*La destitución de Petro

*Ad portas de elección atípica

Con base en el principio de legalidad que le otorga el artículo 277 de la Constitución, numeral 6, el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez consideró que el Alcalde Mayor de Bogotá debía ser motivo de máxima sanción disciplinaria, con destitución e inhabilidad de ejercer cargos públicos por 15 años,  por los procedimientos usados en el cambio del esquema de recolección de basuras en la capital.

El alcalde Gustavo Petro acudirá en su defensa al recurso de reposición. Ayer proclamó en un extenso discurso ante una multitud en la Plaza de Bolívar que se convertía en el representante de los indignados colombianos, fijó los parámetros de resistencia civil y aseguró que, por su parte, llegaría hasta donde el pueblo se lo pidiera. Igualmente  concentró su intervención entre los partidarios y los enemigos de la paz e invocó sus luchas desde que fuera entregara las armas como guerrillero del M-19.

La noticia de la sanción ha conmocionado a los medios políticos de Colombia  y fue reseñada en el exterior. Cuando la nación está pendiente de las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia de la República, de manera sorpresiva nos avocamos a una jornada electoral atípica en la que habrá de escogerse a un nuevo alcalde para la capital de la República. Los tiempos son perentorios: en el caso que el Procurador se ratifique en su decisión, casi de inmediato se la comunicará al presidente de la República Juan Manuel Santos, quien procederá a nombrar un alcalde interino e informar a la Registraduría Nacional de la determinación, para que en dos meses, incluso en menor tiempo, se pueda efectuar con las debidas garantías la elección de un nuevo burgomaestre.  Lo que corresponde ahora es que todos los ciudadanos y las autoridades colaboremos para que prime la calma.

Los bogotanos hemos estado, hasta hace un tiempo, legítimamente orgullosos del progreso de la ciudad y las inversiones públicas y privadas de los últimos años para mejorar la calidad de vida de todos. Por esa razón entendemos que se debe garantizar la gobernabilidad de la ciudad. Con un presupuesto que supera los 14 billones de pesos es necesario el avance en la construcción del Metro, se recuperen las vías, los hospitales, se mejoren los servicios y se resuelva, de una vez por todas, el problema de las basuras.

La democracia colombiana es puesta a prueba para ir a una elección atípica de alcalde de la ciudad cuando está en juego el próximo Congreso y la Presidencia de la República. Han sido diversas la reacciones populares frente a la salida del alcalde; sus partidarios sostienen que se trata de un golpe de estado y sus adversarios políticos aplauden. En un sistema democrático como el nuestro los organismos de control actúan sometidos a la Constitución y la Ley. Es explicable que algunos quieran capitalizar políticamente la destitución del Alcalde y que otros salgan a las calles a defenderlo. Son acciones que deben transcurrir en calma y en ese marco las gentes pueden expresar su satisfacción o descontento. Más lo que importa es que la elección de alcalde de Bogotá no se convierta en una confrontación de populismos que perturbe la tranquilidad política y el proceso de paz que orienta el presidente Santos.

La democracia se construye todos los días y el imperio de la Ley es un compromiso que compete a todos los partidos políticos sin excepción. Lo primero que hay que pensar es en Bogotá, afectada en los últimos años por traumatismos sin cesar. Surtir lo más pronto posible los recursos de ley y las elecciones, si así procede, tal como reza el artículo 5 del Acto Legislativo No. 002 de 2002, reformatorio del artículo 323 de la Carta Política, es imperativo para una sociedad que necesita estabilidad y orden.