* Rápido desgaste del gobierno de izquierda

* Proceso constituyente pierde apoyo popular

La popularidad y estabilidad de la Constituyente y del gobierno de izquierda en Chile, que resultaron victoriosos después de un dramático y muy violento proceso de revuelta social, envían demasiado pronto señales de alarma.

En octubre de 2019 estallaron masivas protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, con actos de destrucción y violencia sin antecedentes en el país: quema de iglesias y fábricas así como destrucción de poblaciones, infraestructura y valiosos bienes públicos, como el Metro de Santiago. Bajo esa presión el mandatario accedió a la convocatoria de una Convención Constitucional encargada de redactar una nueva carta magna que reemplace a la de Pinochet, vigente desde los años 80 del siglo pasado. Tanto en las elecciones para conformar ese organismo como en las presidenciales se impuso la izquierda.

Gabriel Boric, con apenas 36 años y el más joven presidente en la historia de Chile, se posesionó el pasado 11 de marzo, pero su debut en el poder no ha resultado un paraíso. En tan corto tiempo su popularidad pasó de más de 50% a un 40% en una encuesta de Cadem y a un 28% en otra de Pulso Ciudadano.

También cae en forma rápida y significativa el apoyo popular a la nueva constitución. El plazo de nueve meses, establecido en la convocatoria para la referida Convención, ya expiró y el próximo 25 de julio vencerá la única prórroga de tres meses. Para entonces debería estar listo el texto final que será sometido a referendo el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, según la encuesta de Cadem, hoy hay más chilenos (45%) a favor de rechazar la nueva Carta que de aprobarla (38%).

Una división de esa magnitud proyecta malas perspectivas frente a la posibilidad de que tanto la Constitución como el nuevo gobierno logren estabilizar el país, desarticular la marcada polarización de la sociedad entre izquierda y derecha y, sobre todo, apaciguar la creciente inconformidad de los chilenos.

El tránsito de las consignas de campaña, basadas en equidad, inclusión y justicia social, al ejercicio del gobierno no ha sido nada fácil para Boric. La protesta social sigue activa y se le urgen al mandatario resultados inmediatos. Sin embargo, tiene un gabinete integrado por jóvenes sin la experiencia necesaria para enderezar y estabilizar un país afectado por los efectos de la pandemia y la incertidumbre política, circunstancia que es acentuada por la exigencia de cambios radicales por parte de la ultraizquierda. Como el resto del mundo, la nación austral está amenazada por la cresta inflacionaria que llega a 9,4% en los últimos doce meses. Incluso, el Fondo Monetario Internacional ya ajustó la expectativa de crecimiento chileno a un escaso 1,5% para 2022 y 0,5% en 2023.    

En cuanto a la Convención Constitucional el rechazo va por cuenta de los enfrentamientos entre izquierda y derecha en torno a temas como las pretensiones de la primera de nacionalizar la minería, las carreteras o los servicios sanitarios, lo que cambiaría de manera importante los esquemas vigentes de propiedad y el marco jurídico de la inversión extranjera. También ha sido polémica la propuesta de eliminar el Senado y sustituirlo por un Consejo de Regiones.

El conflicto mayor está, por ahora, en el tema de las pensiones que paradójicamente es el que dio origen y combustible a las movilizaciones sociales contra Piñera. La izquierda busca sustituir el sistema privado de jubilación por una alternativa pública, lo cual desató la exigencia de los actuales ahorradores de recuperar el 100% de sus recursos recaudados por los fondos previsionales antes de que caigan en manos del Estado. Si bien el Congreso había aprobado retiros parciales en 2020 y 2021 -por efecto de la pandemia-, este nuevo escenario tendría consecuencias catastróficas para la economía.

La asamblea constitucional de 154 miembros trabaja en estos días el trascendental capítulo de los derechos sociales (salud, educación, vivienda y pensiones) que, por obvias razones, concentra el mayor interés de la población. Lo que resulte de esa tarea determinará, sin duda, la tendencia a la aceptación o al rechazo popular a la nueva constitución.

Boric también tiene su suerte comprometida en ese proceso porque las reformas fundamentales que planteó para su gobierno dependen, en buena parte, de la nueva Carta. Solo le sirve un triunfo amplio el 4 de septiembre que le dé fuerza y legitimidad a la misma y los cambios de fondo que prometió. Si, por el contrario, gana el No quedará vigente la constitución de Pinochet.

Es claro que la férrea resistencia de la derecha y el malestar popular son los principales obstáculos que enfrenta la izquierda gobernante. Ya no son suficientes las pugnas ideológicas, los desórdenes, ni la violencia que la llevaron al poder. Ahora tiene que enfrentar la difícil realidad política, social, económica e institucional. Debe saber gestionar y solucionar, algo que, hasta ahora, no le está resultando fácil.