- Puesta a tono de la democracia local
- La necesidad de los mandatos claros
Cuando se trata de gobernar es indispensable conseguir la mayor cantidad de legitimidad política posible. En el mundo contemporáneo no basta, pues, con obtener victorias pírricas para emprender la ardua tarea de administrar alcaldías y gobernaciones, menos en Colombia. Por el contrario, entre más sea la votación obtenida por el candidato triunfante es probable adelantar los planes y programas a través de políticas públicas con verdadero asiento popular y un mandato claro que evite la obstaculización y el marasmo. Por ello suena bien la propuesta de instaurar la doble vuelta electoral, inicialmente en Bogotá, para estos eventos tan determinantes dentro de la democracia local y regional.
Para el caso de una ciudad como la capital del país, considerada una de las grandes conurbaciones latinoamericanas, una idea de este tipo es positiva. Llegar a gobernar el destino de millones de capitalinos, incidiendo igualmente en el grandísimo entorno metropolitano, demanda la máxima suma de respaldo político disponible, a fin de proceder de inmediato con las ingentes tareas que se necesitan para contestar ágilmente a los retos que se plantean de modo apremiante y directo. Esa es, precisamente, una de las características inexorables de la democracia municipal: un teatro donde el tiempo no da espera y la reacción tardía implica una pérdida inconmensurable de posibilidades para los ciudadanos. Esto sería igual de notorio en las capitales departamentales, donde la urbanización exige respuestas instantáneas.
En esa dirección no es buena, como ha ocurrido en lustros recientes, la elección de alcaldes capitalinos con un respaldo de apenas el 30 por ciento de los votantes. Ello hace que la administración padezca de una impotencia inicial que, asimismo, pasa factura a la hora de activar los factores gubernativos. De esta forma, con un 70 por ciento del registro de sufragantes en contra, o al menos sumido en el escepticismo, al gobierno recién elegido no le es fácil concentrarse en sacar avante sus propósitos. En efecto, muchos entran a pescar en río revuelto, con el objeto de posicionarse en el exiguo escenario político. Y la capacidad de maniobra administrativa se reduce al tamaño de los intereses no siempre acompasados con los inaplazables requerimientos citadinos.
En cambio, una alcaldía vigorosa, fresca, respaldada por un número notable de electores, abre el camino de la esperanza y el optimismo. Por lo demás, obtenida una sobresaliente coalición en la segunda vuelta, es fácil escoger a los más capacitados dentro de una amplia baraja para acceder a la administración pública. En ese orden, se da curso al nuevo gobierno dentro de una seguridad y un margen político razonables que permite avanzar decididamente en los designios de campaña mientras que es muy posible, en la misma medida, que en el Concejo Distrital se obtengan mayorías similares. Lo cual, ciertamente, promueve la sinergia indispensable para crear condiciones administrativas favorables.
De otra parte, no hay que desestimar que quizás una arista negativa de la cuestión sería el incremento en el costo de las campañas. Tal vez por ello no sería del todo aconsejable aceptar la propuesta con criterio universal, para todos los municipios. Pero aun así, establecidos los controles debidos, la idea resulta cautivante en la medida en que, por lo menos a nuestro juicio, incrementa, no solo la legitimidad política, sino que obliga a que las administraciones actúen de manera más expeditiva, menos traumática, y a que tengan a la vez una responsabilidad irreversible frente a una masa apreciable de electores. Todo colabora, además, en lograr de antemano el mayor escrutinio público en los debates televisados de la segunda vuelta, entre solo dos protagonistas, así como que la tarea proselitista se ha tenido que adelantar sobre insoslayables bases ideológicas y estructurales, en una visión sistemática del Estado y la democracia, incitando la participación de la opinión pública con base en el voto programático.
Al mismo tiempo, un alcalde de estas características, bien de Bogotá o incluso de cualquier ciudad colombiana preponderante, lograría una mejor interlocución con el gobierno nacional, específicamente más allá del movedizo sistema de las encuestas. La representación de la localidad, por el contrario, adquiere una fuerza determinante sobre la que no es diligente hacerse el de la vista gorda.
No es suficiente, sin embargo, con llevar a cabo la idea procedimental de la segunda vuelta. Es menester, de la misma manera, crear derecho público municipal en virtud, particularmente, de anticipar por ejemplo la discusión del Plan de Desarrollo, donde está el quid de una administración más pronta y eficaz. En principio, no obstante, instituir la segunda vuelta en las elecciones municipales y regionales, comenzando por Bogotá, es una idea que a no dudarlo estaba haciendo falta. ¡Bienvenida!