No cesa la controversia en torno a cómo frenar la ofensiva terrorista de las disidencias de las Farc, también denominadas ‘Estado Mayor Central’ (EMC), en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.

En el debate de moción de censura que se registró esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes, la mayoría de los parlamentarios le insistieron al titular de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, que por más operativos que estaba realizando la Fuerza Pública en la zona, la escalada violenta no se detenía. Por el contrario, el número y la gravedad de los ataques a las instituciones y la población civil iban en aumento.

Son varias las alternativas que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas. De un lado, por ejemplo, hay dirigentes regionales que han solicitado que se acuda a un estado de excepción con el fin de permitir una mayor operatividad de las Fuerzas Militares y de Policía.

También se ha planteado la posibilidad de que el Ministerio de Defensa active varios batallones de alta montaña y redoble el pie de fuerza permanente en esos tres departamentos, incluso acudiendo a un llamado a personal de la reserva.

En la última semana una de las controversias más álgidas se dio en torno a si deben autorizarse los bombardeos a gran escala por parte de la Fuerza Aérea y la aviación del Ejército a los campamentos y desplazamientos de integrantes de las disidencias.

El alcalde de Cali, así como otras autoridades civiles del suroccidente del país, han señalado que esta clase de ataques permitiría golpear de manera contundente a las disidencias que, al amparo del cese el fuego que rigió hasta marzo pasado, se fortalecieron territorial y militarmente, ampliando o instalando campamentos en enclaves y corredores estratégicos de Valle, Cauca y Nariño.

De inmediato el Ministerio de Defensa replicó que los bombardeos están restringidos hasta que se tenga la certeza de que en los campamentos subversivos no hay presencia de menores de edad reclutados de manera forzosa.

En medio de ello, las gobernaciones, alcaldías, Defensoría del Pueblo y otras instancias humanitarias denuncian que el EMC ha reclutado a la fuerza en el último año a centenares de menores de edad, en su mayoría campesinos e indígenas, e incluso habría creado una ‘escuela de entrenamiento’ en la región para su adiestramiento.

Algunos exmandos militares terciaron en la controversia, señalando que los bombardeos son procedentes de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que si un menor está armado, uniformado y puede atacar a la Fuerza Pública desde un campamento, se le considera un blanco legítimo.

También se escucharon advertencias en torno a que la postura del Ministerio de Defensa termina creando una especie de ‘incentivo perverso’ para los grupos criminales, ya que estos disparan el reclutamiento de menores solo para utilizarlos como escudos e impedir los bombardeos, mientras que sus cuadrillas siguen asesinando a civiles, policías y militares.

Este es un debate muy complejo que hay que resolver.