que tras cada hecho de violencia de alto impacto se llevan a cabo los consejos de seguridad y luego de ellos se activan medidas como el aumento del pie de fuerza o la creación de equipos de investigación multidisciplinarios. Sin embargo, esas acciones son en la mayoría de los casos temporales.
Pese a hechos tan dramáticos como los de la semana pasada, alusivos a un turista asesinado cuando acampaba en las estribaciones del cerro de Monserrate y un agente policial baleado cuando precisamente investigaba ese homicidio, o el caso del joven ciclista a quien le quitaron la vida frente a su hermano, en uno de los túneles de la ciclorruta de la Calle 26, cerca de la Avenida Boyacá, el plan de choque que se activó en la capital del país desde hace más de un mes, que incluye el acompañamiento militar en la vigilancia de los sectores con más índice delincuencial, está dando resultados. Por lo menos así se desprende del parte dado el viernes pasado por el Secretario Distrital de Seguridad y el Ministro de la Defensa. No obstante, la percepción que tienen los bogotanos sobre la seguridad en la capital exige mayor consolidación.
Precisamente una de las características de ese plan de choque, que también se está aplicando en determinados sectores de Barranquilla, Medellín y Cali, es que se trata de medidas permanentes, que además del aumento del pie de fuerza en las calles, van acompañadas de mayores esfuerzos en inteligencia así como en la focalización de recursos humanos y tecnológicos en los feudos de criminalidad más peligrosos. Esto permite que se pueda prevenir la ocurrencia del acto violento o asegurar un eficiente recaudo probatorio para que la captura y judicialización de los sindicados sea efectiva, permitiendo que los jueces puedan ordenar el encarcelamiento de los delincuentes y no que en pocos días estén de nuevo cometiendo fechorías en el espacio público.
Es imperativo, entonces, que desde las más altas esferas gubernamentales, en coordinación eficiente y monitoreada con gobernaciones y alcaldías, se proceda a esa revisión urgente de la estrategia de seguridad y orden público regional y local, porque la drástica exigencia de la ciudadanía es que frenar la criminalidad debe ser la prioridad.