Lo peor que les puede pasar a los movimientos de reivindicación social es que se dejen manipular por motivos políticos y electorales. Y más complicado aún si esas facciones civiles están en pleno proceso de negociación con las instituciones gubernamentales para concretar el cumplimiento de acuerdos como los logrados tras las protestas de sectores del agro en agosto pasado.

Si bien es cierto que todos los candidatos a las elecciones del próximo año, ya sea las parlamentarias o las presidenciales, están en todo su derecho de buscar votos y apoyos en donde consideren que pueden conseguir respaldos, también es claro que esa labor en modo alguno puede impactar el ritmo de las tratativas entre delegaciones de varios ministerios y entidades oficiales con los representantes de los comités campesinos.

Hay unos acuerdos que están firmados y cuya implementación debe cumplirse sin excusa alguna, no sólo porque fue el compromiso del Gobierno con los líderes de la protesta agrícola, sino porque muchos sectores políticos, sociales, económicos, institucionales y gremiales, en nivel nacional, regional y local, están pendientes de la forma en que estos pactos se aterricen en el día a día presupuestal, los proyectos a financiar, los cambios normativos a impulsar, las instancias de medición y evaluación de impactos, las ayudas que se darán a corto, mediano y largo plazos…

Pero todo lo anterior sólo será posible si en las distintas mesas de negociaciones o seguimiento al cumplimiento de lo pactado en agosto y septiembre pasados, no se cuela el bicho de la política electoral. Tener a candidatos o voceros de los mismos en las tratativas, sólo da lugar a que se mezclen asuntos que no tienen nada que ver: votos y pacto agrario. De allí que les corresponde a los propios comités de negociación de los campesinos blindarse ante esta clase de manipulaciones discursivas o desvíos en las discusiones técnicas y presupuestales. Dejar que el populismo o la estrategia de choque contra el Gobierno se tomen estos escenarios, con el único objetivo de conseguir votos es a todas luces contraproducente y aleja el fin principal de las negociaciones: superar la problemática rural.