* Congreso debe aprobar ajuste a Código respectivo
* Se agota el tiempo para una reingeniería política
Cada vez que se hace un diagnóstico sobre las falencias del sistema electoral colombiano una de las principales conclusiones es que muchas de las prácticas de corrupción y vicios politiqueros devienen de la debilidad misma de la normatividad vigente, ya sea porque las leyes y reglamentaciones son muy obsoletas o porque las sanciones que se contemplan en las mismas a los partidos y candidatos que incurren en esas maniobras tramposas e ilícitas son irrisorias o simple y llanamente nunca se concretan.
Como se trata de un diagnóstico que lleva muchos años sobre el tapete, en repetidas ocasiones los gobiernos de turno y el Congreso han tratado de aplicar reformas de fondo para tratar de depurar de una vez por todas el sistema electoral y político. Lamentablemente la mayoría de esos intentos no ha progresado, ya sea porque las bancadas no tienen la suficiente voluntad para dar vía libre a los correctivos o porque en el transcurso de los debates los articulados son contaminados con parágrafos e incisos que buscan defender intereses particulares de determinadas colectividades, dirigentes o incluso candidatos en ciernes. Y cuando no ocurre nada de lo anterior, las leyes o actos legislativos de reforma aprobados en el Parlamento terminan siendo declarados inexequibles, de manera parcial o total, por la Corte Constitucional debido a recurrentes vicios de forma o fondo en el trámite de las iniciativas.
Desde los comicios de 2018 tanto el gobierno Duque como las bancadas se comprometieron a adelantar una reforma política y electoral a fondo. De hecho se crearon comisiones e instancias en esa dirección, con la participación de varios ministerios, los partidos, las autoridades electorales, altas cortes como el Consejo de Estado, la academia y otros sectores. En esa construcción de propuestas se fue más de un año, en tanto en el Senado y la Cámara se radicaron algunos proyectos de manera aislada, sin que ninguno de ellos progresara. La llegada de la pandemia al comienzo de este año trastocó la hoja de ruta que se tenía para impulsar varias reformas de fondo, entre ellas la política y electoral.
Visto lo anterior, se determinó entonces dividir en dos este propósito. Por un lado, presentar una modificación estrictamente al procedimiento y la mecánica del sistema electoral, es decir al Código como tal, y dejar que el ajuste al sistema político y el partidista se tramitara por aparte. Fue así como en el arranque de esta tercera legislatura la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y el Gobierno llevaron al Congreso la reforma típicamente reglamentaria. El objetivo es modernizar el sistema electoral aplicando para ello una depuración normativa del Código, profundizando la modernización tecnológica y creando herramientas eficaces para atacar flagelos como los de la trashumancia. Para ello se plantea implementar cuatro modalidades de voto, ampliar la jornada electoral, formalizar el transporte público gratuito el día de la elección, avanzar hacia la cédula de ciudadanía digital, crear el concepto de “domicilio electoral”, eliminar el periodo de inscripción de cédulas, excluir el criterio partidista para la designación de los jurados de votación, aumentar la cuota de género al 40% en listas de candidatos, instalación de nuevos puestos de votación e incluso el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, entre muchos otros aspectos.
El debate a la iniciativa, que tiene mensaje de urgencia y a la que incluso se le adicionó la posibilidad de eliminar la Ley de Garantías Electorales, ha sido muy complicado, como es apenas obvio tratándose de una norma que impactará la actividad proselitista cuando ya se está a menos de un año de que comiencen las campañas para los comicios parlamentarios y presidenciales de 2022. De hecho, en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara se ha dado un intenso debate en el que, por ejemplo, se radicaron más de 1.200 proposiciones. Si bien ya se aprobó un primer bloque de 102 artículos, ayer (al cierre de esta edición) continuaba el debate sobre los asuntos más candentes. Temas como la creación de Consejos Seccionales del Consejo Nacional Electoral se cayeron pero pasó el relativo a la profesionalización de los registradores territoriales. La discusión sobre la pertinencia de ampliar la planta burocrática y su costo presupuestal se tomaron largo tiempo de las discusiones.
Lo importante, en todo caso, es que este proyecto de reforma avance. El Código Electoral colombiano es anacrónico, incoherente e ineficaz. Grave error cometerían las bancadas al trabar esta iniciativa de depuración del sistema electoral. Está visto que la reforma política y partidista para aplicar en 2022 ya es muy difícil de impulsar y el tiempo se agota rápidamente, más aun tratándose de actos legislativos que requieren ocho debates. En ese orden de ideas, la adecuación procedimental electoral debe concretarse de manera urgente. De lo contrario, el país seguirá condenado a una democracia en la que el tramposo y el avivato tienen la ventaja.