Uno de los mayores problemas a la hora de impulsar las obras de infraestructura que urge el país para aumentar su competitividad, sobre todo ahora que el impacto de los Tratados de Libre Comercio (TLC) se está sintiendo con mayor rigor en la economía interna, es, sin duda, garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas.

De allí la importancia de lo anunciado la semana pasada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que introdujo cambios normativos con el fin de blindar lo máximo posible todo el programa de obras de la Cuarta Generación de Concesiones. Con los ajustes puestos en vigencia se busca facilitar la financiación de los proyectos, promover la participación privada y garantizar la continuación de procesos licitatorios competitivos.

El documento Conpes 3800 establece que el riesgo de cambios en la legislación tributaria, entendido como la imposición de nuevos tributos y la eliminación o variación de los existentes, exceptuando los cambios que se presenten en impuestos que graven la renta, será compartido entre la ANI y el concesionario. Adicionalmente, los valores a reconocer por parte de esta última entidad podrán ser cubiertos por el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

Igualmente, sobre los riesgos de fuerza mayor y con el objeto de limitarlo ante este tipo de situaciones no asegurables y para facilitar la financiación y desarrollo del proyecto, en aquellos casos en que por eventos eximentes de responsabilidad no sea posible para el concesionario terminar una unidad funcional, se buscarán mecanismos para determinar una compensación especial asociada al avance de la obra.

Uno de los aspectos más importantes es que las modificaciones adoptadas se dieron, según la ANI, en medio del proceso de preguntas y respuestas de aclaración de los pliegos con firmas constructoras, empresas precalificadas, bancos y aseguradoras y  los demás agentes involucrados en el programa de obras de la Cuarta Generación de Concesiones, sin duda el proyecto más importante construcción de infraestructura del país.

No hay que olvidar que ese programa es clave para que los índices de competitividad del país en materia comercial aumenten sustancialmente, pues sin adecuada capacidad instalada de red vial, aeroportuaria, férrea y fluvial es muy difícil poder igualar en precios y calidad a los productos importados o entrar en mercados internacionales.

Estos ajustes se unen a lo establecido por la Ley de Infraestructura, que entró en vigencia en diciembre pasado, y que, entre otros elementos, dispuso mecanismos para superar cuellos de botella en la construcción de obras viales, como lo son los problemas con la adquisición de predios, las demoras en la adjudicación de licencias ambientales, el pulso con los títulos mineros ya adjudicados y las dilaciones en  la construcción de las carreteras y puentes por conflictos con las empresas y redes de servicios públicos domiciliarios.