·       Estado tiene que decidir sobre Uber 

·       No esperar a que suceda una tragedia

Se agota la cuenta regresiva de la ‘bomba de tiempo’ en que se ha  convertido la controversia que hay en torno al funcionamiento de las plataformas tecnológicas que a través de aplicaciones de telefonía móvil permiten a quienes demandan un servicio de transporte de pasajeros poder contactar a los conductores de vehículos privados que se ofrecen para cumplir ese requerimiento. Aunque todo el foco de la polémica está puesto sobre la multinacional Uber, lo cierto es que hay varias plataformas que están prestando la misma función en el país.

Si bien no se trata de una problemática nueva, sino que lleva en el orden del día hace más de un año, en las últimas semanas se han sumado hechos nuevos que hacen más compleja la situación y que amenazan con un desenlace imprevisible. De un lado, la oposición de las empresas de taxis y de los conductores y propietarios de estos vehículos de servicio público individual ha aumentado, no solo a través de las protestas a nivel nacional sino porque crecen las denuncias de persecuciones y agresiones contra los vehículos, conductores y hasta los pasajeros de Uber. De otra parte, ya quedó claro que la reglamentación sobre el servicio de “taxis de lujo” expedida por el Ministerio de Transporte no solucionó el vacío legal que hay en cuanto al funcionamiento de estas plataformas tecnológicas. En tercer lugar, las autoridades de tránsito en distintas ciudades han incrementado sus operativos contra los vehículos afiliados a Uber, incluso con la posibilidad de que también se pueda multar, eventualmente, hasta a los pasajeros. A ello se agrega que un proyecto de ley que venía cursando en el Congreso y que buscaba regular de manera directa y específica esta clase de servicios de transporte que se apoyan en aplicaciones tecnológicas se hundió al término de la legislatura. Adicionalmente, Uber decidió lanzar un nuevo servicio que permite que los vehículos particulares que se afilian a esa plataforma puedan realizar ‘carreras colectivas’, es decir que varios pasajeros que no se conocen entre sí pero tienen el mismo destino, pueden utilizar el mismo vehículo. Y, por último, sigue la guerra de versiones entre los taxistas y los voceros de empresas como Uber por temas como la calidad del servicio de unos y otras, la diferencia tarifaria, la libertad del usuario para elegir qué servicio demanda, la existencia o no de pólizas de cobertura en caso de accidentes, las comparaciones sobre niveles de tributación y bancarización, protección laboral y de seguridad social de los conductores…

Como si fuera poco, a toda esta problemática se suma ahora la discusión en torno a si es viable o no que el Gobierno, ya sea por decisión administrativa o cumpliendo una orden judicial, pueda bloquear una plataforma tecnológica que utiliza la red de Internet. Mientras algunos analistas y juristas advierten que no es posible esa clase de vetos por el principio de neutralidad de la red virtual, otros sostienen que les corresponde a los ministerios de Transporte o al de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones tal prerrogativa, como sucede con el cierre de páginas sobre pornografía infantil. Tampoco faltan los que consideran que, en realidad, esa clase de bloqueos sólo lo pueden hacer los operadores de telefonía celular y de otras tecnologías móviles a través de los cuales el usuario accede a la respectiva aplicación...

En fin, todo un berenjenal jurídico en el que parece imposible encontrar una salida, no solo legal sino lógica. Sin embargo, dado que esta problemática amenaza ya con convertirse en un lío de orden público en muchas ciudades grandes y pequeñas, es hora de que el Gobierno tome una decisión de fondo al respecto, sea cual sea. En muchos otros países Uber y otras plataformas de su mismo rango de servicio han sido legalizadas, reguladas o prohibidas. En Colombia hay un vacío normativo que debe ser corregido de inmediato antes de que de las persecuciones y agresiones en las calles entre los taxistas y los que prestan servicio con Uber pasen a mayores, es decir que las riñas terminen con alguna persona muerta o herida gravemente. Hay que tomar una determinación sobre el asunto y debe hacerse de manera urgente. Está claro que no hay una solución salomónica que deje completamente conformes a todas las partes, pero no es la función de la autoridad privilegiar esa clase de consensos o esperar a que se den, sino poner orden y hacer prevalecer sus mandatos, sean los que sean. No más dilaciones ni inacción estatal.