La nueva reforma al Estatuto sectorial
Corrupción aprovecha cualquier vacío
Cada vez que se habla en Colombia de una nueva reforma al régimen de contratación pública, la primera pregunta que no pocos analistas ponen sobre el tapete hace referencia a por qué es necesario este ajuste normativo si en la anterior modificación al Estatuto respectivo se dijo que, por fin, quedaban claras las reglas del juego para hacer transparentes, eficientes y coherentes todos los procesos contractuales entre entidades públicas y los particulares.
Tras el anuncio de la semana pasada del Gobierno en torno a que cuando se reanude la legislatura ordinaria, a mediados de marzo, se radicará en el Congreso una nueva reforma al Estatuto de Contratación Pública, volvió a ponerse sobre la mesa el interrogante formulado. Después de las múltiples cirugías normativas a la vieja Ley 80 de 1993, sobre todo por las modificaciones contempladas en la Ley 1150 de 2007, se creía que con los casi 30 decretos reglamentarios, incluyendo el 734 de abril de 2012 y luego el 1510 de julio de 2013, ya todo lo que tenía que ver con el sistema de compras y contratación pública estaba no sólo unificado en un compendio normativo coherente y ágil, sino también blindado frente a los riesgos de desgreño administrativo y corrupción.
Sin embargo queda claro, no sólo ante la evidencia de los múltiples escándalos de contratación a nivel nacional, departamental y municipal de los últimos años, sino frente al anuncio gubernamental de la semana pasada que el blindaje al sistema todavía tiene falencias y vacíos. De acuerdo con el Gobierno este nuevo ajuste busca atacar primordialmente el problema de la corrupción que se concentra en las regiones.
En sendas entrevistas publicadas en nuestra edición dominical al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República y a la Directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública y Compra Eficiente del Estado queda claro que la reforma al Estatuto es más que urgente. El primero hizo una radiografía muy crítica de lo que está pasando. Tras advertir que “la clase política tradicional, aliada con empresarios corruptos, tiene capturada a la contratación pública en muchas regiones”, recalcó que unos y otros se apalancan en los vacíos de unas normas de contratación pública que tienen virtudes, pero también muchos defectos. Denunció, por ejemplo, que la precalificación de las ofertas en los procesos de contratación se ha convertido en la principal herramienta para direccionar contratos. Agregó que a través de requisitos habilitantes absurdos se descabeza a oferentes que tendrían toda la capacidad para ejecutar el contrato. Por igual llamó la atención sobre problemas como los contratos con “empresas fantasma”, cooperativas y fundaciones, así como su concentración en unas pocas empresas. También urgió una reforma penal bajo la conclusión de que menos de la mitad de las personas condenadas por corrupción van a la cárcel, ya que los restantes “disfrutan” de suspensión condicional de la pena, de prisión domiciliaria o de movilidad restringida con sistemas de seguimiento electrónico.
A su turno la segunda alta funcionaria advirtió que parte del problema con la contratación pública es la dispersión de la normativa, pues además de la Ley 80 y la Ley 1150, hay una cantidad de regulaciones adicionales sobre la materia. Llamó, por igual, la atención sobre la gran cantidad de excepciones en el régimen contractual y los choques entre normas del derecho público y privado.
Visto todo ello, es claro que la reforma al régimen de contratación se torna, de nuevo, urgente. Más aún porque las redes de corrupción siempre están a la caza de vacíos normativos para tratar de esquilmar al erario a través de esguinces en las licitaciones, yerros en los pliegos, anomalías en pólizas y acreditación de experiencia y músculo presupuestal, carteles de proponentes, interventorías cómplices, maniobras ilícitas en las concesiones, debilidades en el sistema de selección objetiva, la recurrencia a los lesivos “otrosí” en los contratos, pleitos interminables en los tribunales de arbitramento…
Pero esa reforma no es el único instrumento. Urge una mayor cobertura del programa “Colombia Compra Eficiente” y la aplicación a rajatabla de la nueva ley anti soborno para imponer sin demoras millonarias multas a las empresas y particulares que incurren en esta práctica ilícita. Por igual deberían limitarse los beneficios penales y penitenciarios a los sindicados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública. Y no menos importante, seguir trabajando en una veeduría ciudadana más eficiente a la contratación pública, mayor eficiencia de los entes de control y programas de cultura de la legalidad de mejor impacto en la sociedad.