- Concentra 20% de la población nacional
- Urge concretar una estructuración formal
Los teóricos del desarrollo urbanístico moderno sostienen que los nodos poblacionales extendidos se han convertido en la nueva columna vertebral de la plusvalía socioeconómica, en la medida en que ya el potencial de dinamismo productivo y el impacto del mismo sobre la calidad de vida de los habitantes no se concibe bajo los límites territoriales de una ciudad o un municipio, sino que tiene que dimensionarse dentro de los conceptos de ciudad-región, que incluso van más allá de la figura político-administrativa de las llamadas áreas metropolitanas.
Para nadie es un secreto que la principal ciudad-región del país es la conformada por Bogotá y los municipios que están dentro de su área de influencia, no solamente por los que limitan geográficamente con la urbe. En ese orden de ideas, estaríamos hablando de una zona que abarca a la capital del país y las poblaciones de Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
Según los datos más recientes del Censo Poblacional 2018, sobre el cual la semana pasada el DANE reveló las últimas cifras ajustadas en cuanto a número de habitantes por cobertura y porcentajes de omisión nacional y departamental, en esta ciudad-región viven más de 9 millones de personas, sumando los 7.4 millones de la capital con los más de 1.7 millones de los 17 municipios referidos. De entrada esto significa el 20% de la población nacional, estimada en 48.2 millones.
En segundo término debe anotarse que dentro de los municipios que hacen parte de esta ciudad-región hay algunos que tienen más población que algunas capitales departamentales. Por ejemplo, Soacha aparece en el Censo con 660 mil habitantes, aunque allí hay quienes advierten que sumando la cantidad de población flotante bien se podrían acercar al millón.
Sin embargo, si solo se consideran los 660 mil habitantes reportados se evidencia que este municipio es más poblado que ciudades como Bucaramanga (581 mil personas), Villavicencio (531 mil), Ibagué (529 mil), Santa Marta (499 mil), Montería (490 mil), Valledupar (490 mil), Pereira (467 mil), Manizales (434 mil), Pasto (392 mil), Neiva (357 mil), Popayán (318 mil), Armenia (295 mil), Sincelejo (277 mil), Riohacha (188 mil), Tunja (172 mil), Florencia (168 mil) y Quibdó (129 mil).
Pero Soacha no es el único que pesa significativamente en esta ciudad-región, ya que hay otros municipios con alta población, muy parecida, por ejemplo, a la capital chocoana. Prueba de ello son Facatativá (139 mil), Chía (132 mil), Mosquera (130 mil), Zipaquirá (130 mil) y Madrid (112 mil).
En vista de todo ello es entendible por qué un estudio años atrás de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre esta ciudad-región señalaba que no solo era la más grande del país sino el sexto centro de población en América Latina, debido a su alta densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. De igual manera concentra el mayor mercado laboral del país; genera casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional y también ocupa el primer lugar en cuanto a nivel de tributación, competitividad, actividad empresarial e industrial así como de oferta e infraestructura de bienes y servicios en muchos ámbitos. Por igual su nivel de desarrollo urbanístico y empresarial es de los más altos de Latinoamérica en estos momentos, albergando además el aeropuerto El Dorado, primero en movimiento de carga en el subcontinente y tercero en cuanto a pasajeros…
Si bien es cierto que las últimas administraciones departamentales y distritales han insistido y formulado estrategias para concretar la ciudad-región, para nadie es un secreto que la estructuración jurídica y administrativa ha sido imposible, además de los reiterados desencuentros políticos entre alcaldes respecto a temas como la integración jurisdiccional, distribución tributaria, políticas socioeconómicas, prevalencias territoriales, sistemas de transporte, servicios públicos…
La última gran apuesta al respecto fue la entrada en vigencia en junio pasado de la Ley 1962 de 2019 que, con el propósito de fortalecer la descentralización y la autonomía territorial, autoriza a los departamentos y al Distrito Capital para asociarse y conformar Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Sin embargo, esta figura prevé más la alianza de la capital del país con Cundinamarca y otros departamentos, y no está concebida tanto para el tema de la ciudad-región, que parte de la base de la integración activa entre la urbe y los diecisiete municipios mencionados.
Tras las elecciones regionales y locales, que el próximo domingo señalarán a los nuevos mandatarios departamentales y municipales que asumirán el poder el 1 de enero, es imperativo que las administraciones entrantes de la capital del país y su área de influencia extendida comiencen a sentar las bases de una verdadera, estructurada y funcional ciudad-región. La necesidad es evidente: sin haberse estructurado formalmente esa integración ya la capital del país y los municipios circunvecinos conforman el principal nodo poblacional del país y de los primeros de Suramérica. Con un andamiaje político-administrativo estable el potencial aumentará sustancialmente. Ese es el camino.